Universidad Obrera e IPN, alternativas contra la Universidad
Para presentar alternativas frente a la Universidad de México, el 8 de febrero de 1936 se inauguró la Universidad Obrera, cuyo principal promotor y primer rector fue Vicente Lombardo Toledano. Otra opción ocurrió en 1937, cuando el presidente Lázaro Cárdenas constituyó el Instituto Politécnico Nacional. El carácter nacional del que fue desprovista la Universidad fue adjudicado al instituto de reciente creación.
La apertura del IPN significó una ruptura con el modelo universitario impulsado desde mediados del siglo XIX, así como un ataque más a la Universidad. A diferencia de ésta, que nació dotada de una relativa independencia legal respecto del Estado y a lo largo de su vida conquistó la autonomía plena, el IPN fue concebido e instrumentado como un órgano perteneciente al gobierno. No se le concedió margen alguno para actuar de manera
independiente de la Federación ni se le fijaron mecanismos internos para la elección de sus autoridades y para la participación de estudiantes y maestros en la toma de decisiones.
Cárdenas rechazó la propuesta de Narciso Bassols de realizar la separación definitiva y formal entre el Estado y la Universidad. Meses después desoyó a Vicente Lombardo Toledano, quien en representación del sector obrero exigió mano dura hacia las universidades y solicitó que éstas fueran puestas bajo el control directo de la SEP. Lázaro Cárdenas ordenó que el gobierno volviera a otorgar recursos financieros a la Universidad.
La bandera de la Universidad ondea en Palacio Nacional
El 18 de marzo de 1938, el presidente Cárdenas dirigió a la nación un mensaje de 15 minutos de duración, donde anunció la expropiación petrolera.
Pidió a la nación el respaldo moral y material para llevar a cabo el acto de expropiación que podría representar un sacrifico económico para poder saldar el compromiso de indemnización (26 millones de pesos) y un eventual reajuste cambiario. A la opinión internacional dejó en claro que el deseo que tenía su gobierno era comercializar el petróleo mexicano con países de tendencia democrática.
Bajo el rectorado de Chico Goerne se inauguraron los institutos de Física y Matemáticas y la Facultad de Ciencias, que alterarían el perfil humanista de la Universidad y sentaron bases para el desarrollo de campos de conocimiento. Creó la Escuela Nacional de Economía. Las transmisiones de Radio Universidad ocurrieron durante su rectorado. Se creó también el entonces Laboratorio de Arte, antecedente del Instituto de Investigaciones Estéticas.
El 23 de marzo, de forma espontánea, se reunieron cien mil personas de todas las clases sociales en una enorme manifestación de respaldo a la expropiación petrolera. Ahí desfilaron miembros de la comunidad universitaria, encabezados por el rector Luis Chico Goerne, a quien el presidente Cárdenas lo invitó a subir al balcón presidencial, desde donde ondeó la bandera de la Universidad.
Meses después, en junio de 1938, Gustavo Baz Prada fue electo rector y restableció el orden, reorganizó las dependencias administrativas universitarias e integró al personal directivo y docente de las instituciones.
En 1939 hubo un nuevo intento de golpeteo al ponerse a discusión un proyecto de reglamento que consideraba el sometimiento de las universidades. Cárdenas actuó con cautela para que, una vez más, quedaran fuera de la reglamentación federal.
En 1940 asume la presidencia Manuel Ávila Camacho y designa a Baz Prada secretario de Salubridad y Asistencia. Durante 1940, el Consejo Universitario lo nombró Doctor Honoris Causa y en su lugar se designó rector provisional al secretario general Mario de la Cueva, para concluir el periodo hasta 1942.
Durante su gestión, De la Cueva acabó con el vicioso sistema de la indiscriminada condonación de colegiaturas, que mermaba los ingresos de la institución, cuyo subsidio era muy raquítico. Pese a la escasez de recursos, el nuevo rector intensificó las actividades de difusión de la cultura, sobre todo en el renglón editorial. Creó el Instituto de Derecho Comparado, cuyo primer director, Felipe Sánchez Román, formaba parte del grupo de profesores españoles que José Gaos bautizó con el nombre de «transterrados». Su incorporación sirvió para robustecer, en las facultades e institutos, las tareas de investigación y de docencia.
