El círculo vicioso de la impunidad, principal problema en materia de justicia

El principal problema que enfrenta nuestro país en materia de procuración y administración de justicia, y al cual no es ajeno el delito de la trata de personas, es el círculo vicioso de la impunidad, afirmó Luis Raúl González Pérez. En la medida en que no haya responsables habrá un incentivo a que se cometan más conductas contrarias a lo establecido por las leyes.

El profesor de licenciatura y posgrado en la Facultad de Derecho, ex abogado general de la UNAM y expresidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, refirió que la trata es un flagelo que ataca la dignidad de las personas en su totalidad y vulnera derechos humanos, como la integridad y seguridad personales, la intimidad privada y la libertad, y el libre desarrollo de la personalidad y sus derechos sexuales.

Sus impactos en las víctimas son físicos, psicológicos y sociales, por lo que es necesario brindar protección integral, que no se limite al ámbito penal, sino que además les facilite enfrentar el impacto y las secuelas de la vulneración, de modo que se direccionen esfuerzos hacia su recuperación y reintegración a la sociedad, sostuvo.

El Estado debe generar las condiciones para un ejercicio pleno de los derechos y el enfoque diferenciado es uno de los principios básicos para saber qué tipo de necesidad asistencial y de protección requieren las víctimas, de acuerdo con sus condiciones de vulnerabilidad, precisó.

Aunque ese principio está expuesto en la ley, lo más importante es la preparación y profesionalización que tengan los operadores para ofrecer garantías especiales, reforzadas, a grupos más vulnerables, detalló en el Seminario Permanente sobre Violaciones Graves a los Derechos Humanos: Diálogos en torno al Manual sobre Trata de Personas.

En la cuarta sesión del Seminario –que coorganizan la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas de la UNAM, la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Instituto de Investigaciones Jurídicas–, el universitario añadió que en dicho principio diferencial se deben observar los intereses y circunstancias específicas de las víctimas y los testigos, para determinar sus necesidades particulares en lo físico y lo emocional, y tomar medidas especiales.

El autor del capítulo 4, “Víctimas de trata de personas: necesidades específicas”, del mencionado Manual, refirió que el enfoque de derechos humanos debe estar en el análisis de ese problema desde el inicio, para tener respuestas acordes.

González Pérez advirtió que la problemática es muchas veces el enfoque que se ha dado al combate a este flagelo, centrado en el delito. Aunque existe regulación sobre la prevención y atención a víctimas, así como derechos que las asisten, tales como resguardar su identidad y datos personales, esto ha sido insuficiente.

Por ello hay que insistir en que ese enfoque debe ser más integral, desde una perspectiva de derechos humanos y de atención a la dignidad de las personas, recalcó el universitario.

Una de esas perspectivas, el modelo criminocéntrico, detalló, se enfoca en la persecución del delito, mientras que la otra, modelo victimocéntrico, busca el respeto de los derechos humanos; éste último, incluye desde luego, perseguir el delito y la responsabilidad a quienes hayan cometido esa conducta. Ambos sistemas se complementan, por lo que pueden actuar de manera paralela.

El académico recordó que, de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el reconocimiento del derecho humano a no ser sometido a trata de personas fortalecerá la procuración y administración de justicia.

Sin embargo, es compleja la identificación y, en consecuencia, la protección de las víctimas. Se afecta el desarrollo eficaz de los procedimientos y no se puede desencadenar el conjunto de derechos reconocidos y los estándares de protección adecuados sobre las personas, por ejemplo, en los casos de detención y deportación, que agravan la victimización.

Los factores que invisibilizan a las víctimas de trata de personas son que con frecuencia el delito se esconde tras la fachada de actividades lícitas; en otras ocasiones las víctimas desconocen su situación de explotación y se dificulta que puedan denunciar o cooperar con las autoridades; o por la falta de capacitación de los operadores de justicia, entre otros.

Mario Luis Fuentes, titular de la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas y moderador de la sesión, recalcó que “nos encontramos ante la enorme realidad de las obligaciones que marcan las leyes, pero que no se dotan con los recursos suficientes”.