En asambleas realizadas en la UNAM, así como en un mitin organizado frente a Rectoría –al que asisten unos 5 mil estudiantes, profesores y empleados universitarios–, se decide continuar la huelga hasta que se resuelvan los seis puntos del pliego petitorio.
Miembros del MURO y porros de las Preparatorias 2 y 7 se apoderan de la Preparatoria 1 y luego agreden a una brigada estudiantil en la Prepa 2, donde el estudiante Hugo Alvarado Monterrubio, de la Facultad de Ciencias de la UNAM, resulta herido de un balazo.
Detenidos, alumnos, profesores, funcionarios y padres de familia
Minutos antes de las 21 horas, desplazándose lenta, sigilosa, furtivamente, tropas y vehículos (camiones, jeeps, tanquetas…) del Ejército se concentran en los alrededores de Ciudad Universitaria, sobre todo en las avenidas Insurgentes y Universidad.
Una hora después, desde su despacho de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Gonzalo Castillo, diplomado del Estado Mayor, se comunica con el general Masón y los coroneles Cruz, Arrieta y Moreno, y les da la orden de avanzar…
Las unidades del Ejército entran a CU, ocupan todas las instalaciones universitarias y aprehenden, a bayoneta calada, a estudiantes, profesores, investigadores, funcionarios, empleados e incluso padres de familia que participaban en una asamblea.
Entre los funcionarios universitarios detenidos se encuentran Ifigenia Martínez de Navarrete, directora de la Escuela de Economía; Julio González Tejada, director de Orientación y Servicios Sociales; Pablo Marentes, director de Información y Relaciones; Rafael Moreno Montes de Oca, director de Publicaciones, y Armando Sayas, director de la Orquesta Sinfónica de la Universidad.
Tanto en las facultades y escuelas como en los edificios administrativos, los soldados rompen las cerraduras de aulas, oficinas, archivos, gavetas y escritorios, en busca de propaganda subversiva y armas, y se apoderan de documentación oficial universitaria. Cunde el desconcierto.
En uno de los pisos de la Torre Uno de Humanidades, la poeta uruguaya Alcira Soust Scaffo, aterrada por la llegada de los militares, se esconde en un baño, donde permanecerá hasta la desocupación de CU (ella quizás ignora que ese día, en la misma Ciudad de México, ha muerto el poeta español León Felipe, a quien le guarda reverencia).
A las 22:25 horas, Radio Universidad deja de transmitir su programación sin previo aviso. Cinco minutos después, la Secretaría de Gobernación hace público un boletín de prensa:
“Hubo necesidad de hacer uso de la fuerza pública para desalojar de los edificios universitarios a las personas que no tenían derecho a permanecer en ellos, con el fin de hacer su entrega, a la brevedad posible, a los funcionarios correspondientes, así como para restablecer la autoridad interna y salvaguardar la autonomía universitaria, ahora sí violada por quienes han interferido en el ejercicio de las facultades de sus órganos de gobierno legítimamente constituidos e impedido el cumplimiento de la elevada función pública que tiene a su cargo nuestra máxima Casa de Estudios.”
Los detenidos son conducidos a la explanada de Rectoría con las manos detrás de la cabeza. Luego de ser cacheados, se sientan en el suelo y con los dedos índice y medio hacen la V de la victoria bajo la vigilancia de los soldados. A las mujeres se les permite quedarse de pie y formar un grupo aparte.
Algunos jóvenes protestan por la acción del gobierno y proclaman que es un atentado a la autonomía universitaria. Las mujeres se quejan de que los soldados las tratan como si fueran delincuentes. Alguien dice en voz alta: “¡Ahora sí los integrantes del Ejército podrán decir que pasaron por las aulas universitarias!”
A las 22:50 horas, un puñado de soldados empieza a arriar la bandera nacional que se hallaba a media asta desde el 29 de julio, cuando el rector Barros Sierra la colocó en esa posición en protesta por la violación de la autonomía universitaria.
En ese momento, los detenidos se ponen de pie, entonan el Himno Nacional y lanzan “vivas” a México, a la libertad y a la UNAM. Una vez finalizado el acto, los soldados les ordenan sentarse de nuevo.