Renuncia de Brito Foucher; dos rectores al mismo tiempo
En 1942, Rodulfo Brito Foucher fue nombrado por el Consejo Universitario rector de la Universidad, estableciéndose una cordial relación entre la institución y el gobierno, cuyo equilibrio se rompe en 1944.
Ese año, en planteles de la Universidad (principalmente en la Escuela Nacional Preparatoria y en Veterinaria) hay inconformidad con la elección de sus directores. En un multitudinario Consejo Universitario, se reelige a 10 directores y se nombra a tres. Una ola de protestas en las escuelas encendió un conflicto que se agravó cuando un grupo de alumnos de Leyes asaltó Veterinaria con el resultado de un estudiante muerto. Ante este hecho, renuncia Brito Foucher, presentando un largo y apasionado documento ante el Consejo Universitario, publicado en periódicos, a página entera, el 28 de julio de 1944.
Lo que vino después llevó a la Universidad a una situación tan grave que llegó a tener, de hecho, dos rectores a un mismo tiempo.
El Consejo Universitario, al aceptar la renuncia de Brito Foucher, nombró, de acuerdo al estatuto, al secretario general doctor Samuel Ramírez Moreno ( del 27 de julio al 3 de agosto) como rector interino quien debía convocar al consejo el 31 de julio para que nombrara nuevo rector.
Al día siguiente, 28 de julio, un grupo encabezado por Manuel Gual Vidal, Octavio Medellín Ostos y Raúl Cervantes Ahumada constituyó un Directorio para salvar a la Universidad, que estaba acéfala, para lo cual tomaron la rectoría. El Directorio convocó para el 3 de agosto a maestros, estudiantes y empleados para designar representantes a un Consejo Universitario Constituyente que designaría a su vez al nuevo rector y reformar, de ser necesario, el estatuto vigente. En esa reunión se designó por unanimidad a Manuel Gual Vidal (del 3 de agosto al 7 de agosto de 1944) rector de la Universidad.
Paralelamente, el consejo en funciones nombró en reunión del 31 de julio como rector a José Aguilar Álvarez (del 3 de agosto al 7 de agosto de 1944). Participaban en este consejo siete
de los 15 directores, la mayoría de los consejeros profesores y alumnos y los presidentes de las sociedades de alumnos. Los dos grupos: “los legalistas eran vistos como herederos de un régimen de violencia y partidarios de Brito Foucher, y el otro como usurpador de la legalidad, sostienen como objetivos lograr una amplia democracia al interior de la Universidad”.
Ante la imposibilidad de llegar a acuerdos, el 7 de agosto de 1944 el presidente Ávila Camacho citó a Gual Vidal y Aguilar Álvarez para que le explicaran las razones del conflicto, proponiéndoles la desintegración de sus grupos y la designación de una junta de exrectores para resolver el problema, medida propuesta al presidente por Alfonso Caso, entonces director general de Educación Superior de la SEP, con el aval del secretario Torres Bodet.
Días antes, el secretario de Educación, Jaime Torres Bodet, había sugerido al presidente Ávila Camacho que el Estado permaneciera neutral ante el conflicto universitario. Le transmitía y con ello le proponía tomar las medidas que había acordado en una junta con Alfonso Caso y Eduardo García Máynez: que el presidente mediara en el conflicto y propusiera a los grupos contendientes un procedimiento universitario consistente en delegar la función arbitral en una «Junta de Avenimiento» integrada por las personas que hubiesen sido rectores durante la etapa de la autonomía universitaria con excepción del rector Brito Foucher por encontrarse vinculado directamente en el conflicto.
