Adopta ONU resolución histórica para proteger la salud mental

Por primera vez en su historia, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó una resolución sobre protección a la salud mental, la cual fue presentada por Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante la ONU y exrector de la UNAM, que fue aprobada por unanimidad.

La resolución A/77/L.77, expuso De la Fuente durante su participación, está ligada a un asunto “en el cual México ha insistido en distintos foros: el ineludible tema de la salud mental y el apoyo psicosocial”.

“Reconocer la importancia de la salud mental es admitir la dignidad y el bienestar integral al que tenemos derecho todos sin excepción. Durante las negociaciones fue evidente que hay posiciones divergentes en cuanto a la manera de referirse o entender conceptos como el de la salud mental o las discapacidades psicosociales; no obstante, desde el principio también quedó claro que hay un consenso en cuanto a la trascendencia que revisten estos asuntos en la agenda de las Naciones Unidas”, destacó el embajador.

A lo que sumó: “hoy reiteramos nuestro compromiso con el respeto y la protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad y de todos los individuos, sin dejar a nadie atrás. Abordar el tema de la salud mental implica también desterrar fundamentalismos en la perspectiva médica de los derechos humanos; no son excluyentes entre sí, por el contrario, se debe mantener un sano equilibrio entre ambas para garantizar la salud mental y el bienestar integral de las personas. Hay que tomar en cuenta con el mismo rigor los avances de la medicina y los derechos humanos de todas los individuos”.

De la Fuente resaltó que no basta con la adopción de la resolución, pues se debe seguir avanzando “hasta que la salud mental sea parte de la cobertura sanitaria universal. Que no se quede sólo en asegurar el acceso a servicios de salud con perspectiva de derechos humanos y de género. Toca ahora poner mayor interés en los factores determinantes sociales, económicos y ambientales de la salud con un enfoque preventivo y de asistencia eficaces, los cuales tomen en cuenta las condiciones de vida de las personas”.

El proyecto fue desarrollado –con apoyo de Argentina, Canadá, Guinea Ecuatorial, Israel, Japón, Marruecos y Zambia– buscando que los países miembros de la ONU reconozcan “que la buena salud mental y el bienestar no pueden estar definidos por la ausencia de problemas de este tipo, sino por un entorno que permita a las personas vivir una vida en la que se respete su dignidad inherente y disfrutar plenamente de sus derechos humanos, así como tratar de desarrollar su potencial en igualdad de condiciones con los demás; que también valore los vínculos sociales y el respeto mediante relaciones no violentas y saludables, y aceptar que las leyes, políticas, prácticas y actitudes discriminatorias son perjudiciales para el bienestar y la inclusión”, como se lee en la propuesta.

El texto invita a reafirmar “el derecho de todo ser humano, sin distinción de ningún tipo, al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y reconociendo que la salud es un requisito previo, además de un resultado y un indicador, de las dimensiones social, económica y ambiental del desarrollo sostenible”.