Conforme avanza la noche van llegando más detenidos a la explanada de Rectoría. Posteriormente, todos ellos –unos 650– son subidos a vehículos del Ejército y camionetas panel de la policía, y trasladados a la Cárcel Preventiva de Lecumberri, a la Procuraduría del Distrito Federal y a la Jefatura de Policía, donde son interrogados sobre su presunta participación en el movimiento estudiantil.
CU, acordonada por las fuerzas militares
En los primeros minutos de este día, en nombre del rector Barros Sierra, Jorge Ampudia, secretario general auxiliar de la UNAM, hace entrega de las instalaciones escolares al general Gonzalo Castillo, jefe de la operación militar.
Entretanto, siguen sumándose soldados a las tropas de ocupación y, en los alrededores de CU, un gran número de padres de familia y parientes de los estudiantes trata de averiguar el paradero de éstos.
A las 2:30 horas, CU queda totalmente en posesión de los soldados, que ya suman poco más de 10 mil. En las calles cercanas y en los accesos a las instalaciones universitarias se pueden ver vehículos blindados.
El rector Barros Sierra se reúne en privado con algunos miembros del Consejo Universitario para analizar el giro que han tomado los acontecimientos.
Los directores de escuelas, facultades, institutos y oficinas administrativas de la UNAM le notifican al rector que dedicarán todo su empeño a la defensa moral y a la reconstrucción de su casa de estudios.
También se establece que la estructura legal de la Universidad Nacional está en pie y que los más altos funcionarios de esta institución, “dentro de las dificultades que el movimiento actual les impone, continúan prestando sus servicios y cumpliendo con su deber”.
Luis Echeverría, secretario de Gobernación, declara en una rueda de prensa: “La fuerza pública saldrá de la Ciudad Universitaria y ésta será entregada a las autoridades universitarias inmediatamente después de que lo soliciten”.
Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa Nacional, sostiene que el Ejército actuó en la UNAM “de acuerdo con las razones expuestas por la Secretaría de Gobernación”, que los estudiantes se entregaron “sin oponer resistencia” y que el Ejército no tiene ningún interés en conservar por tiempo indefinido las instalaciones universitarias.
Anuncia que contingentes de tropas han sido destacados en diversos escenarios olímpicos. “Forman parte del Batallón Olimpia, que se encargará de proteger y dar amplias seguridades a esos centros”, agrega.
En la mañana, el rector Barros Sierra declara: “La ocupación militar de la Ciudad Universitaria ha sido un acto excesivo de fuerza que nuestra casa de estudios no merecía. De la misma manera que no mereció nunca el uso que quisieron hacer de ella algunos universitarios y grupos ajenos a nuestra institución”.
Y puntualiza: “Habrá que repetir que el conflicto estudiantil no fue engendrado por la Universidad. La atención y solución de los problemas de los jóvenes requieren comprensión antes que violencia. Seguramente podría haberse empleado otro medio. De las instituciones mexicanas y de nuestras leyes y tradiciones se derivan instrumentos más adecuados que la fuerza armada. Por otra parte, los universitarios que con arbitrariedad y obstinación hicieron uso de recintos y bienes de la Universidad para su acción política, reflexionarán ahora en el grave daño que han causado a su casa de estudios”.
Finaliza: “Así como apelé a los universitarios para que se normalizara la vida de nuestra institución, hoy los exhorto a que asuman, dondequiera que se encuentren, la defensa moral de la Universidad Nacional Autónoma de México y a que no abandonen sus responsabilidades. La Universidad necesita ahora más que nunca de todos nosotros. La razón y la serenidad deben prevalecer sobre la intransigencia y la injusticia. La Universidad debe ser reconstruida, una vez más, porque es parte esencial de la nación. Los universitarios sabremos cumplir con este deber. Esperemos que los deplorables hechos que confrontamos no afecten irreparablemente la democracia en la República”.
“Ante el hecho vergonzoso, anticonstitucional de la invasión y ocupación militares de la Ciudad Universitaria», 200 intelectuales se dirigen en un desplegado al C. Presidente de la República para denunciar el uso anticonstitucional del Ejército apoyando actos también anticonstitucionales: la suspensión de hecho de las garantías individuales; la cesación de la autonomía universitaria; el ejercicio de medidas represivas en sustitución del diálogo democrático; la clausura oficial de todo proceso democrático en el país; y la detención ilegal, arbitraria y totalmente anticonstitucional de funcionarios, investigadores, profesores, intelectuales, empleados, estudiantes y padres de familia.