La junta de exrectores se integraría por García Téllez, Gómez Morín, Ocaranza, Baz, De la Cueva y Chico Goerne. La junta nombró como su secretario a Mario de la Cueva, y designó como rector a Alfonso Caso el 14 de agosto de 1944; además estableció las bases para la designación y atribuciones del rector, del CU y del Patronato. El 23 de octubre se instaló el Consejo Constituyente Universitario, en el Anfiteatro Bolívar.
La Universidad, por encima de diferencias ideológicas
En diciembre de 1944 la Universidad aprobó su nueva Ley Orgánica, después de grandes y profundos debates, con la ausencia final de los representantes estudiantiles que no la aceptaron. La ley, a diferencia de las anteriores, desvincula la parte política, la administrativa y la técnica, creando cuerpos separados para cada una de ellas. Para la política: la Junta de Gobierno, el rector, los directores; la técnica: el Consejo Universitario, los consejos técnicos de escuelas y facultades; y para la administrativa, el Patronato.
El Consejo Universitario perdió su capacidad de nombrar rector, directores de facultades, escuelas e institutos, funciones que se trasladaron a la Junta de Gobierno, la cual, después de una auscultación, nombra al rector y designa a los directores de una terna propuesta por el rector a consideración del Consejo Técnico de la entidad universitaria respectiva. El Consejo Universitario quedó reducido a funciones técnicas (académicas) y de discusión y aprobación de informes presupuestales y de organización, y al nombramiento de los miembros de la Junta de Gobierno a propuesta de la terna presentada por el rector. Éste es el jefe de la institución con derecho a vetar acuerdos del CU que no sean de carácter técnico, creándose una nueva institución: el Patronato, que es el responsable de administrar el patrimonio de
la Universidad.
El Constituyente Universitario había ido más allá de las atribuciones encomendadas, al tener elaborado el proyecto de una nueva Ley Orgánica de la Universidad, que unos días después se convertiría en ley, publicándose el 6 de enero de 1945 en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día 11.
Lo anterior dio pie para que en su Informe de Gobierno de 1945 Manuel Ávila Camacho expusiera: «Han pasado los días en que una polémica inconveniente se empeñó en distanciar a la Universidad de las autoridades. El Ejecutivo se congratula de ello…»
Lo anterior se explica fácilmente. Ni al Estado ni al grupo gobernante de la Universidad le convenía la ley de 1933 acusada de dar «inestabilidad a la institución». Dicha ley de 1933 no contribuiría a la «unidad nacional» avilacamachista y sí, en cambio, favorecería el distanciamiento entre la Universidad y el Estado, propio del cardenismo.
Conforme a la exposición de motivos de la nueva ley universitaria, de la misma forma que los intereses nacionales estarían sobre cualquier interés individual, los intereses universitarios, y por lo mismo de la cultura lo estarían sobre los intereses de cualquier grupo universitario. La Universidad estaría al servicio de la nación y de ahí que recuperó el carácter de «nacional» tan anhelado en los tiempos de Gómez Morín y Ocaranza. Sobre el reclamo que la Universidad hacía para ser nuevamente nacional, Ávila Camacho se expresaba así:
«En tal virtud, el sólo hecho de reclamarlo implica una voluntad de servicio patrio, sin distinción de sectas, de credos, de partidos o de facciones».
Junto con el recuperado carácter de «nacional», la Universidad, en la nueva ley, obtenía formalmente lo que tanto había solicitado Ocaranza: subsidio estatal amplio al mismo tiempo que vida universitaria «libre y al margen de cualquier dogma, credo o ideología», toda vez que la «unidad nacional» en boga sería trasladada a la Universidad como la «unidad de todos los universitarios» en una «comunidad de cultura» en la que sus miembros –profesores y alumnos– por encima de sus diferencias ideológicas no perseguirían fines antagónicos sino complementarios: enseñar y aprender.
Así también se liquidaría una vieja pugna al establecerse legalmente la secundaria de la Universidad que formaría parte de su bachillerato. Con la nueva ley la Universidad será considerada como una corporación pública bajo la forma de organismo descentralizado del Estado.