El maltrato infantil: una consecuencia del adultocentrismo

Casi tres de cada cuatro niños de entre dos y cuatro años –etapa considerada como la primera infancia– sufren castigos corporales o violencia psicológica con regularidad por parte de sus padres, cuidadores o tutores; y una de cada cinco mujeres y uno de cada 13 hombres declaran haber sufrido abusos sexuales entre los cero y 17 años, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Esos altos grados de violencia demuestran que la niñez y las juventudes son poblaciones en condiciones de gran vulnerabilidad, porque por la edad las personas adultas creen que pueden disponer de ellos como si fueran cosas”, dice la coordinadora de la Línea de Investigación Institucional “Promoción y Protección de los Derechos de la Infancia” del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Elisa Ortega Velázquez.

Con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil –que se conmemora el 25 de abril–, la especialista universitaria expone que éste supone cualquier forma de abuso o desatención que afecte a niños, niñas y adolescentes, que son todas las personas menores de 18 años, de acuerdo con el artículo 1º de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Incluye el maltrato físico, psicológico, el abuso sexual, la desatención, la negligencia en el cuidado y la explotación comercial que pongan en peligro la salud, el desarrollo o la dignidad de estas personas y, en suma, su supervivencia.

El maltrato infantil, agrega la experta, es un problema mundial con consecuencias muy graves para quienes lo sufren, las cuales pueden durar toda la vida, y el adultocentrismo es uno de sus detonantes.

El adultocentrismo indica que los individuos en este rango de edad gozan de privilegios por el solo hecho de ser adultos, porque la sociedad y la cultura así lo han definido. Y se torna común y normaliza pensar que un niño es inferior, que es un ser incompleto e incapaz de pensar, sentir y tomar decisiones; además, que la fragilidad, la debilidad y la vulnerabilidad del niño y del joven se asocian al orden natural. “Las personas mayores los vemos como adultos a escala que no pueden tomar decisiones por sí mismas”.

El paradigma de derechos humanos en materia de niñez “implica considerar a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho que están en desarrollo y que, por ende, tienen que contar con todas las medidas de protección que su condición de personas menores de 18 años requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”, señala.

Sin embargo, la mirada adultocéntrica se aprende y se sostiene a lo largo de la historia a través de las instituciones sociales como la familia, la escuela, la iglesia, el Estado, etcétera. De esta forma se van construyendo sociedades con esta perspectiva, en las que la mayor parte del poder se concentra entre los adultos, y donde convertirse en tal es el fin del desarrollo en sí mismo, asevera.

Considerar a niños, niñas y adolescentes como objetos de representación, de protección y cuidado por parte de los adultos los invisibiliza en el ámbito social, y ocasiona que se les niegan sus derechos y, además, permite ejercer malos tratos sobre ellos.

“Así es como se conecta el adultocentrismo con el maltrato infantil: se ha trazado una grieta intergeneracional entre niños, niñas y adolescentes y los adultos, con base en el poder. Éste indica que hay distintas relaciones de poder entre los diferentes grupos de edad, que son asimétricas y, obviamente, a favor de las personas adultas; es decir, implica que éstas se ubican en una posición de superioridad”, añade la doctora en Derecho.

La edad, como factor de vulnerabilidad, se cruza con otros más como el género: las niñas son más propensas a sufrir abuso sexual y ser víctimas de delitos como la trata. Las juventudes de la diversidad, por ejemplo, sufren ostracismo, crímenes de odio por su preferencia e identidad de género.

La también coordinadora del Seminario Estudios Críticos del Derecho y Migraciones explica que las consecuencias del maltrato infantil pueden ser diversas y durar toda la vida. Por ejemplo, es posible que los niños más pequeños sufran traumatismos craneoencefálicos o adquirir alguna discapacidad. Asimismo, hay consecuencias que se arrastran a otras etapas de su vida, como estrés postraumático, ansiedad, depresión, problemas con consumo de alcohol, tabaco, incluso enfermedades de transmisión sexual, entre otras.

Discrepancia entre la ley y la realidad

México cuenta con la normatividad para atender el maltrato infantil, pero hay problemas para aterrizarla a la realidad en políticas públicas en favor de la niñez y las juventudes, asegura la especialista Elisa Ortega Velázquez.

La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes –vigente desde 2014– está armonizada con la Convención sobre los Derechos del Niño, que es el tratado internacional de derechos humanos más importante en la materia y que rompe con el paradigma adultocéntrico que ha regido históricamente el tratamiento de la niñez.

“Ya no se considera a los niños objetos de cuidado y protección, sino sujetos de derechos que requieren medidas extras de protección por parte del Estado y de las instituciones sociales para poder ejercer sus derechos humanos. Esta es la gran diferencia entre el paradigma adultocéntrico y el de derechos humanos de la niñez”, subraya la investigadora.

La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes también parte de este enfoque y establece una protección reforzada para aquellos niños que se encuentran en alguna situación extrema de vulnerabilidad; por ejemplo, en razón de la condición de movilidad, presentar alguna discapacidad o ser integrantes de pueblos originarios, entre otros.

“En México se necesitan políticas públicas en favor de la niñez que puedan realizarse y hacerse efectivas mediante su asignación correspondiente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, porque sin los recursos suficientes para hacer realidad estos derechos la protección de la niñez se queda solamente a nivel discursivo y demagógico”, subraya.

La universitaria lamenta que no haya el presupuesto suficiente para atender de manera cabal e integral a la niñez y los problemas que la afectan, y cuestiona que no sean prioridad en las políticas públicas y los presupuestos. “Tal vez porque no votan”, expresa.

Los derechos de niñas, niños y adolescentes se hacen realidad, en buena medida, mediante las instituciones. Por ello son necesarios programas como el de las estancias infantiles, aquellos que apoyan escuelas de horario extendido o tiempo completo en las que permanecen seguros mientras sus madres trabajan.

“Todo esto implica dinero y va más allá de un discurso demagógico: demanda partidas presupuestales adecuadas”, insiste.

La también integrante del Sistema Nacional de Investigadores señala que se requieren recursos para construir los Centros de Asistencia Social, donde se aloja a niños en contextos de movilidad sin cuidado parental mientras transcurre su procedimiento administrativo migratorio.

“Es importante señalar que los niños, las niñas y los adolescentes nunca son culpables, siempre son las víctimas”, finaliza la investigadora.