Tribunal de Disciplina Judicial

Uno de los temas con mayor visibilidad en la iniciativa de reforma al Poder Judicial consiste en la creación del denominado Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), asunto sobre el cual especialistas de la Universidad Nacional comentaron sobre su viabilidad, operación y atribuciones, toda vez que investigaría o sancionaría los actos contrarios a la ley cometidos por ministros, magistrados o jueces.

“La propuesta implica una reforma de gran calado que busca introducirse en la disciplina judicial con decisiones hechas por grupos de interés”, afirmó Edgar Corzo Sosa, profesor de la Facultad de Derecho (FD).

Durante su participación en la Mesa Tres de los Foros Reforma Constitucional en Materia de Justicia, dedicada al tema Tribunal de Disciplina Judicial, la universitaria aseguró: “La iniciativa cuestiona lo hecho hasta el momento respecto al comportamiento de 5,000 jueces y busca implementar otro modelo” el cual afecta la independencia del Poder Judicial. “Estoy de acuerdo en la intolerancia a la corrupción y al tráfico de influencias, pero en esta propuesta están metidos los tres poderes para analizar a uno. El Ejecutivo y el Legislativo participan en un asunto del Judicial, y se necesita un equilibrio”.

Profesionalismo, ¿en segundo plano?

En el segundo día de trabajos del evento, organizado por la UNAM mediante la Oficina de la Abogacía General, en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, Carla Huerta Ochoa, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), externó que la iniciativa no preserva la independencia del Poder Judicial y el modelo de disciplina que propone implica obediencia.

Consideró que quienes estarían en el Tribunal no serían responsables ante el electorado, su designación dejaría en segundo plano el profesionalismo, eficiencia y ética de los jueces, además de que no contarían con facultades normativas y afectaría a la cultura jurídica.

Cristian Miguel Acosta García, profesor de la FES Acatlán, recomendó un estudio de derecho comparado para analizar la iniciativa del TDJ que tendría entre sus facultades realizar investigaciones, presentar denuncias penales y solicitar juicio de procedencia contra ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Podría sancionar tráfico de influencias, hechos de corrupción, complicidad y/o encubrimiento de delincuentes, nepotismo y prácticas de jueces que no se ajusten a principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia.

De acuerdo con el profesor de la FES Aragón, Miguel Mejía Sánchez, la propuesta de creación pretende acabar con la corrupción, con un sistema condenatorio del Poder Judicial, así como sancionar a quienes no cumplen con honestidad y eficiencia. “El inconveniente es que la elección popular de los jueces vulnera la capacidad técnica y la independencia del Poder Judicial”.

Víctor Hugo Rodríguez Montiel, también profesor de dicha entidad académica, estimó que la propuesta implica un cambio de paradigma ante el cual sugirió hacer un análisis crítico y constructivo para lograr la transformación. “Esta reforma está encaminada a la persecución política y vulnera el derecho a una justicia expedita”.

Problema público

Ampliar la participación social en el escrutinio del ejercicio de los juzgadores, además de mitigar las posibilidades de colisiones entre órganos, y favorecer la profesionalización, son algunas de las propuestas vertidas por Camilo Saavedra Herrera, investigador del IIJ.

La disciplina judicial, subrayó, es un problema público, sólo en el 2022 el Poder Judicial de la Federación recibió 5,420 denuncias derivadas del incumplimiento de las obligaciones de funciones. Empero aprobar el TDJ lo convertiría en “un tribunal de tribunales, además de que se privilegiaría la politización y se permitiría una concentración excesiva de atribuciones. En el ámbito nacional hay 5,000 jueces con más de 2 millones de asuntos”, por lo que el acceso a la justicia “es el principal reto que debe atacarse”.

En la mesa moderada por Brenda Castillo Muñoz, de la FES Aragón, Karolina Monika Gilas, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, expuso: Las democracias no eligen a sus jueces, ni una en el mundo. “Estados Unidos lo hace en el ámbito estatal, y el único caso federal es Bolivia, por lo que la designación por voto popular no garantiza la mejor impartición de justicia”.

“Lo que ocurrirá es que los jueces desviarán sus ‘lealtades’ hacia lo que creen que será popular, los recursos serán más importantes que el conocimiento especializado”.

Por su parte, Sergio Ricardo Márquez Rábago, profesor de la FD, apuntó que la función de juzgar es milenaria y relevante, porque los derechos de los ciudadanos deben ser reivindicados y de no hacerlo podemos estar en presencia de un Estado fallido. “La idea del Tribunal no es novedosa, la procedencia y la materia no es nada clara, pareciera una nueva instancia de control, un tribunal de tribunales”.

Arturo Baca Contreras, docente de la FES Acatlán, dijo que el TDJ podría investigar a los jueces por el sentido de sus sentencias, lo que choca con los estándares internacionales, los castigarían por sus decisiones, no por su comportamiento. “No debe velarse por el interés público, sino por los derechos de la Constitución y los tratados internacionales”.