“En el combate a la trata de personas hay algo que no estamos haciendo bien”

A pesar de los avances en el marco jurídico para prevenir, proteger y perseguir la trata de personas, los esfuerzos siguen siendo insuficientes por lo que es necesario abordar esta grave problemática a partir de los diferentes contextos sociales de las poblaciones más vulnerables, consideró Alethia Fernández de la Reguera, profesora e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

En el marco del Seminario Permanente sobre Violaciones Graves a los Derechos Humanos: Diálogos en torno al Manual sobre trata de personas, la especialista presentó el capítulo de su autoría: “Una mirada al delito y sus fines de explotación desde la sociología jurídica”.

Destacó que nunca antes había habido tantos programas y acciones políticas para prevenir la trata, pero los números sobre la incidencia del delito siguen siendo altísimos. “De lo que estamos hablando es que existe una falta de comprensión estructural de los procesos y de la complejidad social del delito. La trata de personas se debe pensar y analizar considerando toda la serie de violencias estructurales que acompañan el delito, mismas que no están siendo visibilizadas, comprendidas o identificadas como elementos fundamentales de prevención y de protección”.

Subrayó que aún hay retos importantes para garantizar el acceso a la justicia y generar condiciones de igualdad en cuanto a los derechos humanos de las víctimas de este delito.

La investigadora apuntó que no se debe perder de vista que en el incremento de este delito existe una determinante de género que es importantísimo entender, especialmente cuando se habla de trata con fines de explotación sexual o laboral, siendo un problema que afecta mayoritariamente a mujeres y a niñas.

Agregó que, si se realiza un tejido más fino en el análisis se pueden identificar algunos grupos que se encuentran en mayor riesgo de verse involucrados en la trata de personas, entre los que están las mujeres migrantes, en particular las que no hablan español, las trabajadoras domésticas y de la maquila, las personas indígenas y afrodescendientes, y las trabajadoras sexuales.

Otro de los graves problemas asociados a la trata de personas, puntualizó, es la llamada securitización fronteriza que ha llevado a la militarización de las fronteras, con lo cual han aumentado de manera significativa los riesgos para las personas migrantes.

Si bien es cierto que la trata de personas no necesariamente está asociada al cruce fronterizo y que el proceso de enganche, traslado y explotación se puede dar sin la necesidad de cambiar de país o de ciudad, sí existe una relación entre migración internacional y trata de personas, en la que los riesgos aumentan cuando se aplica una política que criminaliza a las personas migrantes. “Ante la aplicación de esta política punitivista y de persecución, muchas mujeres migrantes, para no ser descubiertas o detenidas, evitan quedarse en albergues y prefieren migrar con traficantes de personas por lo que finalmente son víctimas de trata”.

Fernández de la Reguera advirtió que en el combate a la trata de personas hay algo que no estamos haciendo bien, pues hay toda una serie de esfuerzos y recursos que se están invirtiendo en la persecución del delito, que no necesariamente se reflejan en el número de investigaciones, de casos procesados o en el número de sentencias, y por lo tanto no hay una incidencia en la disminución del problema.

“Lo que sí sabemos es que quienes acaban muchas veces en la cárcel y que fueron detenidas en operativos antitrata son las poblaciones extremadamente vulnerables, y hay casos de mujeres indígenas, mujeres migrantes, trabajadoras domésticas y sexuales o mujeres afanadoras de los hoteles que son detenidas acusadas de trata de personas.”

Por su parte, el titular de la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas de la UNAM, Mario Luis Fuentes Alcalá, recordó que el Manual sobre trata de personas se elaboró por la UNAM como un encargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual debe verse como un documento abierto al diálogo, la discusión y reflexión.

Indicó que el análisis de esta problemática debe acompañarse con el debate y el diálogo, en los que la opinión y las aportaciones de jueces y magistrados es fundamental, toda vez que ellos son el objetivo principal de este Manual.