Además, “como Presidente de México y Jefe Nato del Ejército”, le demandan “el acatamiento irrestricto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
En su artículo “La fuerza otra vez”, publicado en Excélsior, Gilberto Keith escribe: “Grave decisión ha tomado el Gobierno de la República al desalojar, mediante la fuerza pública, varios recintos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este hecho, ominoso no sólo para los universitarios, afecta a la serenidad, la confianza, la concordia de los mexicanos. Se pidió generosidad, apertura, a ambas partes. No se hizo todo lo posible para conciliar los puntos de vista divergentes. La fuerza sólo se emplea cuando la política queda rebasada. Y a la falla de los universitarios cuidadosos, demócratas, sigue ahora la falla de los que, ciertamente, deben cuidar el orden público, pero también las aspiraciones de la ciudadanía. No se podrá alegar, en este caso, que todo estaba perdido. No hubo consultas, solicitud de pacificación, términos para lograrlas. La decisión es unilateral. Las manifestaciones últimas de los universitarios se habían caracterizado por no seguir cometiendo desacatos jurídicos y morales”.
Eli de Gortari y Marcué Pardiñas, detenidos
Elí de Gortari y Manuel Marcué Pardiñas, fundador de la revista Política, son detenidos por agentes del Servicio Secreto en diferentes puntos de la ciudad.
Alrededor de 400 estudiantes se reúnen en la Unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional, para analizar los recientes hechos ocurridos en la UNAM.
En relación con la ocupación militar de Ciudad Universitaria, el diputado Luis M. Farías, líder priísta en el Congreso, manifiesta: «Ahora sólo resta que el señor rector, en vista de que no le fue posible por sus propios medios restablecer el orden, agradezca la medida adoptada por el gobierno federal y solicite del mismo le sean devueltos los edificios para destinarlos a los fines para los que fueron creados: la enseñanza y la investigación”.
Los tres sectores (obrero, campesino y popular) del PRI expresan su solidaridad y confianza al gobierno por la medida que tomó en la UNAM y hacen un llamado a los “estudiantes deseosos de prepararse” para que “contribuyan a normalizar la vida de sus instituciones culturales, que no deben quedar rezagadas en cuanto a rendimientos académicos”.
El Partido Acción Nacional emite un comunicado con la firma de su presidente, Ignacio Limón Maurer, en el que asegura que la autonomía universitaria fue violada por el gobierno al ordenar la ocupación militar de Ciudad Universitaria. Y tras señalar que “nadie afirma que la autonomía universitaria implique extraterritoriedad”, apunta que no hubo orden judicial para la ocupación ni petición en ese sentido por parte de las autoridades universitarias.
El Partido Comunista Mexicano condena la ocupación de CU e indica que “las medidas dictadas determinarán, como ya están determinando, la repulsa general y la extensión de la lucha que encarna el movimiento popular estudiantil por las libertades democráticas”.
La Cámara Nacional de la Industria de Transformación respalda a Díaz Ordaz “por haber restablecido el orden”; la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio apoya “esta acción de orden de un gobierno cuya principal responsabilidad y función es precisamente mantener la paz pública en contra de cualquier interés sectario”; y la Confederación de Cámaras Industriales dice que “los motines y algaradas estudiantiles han creado un ambiente de inquietud que si se prolonga puede obstaculizar el desarrollo económico del país, que se nutre fundamentalmente de estabilidad política, paz social y unión entre los mexicanos”.
La Federación de Asociaciones de Padres de Familia de los Colegios del Distrito Federal califica a algunos padres de “desordenados, viciosos, incumplidos, egoístas, con ambiciones desmedidas, desleales, cobardes, mentirosos, falsos, intrigantes” y les reprocha que “no pueden dar a sus hijos las orientaciones sanas que los guíen por los rectos senderos de la vida”.
Al término de una prolongada reunión con Juan Gil Preciado, secretario de Agricultura y Ganadería, los estudiantes de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo deciden desalojar pacíficamente las instalaciones de su centro educativo.
