Aborto legal, una garantía a la seguridad y a la salud pública

Con o sin leyes a favor, entre 2015 y 2019 se practicaron en el mundo un promedio de 73.3 millones de abortos al año, y uno de cada tres se llevaron en condiciones riesgosas, señala la Organización Mundial de la Salud (OMS). En este contexto, miles de mujeres perdieron la vida con intervenciones caseras o llegaron de urgencia a los hospitales, donde tampoco encontraron la comprensión del personal sanitario.

Dentro del panorama mundial, México está rezagado en cuanto a la regulación de la interrupción del embarazo, pues sólo cuatro entidades del país establecen el aborto como una práctica legal durante las primeras 12 semanas de gestación sin importar las razones.

Sin embargo, recientemente, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debatieron sobre la inconstitucionalidad de la criminalización en los estados de Coahuila y Sinaloa: en uno de ellos, el aborto se penaliza con cárcel de uno a tres años, y el otro está blindado con una norma que protege la existencia de vida desde de la concepción.

La decisión unánime de la SCJN es histórica y contundente, pues reconoce la autonomía de las mujeres para decidir sobre la maternidad y, a la par, las protege de ser procesadas penalmente por los jueces en el ámbito nacional.

En este sentido, las mujeres que están en la cárcel por haber abortado deberán ser puestas en libertad de inmediato y aquellas que cumplan una pena similar en otros estados, podrán ampararse bajo este criterio.

Indiscutiblemente, la despenalización del aborto se ha convertido en un gran logro, pero el camino para implementar los cambios en los estados todavía es largo. Por fortuna, el movimiento feminista es muy activo y fuerte en todas las regiones del país.

En México

Durante la mesa Aborto Legal, la Despenalización y la Resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se hizo una cronología sobre la legalización del aborto en el país, que inició en 2007 en Ciudad de México (CdMx) y varios años después fue proseguido por Oaxaca (2019) así como por Hidalgo y Veracruz (2021).

Actualmente, hay ocho causales por las que el aborto es permitido en el país y la única que es legal en todo el territorio es cuando el embarazo es producto de una violación; el resto se aplica sólo en algunas entidades, pero se puede ejercer en caso de que esté en riesgo la vida y/o la salud de la mujer, si el feto presenta malformaciones graves, por inseminación artificial no consentida e incluso por causas económicas extremas.

La finalidad de la lucha por la despenalización y legalización del aborto –que se conmemora cada 28 de septiembre– busca visibilizar el derecho a que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo, pero al mismo tiempo tiene la finalidad de reducir el número de abortos clandestinos y la mortalidad.

Según datos de la OMS entre 4.7 y 13.2 por ciento de la mortalidad materna anual puede atribuirse a los abortos clandestinos; de hecho en países en desarrollo, como México, alrededor de 7 millones de mujeres son hospitalizadas a consecuencia de un aborto sin condiciones de seguridad.

En este sentido, Andrea Mariana Frías Ávila y David Martínez Dorantes, integrantes del área jurídica de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) señalaron que la actual decisión de la SCJN fortalece el ejercicio de la Constitución Política Mexicana principalmente en sus artículos 1º y 4º, ya que respeta la decisión de las mujeres y personas gestantes que decidan interrumpir un embarazo no deseado y asegura servicios de salud de calidad.

Finalmente, durante el evento realizado por la Unidad para la Igualdad de Género en la ENTS, la despenalización y legalización en todo el país permitiría prevenir casi todos los casos de muerte o discapacidad a consecuencia de un aborto, mediante una educación sexual, el acceso universal a metodología anticonceptiva y la garantía de que las mujeres y personas con capacidad gestante que así lo decidan, puedan interrumpir sus embarazos de forma segura, accesible y gratuita en instituciones de salud pública.