Congreso internacional en Jurídicas
Interés humano, fundamental en contratación pública
Transparencia y competencia justa y efectiva pueden contribuir a la gestión eficiente de recursos
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En un escenario multilateral de comercio internacional, los sistemas de contratación pública, cimentados en principios de transparencia y competencia justa y efectiva, pueden contribuir a la gestión eficiente de los recursos públicos, afirmó Enrique Meza Márquez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ).
Una sólida planificación, regulación y mecanismos eficientes de control en los sistemas de contratación pública, constituyen un campo crucial para alcanzar los objetivos prioritarios del Estado y para el desarrollo de buenas prácticas de gobernanza, añadió el experto.
Al participar en el Congreso Internacional Contratación Pública y Derechos Humanos, y en presencia del director del IIJ, Pedro Salazar Ugarte, explicó que la contratación pública es la compra por parte del sector público de los bienes y servicios que necesita para llevar a cabo sus funciones.
De acuerdo con cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2019), esa contratación constituye alrededor de 11.8 por ciento del producto interno bruto en los países miembros del organismo; también representó, en promedio, 29.1 de las compras totales de los gobiernos nacionales de 2016 a 2019. De esa cantidad, 55 por ciento de las adquisiciones son realizadas por autoridades subnacionales (municipales, regionales, provinciales o estatales).
Los países miembros destinaban en 2019 alrededor de 30 por ciento del total de su presupuesto a compras en salud; según una hoja de actualización del propio organismo de abril pasado, ese porcentaje se incrementó en el escenario de emergencia sanitaria, a alrededor de 68 por ciento. Después de ese sector, el destino porcentual más alto de los presupuestos estatales se destina a asuntos como educación o protección social.
En la primera mesa del congreso, Derechos humanos, Meza Márquez alertó que la estrecha interacción entre los funcionarios públicos y las empresas, así como la complejidad de los procesos de contratación pública, presentan uno de los mayores riesgos potenciales al que se encuentran expuestas las compras en este sector: la corrupción.
De acuerdo con la OCDE, 57 por ciento de los casos de soborno en el extranjero tuvieron como motivo la obtención de contratos de adquisición pública; en promedio, equivalieron a 10.9 por ciento de la transacción y a 34.5 por ciento de las ganancias. Además, 59 por ciento de los casos de soborno en el extranjero ocurrieron en sectores relacionados con contratos o licencias, principalmente, en los sectores extractivo, transporte y almacenamiento, e información y comunicación.
Jaime Rodríguez Arana Muñoz, de la Universidad La Coruña, España, recalcó que en un estado social y democrático de derecho, el ser humano es el principio y el fin del Estado, y todas las categorías, instituciones y conceptos del derecho público constitucional deben diseñarse desde esa perspectiva.
Vincular la contratación pública a los derechos humanos es un gran acierto, aseveró. En un estado social y democrático de derecho, los contratos tienen sentido en la medida en que contribuyen realmente a la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. Las obras públicas, la infraestructura, los servicios públicos que se prestan a través del concurso de los particulares con la administración, deben tener esa finalidad.
Reformas
En la inauguración del encuentro, el titular del IIJ, Pedro Salazar, recordó que en este año se conmemora el décimo aniversario de dos reformas muy importantes; una en materia de amparo, instrumento por excelencia para dar tutela jurídica a los derechos humanos, que son la segunda materia que fue reformada de una manera relevante hace una década. Por ello, “esta actividad enriquece de manera muy relevante la agenda institucional”.
Subrayó que en el congreso habrá invitados de prácticamente todas las latitudes, quienes serán ponentes en las reflexiones y mesas de trabajo que tendrán lugar a lo largo de cuatro jornadas a realizarse durante junio.
Miguel Alejandro López Olvera, coordinador de la reunión, informó que se contará con la intervención de 80 ponentes de diferentes naciones, quienes analizarán un tema actual y de la mayor relevancia, como lo es la contratación pública.
José Antonio Moreno Molina, de la Universidad Castilla La Mancha, España, luego de resaltar que la UNAM es una institución de preferencia educativa mundial e imprescindible en América Latina, señaló que este encuentro se organizó desde una perspectiva científico-académica y para integrar la máxima calidad posible en un ámbito fundamental de los derechos públicos y administrativos en el mundo: la contratación pública.
Este sector se ha convertido en un ámbito de referencia de todo el derecho, donde están en juego los grandes principios que van a marcar el presente y el futuro de los ordenamientos jurídicos, concluyó.