Diego Valadés, investigador emérito del IIJ
El presidencialismo latinoamericano tiene muchos rezagos
La realidad generalizada de esta región es por un sistema representativo muy débil, en este caso por malos diseños institucionales


El también integrante del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina refirió que las características del presidencialismo latinoamericano tienen muchos rezagos, y una buena parte se debe a un mal diseño en cuanto a la elección de los presidentes.
Al participar en el Seminario Permanente Reformas Electorales y Democracia 2025, con el tema “El control parlamentario como garantía política de los derechos fundamentales”, señaló que, además, hay una enorme concentración de poder que también se produce en nuestros sistemas presidenciales, algunos más arcaicos que otros, como el mexicano, que es “el más rezagado del hemisferio”.
En al Aula Dr. Guillermo Floris Margadant del IIJ, sostuvo que el sistema electoral repercute en algunos sistemas presidenciales en forma negativa: en general, las segundas vueltas, la procuración de que los presidentes estén investidos en el cargo por una mayoría absoluta de la ciudadanía, genera numerosas distorsiones. Hace creer al o la elegida, que cuenta con más del 50 % de la aprobación, cuando en realidad su votación real es la que alcanzó en la primera ronda electoral.
Además, alertó Valadés, la elección en segunda vuelta tiene muchas formas de oportunismo político, porque muchos candidatos van a la primera vuelta a sabiendas de que no van a obtener más de un 3, 5 o 10 % de los votantes, y, después, con ese porcentaje aspiran a negociar posiciones políticas con quienes ocupen los dos primeros lugares.
Lo anterior, añadió, además produce la fragmentación o atomización de los congresos, los debilita. Así, la realidad generalizada en nuestro hemisferio es la de un sistema representativo muy débil, en este caso por malos diseños institucionales.
En el caso mexicano, expuso, el “diseño perverso” está en la Constitución misma, que confiere al presidente de la República una suma de potestades de tal magnitud que acaba prevaleciendo sobre toda la organización del poder en el país.
De ahí que se requiera un buen sistema representativo y un sistema bien diseñado de controles políticos que le den a la representación política instrumentos suficientes para hacer viables los derechos fundamentales que las propias cartas constitucionales establecen, recalcó.
Bajo asedio
Al comentar la ponencia, María Marván Laborde, también investigadora del IIJ e integrante del Observatorio, mencionó que Valadés “nos dice que las democracias en el mundo, en la segunda década del siglo XXI, están bajo asedio”. Sobrevivieron a la pandemia; la pregunta es si lo harán a los populismos, y “debemos tener esa preocupación”. Por eso, debe revisarse el papel central de los controles democráticos o la interrogante estará contestada: no perdurarán. “Están realmente en peligro”.
La división entre las partes dogmática y orgánica de una constitución no se pueden entender como aspectos separados. Si la segunda no ayuda para que se pueda cumplir y hacer justiciable, y garantizar de manera efectiva la primera, que es la de los derechos fundamentales, el constitucionalismo sería muy débil, coincidió. “Y un buen sistema de controles se convierte en garantía de esos derechos”.
Agregó que “los controles deben ser parte de un diseño constitucional, pero reconoce que tienen limitaciones, porque no pueden prever todas las situaciones posibles”. Por ejemplo, nunca se nos ocurrió que el Senado al que se le daba el poder de nombrar magistrados renunciara a él para complacer al Poder Ejecutivo, que se supone que controla. “No hay manera de que una democracia funcione sin demócratas”, concluyó.
Milagros Campos Ramos, de la Pontificia Universidad Católica del Perú e integrante del Observatorio, recalcó que la diferencia sustancial entre el constitucionalismo democrático y las autocracias es la presencia de un control efectivo.
Los controles políticos constituyen una garantía adicional para los derechos fundamentales, junto con los procesos constitucionales ante los tribunales y cortes, enumeró la experta.
Por último, afirmó que la carencia de control político o su irrelevancia pueden ser tan dañinos para la gobernabilidad como una oposición que no permita al gobierno desarrollar sus políticas, “porque hay que recordar que las relaciones entre los poderes del Estado son de control, pero también de colaboración”.