Debe garantizarse el derecho a la reinserción social de las mujeres

Resulta necesario fortalecer la investigación académica y promover políticas públicas más efectivas que permitan garantizar el derecho a la reinserción social de las mujeres que salen de prisión y que enfrentan graves condiciones de desigualdad y discriminación, afirmó el secretario general del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Mauricio Padrón Innamorato.

Durante la inauguración del Foro Derecho al porvenir, mujeres excarceladas del sistema penitenciario, el funcionario universitario consideró que, como parte de la lucha por la reivindicación de los derechos y la igualdad de género es necesario poner en el centro de la discusión el tema de la integración a la sociedad de las mujeres que son privadas de su libertad, después de cumplir su sentencia.

Subrayó que las que salen de la cárcel tienen que integrarse a una sociedad que mantiene condiciones de desigualdad, inequidad y pobreza mucho más complejas y difíciles, en comparación con los hombres.

Se tienen que incorporar a un mundo en el que las tasas de participación laboral son mucho menores para las mujeres, quienes además dedican tres veces más tiempo al trabajo de cuidado no remunerado en comparación con los hombres.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández, resaltó que cuando se habla de derecho al porvenir también se debe pensar en el derecho a la reinserción, el cual se debe considerar no sólo hasta que las mujeres salen de prisión, sino desde que están adentro de la cárcel, bajo la lógica de los derechos humanos.

Indicó que se debe tener en cuenta que muchas están purgando penas por delitos que no requerirían exactamente el encarcelamiento, sino más bien opciones de trabajo comunitario que les permitiera continuar con el papel de las mujeres en la vida familiar y comunitaria.

Dijo que al cierre del 2022 había más de 226,000 personas privadas de la libertad en centros penitenciarios tanto federales como estatales y de ese total, 12,153 personas, es decir, el 5.6 % eran mujeres.

“Hay circunstancias específicas que impactan de manera diferenciada a las mujeres y que tienen como efecto perpetuar la violencia institucional en su perjuicio”, sostuvo el experto.

Agregó que esta situación influye no sólo en las condiciones bajo las cuales las mujeres viven en los centros penitenciarios, sino también en la forma en que se desarrollan y acceden a la justicia y en su posibilidad para la reinserción social y en el derecho de la reunificación familiar, entre otros factores.

Un ejemplo de lo anterior enfatizó, es que, en 2022, casi la mitad de las mujeres privadas de la libertad no contaban con sentencia mientras que el 30 % de ellas, tuvo que esperar dos años o más para recibirla. En el caso de los hombres dichas proporciones descendían al 30 % y al 27 %, respectivamente, es decir, ellas aun cuando representan un menor porcentaje de la población privada de la libertad son quienes se enfrentan con mayor frecuencia a instituciones anquilosadas que perpetúan sistemas de discriminación y violencia en su contra.

Tarea colectiva

La secretaria de proyectos estratégicos del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM e integrante del Proyecto Mujeres en Espiral, Patricia Piñones Vázquez, apuntó que es fundamental identificar y dialogar sobre las fallas, las contradicciones y los retos que enfrenta el sistema de justicia penal en materia de reinserción social de las mujeres privadas de la libertad, en una tarea colectiva de la academia, las organizaciones civiles y las instituciones gubernamentales.

“El uso de la voz de las mujeres dentro y fuera de la prisión se ha convertido en la principal herramienta de trabajo, crítica, política y pedagógica, para visibilizar sus diferentes problemáticas a través de la escritura, de la lectura colectiva, de la performatividad corporal, de la toma de muros y de los relatos documentales.”

En su momento, el secretario general de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, Efraín Reyes Romero, destacó la labor de los trabajadores sociales dentro del sistema penitenciario, en donde hay una revisión permanente de la vida familiar, comunitaria y social de las personas privadas de la libertad.

“Vemos con interés, las acciones colectivas para deshacer la cárcel y proponer opciones al encierro impulsadas desde otras disciplinas y promovidas por la sociedad civil, poniendo en el centro de la reflexión temas como las prácticas restaurativas con enfoque de género.”

En la ceremonia inaugural del Foro también participaron, la jefa de Vinculación de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM, Karla Vázquez, y la secretaria técnica de la Dirección General de la Política Nacional de Igualdad y Derecho de las Mujeres del Instituto Nacional de las Mujeres, Mayra Nayeli Lazcano.