Revisan en el CIALC el caso peruano

El asilo político, un acto humanitario y pacífico

La embajada de México en ese país encontró elementos para acoger a la familia del destituido presidente Pedro Castillo

En las últimas semanas ha habido protestas y enfrentamientos en Perú. Foto: Reuters.

El asilo político es una figura de protección internacional que ha evolucionado en el mundo y en América Latina; es reconocido como un acto apolítico, humanitario y que no puede generar enemistad entre dos países, afirmó Pablo Monroy Conesa, embajador de México en Perú.

El diplomático mexicano que fue expulsado de esa nación sudamericana tras la destitución del presidente Pedro Castillo, y de que nuestro país diera asilo a su esposa, Lilia Paredes, y a sus hijos, aseguró que el Estado mexicano tiene una vocación humanista y encontró elementos legales para acoger a esta familia que se hallaba en situación de emergencia.

Al participar en la conferencia “La tradición del asilo en la política exterior de México: el caso de Perú”, organizado por el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC), junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores –por un convenio de colaboración firmado recientemente–, también aseveró que este beneficio no se otorga a personas “por ser cercanas a una ideología política”.

Acompañado por el director del CIALC, Rubén Ruiz Guerra, el embajador hizo un recuento de la situación que privaba en Perú desde que Castillo resultó electo y sectores acusaron irregularidades, pese a que las autoridades electorales validaron su triunfo. Luego, al asumir la presidencia, se pretendió destituirlo acusándolo de incapacidad moral y se abrieron investigaciones judiciales en su contra junto a sus familiares. Tras su intento de disolver el Congreso, el expresidente fue aprehendido.

Detalló que también se iniciaron investigaciones en contra de Lilia Paredes por su posible participación en organizaciones criminales y actos de corrupción, mismas que estaban en una etapa preliminar y aún no se había probado su culpabilidad. Además, se detectó que otras personas podían tomar acciones que pusieran en riesgo su vida.

El diplomático subrayó que México se apegó a principios del orden jurídico como el de pro persona; es decir, que toda norma de derechos humanos debe ser interpretada de manera que se le otorgue la protección más amplia posible a las personas. También, al principio de presunción de inocencia, pues no se debe considerar a nadie culpable hasta que no se le demuestre.

Igualmente, señaló que el Estado que asila es el que determina la naturaleza de la persecución que sufre una persona. “En este caso, México es el único facultado para calificar el estado de persecución; si es política o judicial”, sostuvo.

Monroy Conesa insistió en que, a lo largo de la historia, los gobiernos mexicanos –surgidos de diversas corrientes políticas– han dado asilo político a personas y grupos, al margen de sus ideologías y muestra de ello son José Martí, León Trosky o los españoles que huyeron de la Guerra Civil en su nación, entre otros.

En tanto, el director del CIALC, Rubén Ruiz Guerra resaltó que México y Perú son naciones hermanas, con una larga tradición histórica y cercana empatía y afectividad. Expresó su preocupación por el país sudamericano que enfrenta una situación compleja y cada vez recibe más cuestionamientos en el concierto internacional por encontrarse a la deriva.

Fabián Herrera León, académico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, también manifestó su deseo porque el conflicto en Perú se supere pronto, y expuso que en las décadas recientes siete presidentes de esa nación han estado bajo juicio y cinco han sido encarcelados.

Por su parte el investigador del CIALC, José Francisco Mejía Flores, indicó que la actuación de la embajada mexicana en Perú ha sido coherente con la política exterior de nuestro país, y ha ponderado la protección de los derechos humanos.

Pablo Monroy. Foto: Víctor Hugo Sánchez.
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