El juicio de amparo, formalista, largo y costoso

El juicio de amparo es el recurso constitucional más importante a disponibilidad de la sociedad para hacer respetar sus derechos y el mecanismo de mayor relevancia para proteger las garantías fundamentales; no obstante, presenta dificultades que lo vuelven poco accesible y eficiente, coincidieron especialistas en la Universidad Nacional Autónoma de México.

En el Congreso La Ley de Amparo de 2013: Avances y retos a 10 años –coorganizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y otras instituciones–, el Abogado General de la UNAM, Hugo Alejandro Concha Cantú, refirió que el juicio de amparo no cumple con los principios básicos que la Constitución establece para la impartición de justicia: rapidez y oportunidad.

Al inaugurar la actividad académica, la directora del IIJ, Mónica González Contró, enfatizó: “El objetivo de nuestro juicio de amparo es garantizar los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte”.

En representación de la ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá dijo que “con esta nueva ley, en sus primeros diez años, se ha conseguido una amplitud de miras, conservar la esencia del juicio garante y a la vez dotarlo de elementos”.

El también investigador honorario del IIJ destacó que este proceso jurisdiccional de origen decimonónico “ha marcado el camino de México y de Iberoamérica en la defensa y protección de los derechos fundamentales y se ha instalado en el nicho de las garantías jurisdiccionales de la Constitución”.

En el Auditorio Héctor Fix Zamudio del IIJ, Adriana Leticia Campuzano Gallegos, magistrada de Circuito del Poder Judicial de la Federación, expuso que el juicio de amparo es el “carro” donde se monta un litigio que tiene que ver con cómo entendemos y vivimos los derechos humanos. Sin él, no habríamos conseguido los avances que hoy tenemos en la materia.

Además, es innegable que ha tenido incidencia puntual en políticas públicas; por ejemplo, se recibió una “lluvia” de amparos para que se lograra la vacunación de menores que no estaban considerados en una fase inicial del programa nacional de vacunación durante la pandemia; o para que los hombres tengan acceso a las guarderías.

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, investigador del IIJ y juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, afirmó: “El panorama mundial resulta complejo y con enormes incertidumbres para la garantía de los derechos humanos. Este contexto global no es ajeno para los países latinoamericanos; es más, algunos consideran que América Latina tiene mayores retos”.

Mac-Gregor coordinó el Congreso, junto con María Elisa Franco Martín del Campo, también del IIJ.

¿Para todos?

Al participar en el panel “La aplicación de la Ley de Amparo para la garantía de los derechos humanos en México: avances y desafíos”, el especialista Hugo Alejandro Concha Cantú consideró que ese instrumento jurídico se encuentra alejado de las posibilidades de la mayor parte de la sociedad. “Teóricamente es el recurso disponible para todos, pero en la práctica no es así”.

Eso lo constituye en una figura fundamental, pero al mismo tiempo en un procedimiento poco accesible y eficiente. Sus resultados llegan, con frecuencia, después de periodos largos y cuando el paso del tiempo generó otro tipo de agravios. Tenemos una realidad que va a toda velocidad, y alcanzarla con normas que funcionen y den resultado es un proceso más lento, expuso el universitario.

María Elisa Franco Martín del Campo, investigadora del IIJ, apuntó que de 2014 a 2020 se presentaron tres millones 559 mil 741 demandas de amparo indirecto. En el mismo lapso, los juzgados de distrito tenían 686 mil 353 amparos pendientes de resolver. De esta manera, hubo cuatro millones 246,94 amparos.

“Eso es lo que tienen que resolver los jueces en este país, y hay que preguntar si cuentan con el personal suficiente para hacerlo, entendiendo que estamos hablando de derechos humanos.”

De acuerdo con José María Serna de la Garza, también investigador del IIJ, “en la cultura jurídica, en la metodología que emplean los jueces, se han establecido barreras, obstáculos, laberintos que son causas generadoras de un excesivo formalismo”, y esa es la principal crítica al amparo.