Defender la autonomía, responsabilidad ineludible

Las universidades deben ejercer con autonomía su papel crítico y propositivo frente a la sociedad, sin que haya límites impuestos por los gobiernos en turno, creencias religiosas, el mercado o intereses particulares, expusieron rectores de América Latina en la declaración de la Tercera Conferencia Regional de Educación Superior (CRES) para América Latina y el Caribe, celebrada en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.

Organizada por Unesco-IESALC, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación de la República Argentina, la CRES 2018 es una de las reuniones preparatorias para la Conferencia Mundial de Educación Superior que se efectuará en París en 2019 y marca el centenario de la reforma universitaria de 1918 (UNC), en defensa de la autonomía y democratización de la universidad pública.

En el encuentro se debatió el escenario actual de la educación superior en América Latina y el Caribe, y las estrategias para los próximos 10 años con miras a lograr los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

Su papel en la democracia

La declaratoria enfatiza que la defensa de la autonomía es una responsabilidad ineludible y de actualidad en América Latina y, al mismo tiempo, es una salvaguarda del compromiso social de las universidades.

Los participantes en la CRES destacaron que las instituciones de educación superior (IES) están llamadas a desempeñar un papel preponderante en la promoción y fortalecimiento de las democracias latinoamericanas, rechazando las dictaduras y atropellos a las libertades públicas, los derechos humanos y a toda forma de autoritarismo en la región.

“Los vertiginosos cambios que se producen en la región y en el mundo en crisis nos convocan a luchar por un cambio radical, por una sociedad más justa, democrática, igualitaria y sustentable”, se lee.

La conferencia refrendó los acuerdos alcanzados en las Declaraciones de la Reunión de La Habana (Cuba) de 1996, la Conferencia Mundial de Educación Superior de París (Francia) de 1998, así como de la Conferencia Regional de Educación Superior, celebrada en Cartagena de Indias (Colombia), en 2008.

Además, se reafirma el postulado de la educación superior como un bien público social, un derecho humano y universal, y un deber de los estados.

Los vertiginosos cambios que se producen en la región y en el mundo en crisis nos convocan a luchar por una  transformación radical, por una sociedad más justa, democrática, igualitaria y sustentable

Bien esencial

Los participantes en la conferencia añadieron que el acceso, uso y democratización del conocimiento es un bien social, colectivo y esencial para garantizar los derechos humanos básicos e imprescindibles de la región, mediante la construcción de una ciudadanía plena, la emancipación social y la integración regional solidaria latinoamericana y caribeña.

La educación, ciencia, tecnología y artes deben ser un medio para la libertad e igualdad, garantizándolas sin distinción social, género, etnia, religión ni edad.

Se reconoce que las débiles regulaciones de la oferta extranjera han profundizado los procesos de trasnacionalización y la visión mercantilizada de la educación superior, impidiendo, cuando no cercenando, en muchos casos, el efectivo derecho social a la educación.

Igualmente, se resalta que las diferencias económicas, tecnológicas y sociales entre el Norte y el Sur, y las brechas internas entre los estados, no han desaparecido sino aumentado. El sistema internacional promueve el libre intercambio de mercancías, pero aplica regulaciones migratorias excluyentes. La alta migración de la población latinoamericana y caribeña muestra otra cara de la falta de oportunidades y la desigualdad que afecta, sobre todo, a las poblaciones más jóvenes.

A lo anterior se suma la desigualdad de género, que se manifiesta en la brecha salarial, la discriminación en el mercado laboral y en el acceso a cargos de decisión en el Estado o en las empresas. Las mujeres de poblaciones originarias y afrodescendientes son las que muestran los peores indicadores de pobreza y marginación.

De ahí que la ciencia, artes y tecnología deben ser los pilares de cooperación para el desarrollo equitativo y solidario de la región, basadas en procesos de consolidación de un bloque económicamente independiente y políticamente soberano.

Por lo anterior se insta a los estados de América Latina y El Caribe a establecer rigurosos sistemas de regulación de la educación superior y de otros niveles.

“La educación no es una mercancía. Por ello, solicitamos a nuestros estados nacionales no suscribir tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio que impliquen concebir la educación como un servicio lucrativo o alienten formas de mercantilización en cualquier nivel del sistema educativo, así como también a incrementar los recursos destinados a la educación, ciencia y tecnología”, se acentúa.

Frente a las presiones por hacer de la educación superior una actividad lucrativa es imprescindible que los estados asuman el compromiso irrenunciable de regular y evaluar a las instituciones y carreras, de gestión pública y privada, cualquiera sea la modalidad, para hacer efectivo el acceso universal, permanencia y egreso, atendiendo a una formación de calidad, con inclusión y pertinencia local y regional.

En consonancia con el cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda de Desarrollo adoptada por la Unesco (2030), los participantes de la CRES piden a los estados promover una política de ampliación de la oferta de educación superior, la revisión a profundidad de los procedimientos de acceso al sistema y la generación de políticas de acción afirmativas –con base en género, etnia, clase y capacidades diferentes– para lograr el acceso universal, permanencia y titulación.

Trabajo por hacer

Con todo y los logros alcanzados en el desarrollo de los conocimientos, la investigación y los saberes de las universidades y de los pueblos, la CRES reconoce que un sector importante de la población latinoamericana, caribeña y mundial no tiene acceso a los derechos sociales básicos: empleo, salud, agua potable y educación.

“En pleno siglo XXI, millones de niños, jóvenes, adultos y ancianos están excluidos del actual progreso social, cultural, económico y tecnológico. Aún más, la desigualdad regional y mundial es tan pronunciada que en muchas situaciones y contextos hay comunidades que no tienen acceso a la educación superior, porque ésta aún es un privilegio y no un derecho, como anhelaron los jóvenes en 1918.”

“En el centenario de la reforma, no somos ajenos al sufrimiento humano ni al mandato de la historia. No podemos seguir indiferentes al devenir del orden colectivo, a la lucha por la verdad heroica y al anhelo trascendente de la libertad humana. La educación superior debe constituirse desde los liderazgos locales, estatales, nacionales e internacionales, tal y como ahora están aquí representados plenamente.”

Sólo con ello, se subraya, será posible realizar una nueva e histórica transformación de la educación superior desde el compromiso y la responsabilidad social, para garantizar el pleno ejercicio al derecho a la educación superior pública, gratuita y de amplio acceso.