Entre 39 y 49 por ciento de derechohabientes acude a servicios privados de salud

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) es, a partir de 2020, anual y no sexenal por iniciativa conjunta entre la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) del gobierno federal.

“Busca de manera continua una periodicidad anual, con el fin de que a lo largo del periodo 2020-2024 se genere información que permita contar con datos de indicadores relevantes sobre salud, nutrición y sus determinantes, y sobre el desempeño del sistema de salud para los ámbitos nacional, urbano y rural, regional y estatal”, afirmó Teresa Shamah Levy, directora del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas del INSP.

Debido a que el levantamiento de la edición 2021 ocurrió en plena pandemia, también se obtuvo la determinación de la seroprevalencia de anticuerpos contra SARS-CoV-2, a través del análisis de una muestra de sangre venosa, explicó la especialista.

Invitada al Seminario Universitario sobre la Cuestión Social del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) y ante Rolando Cordera Campos, Mario Luis Fuentes Alcalá (ambos del PUED) y Samuel Ponce de León Rosales, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud (PUIS), Shamah Levy aclaró que se obtuvo una muestra nacional de 12 mil 619 hogares, que representan a los 36 millones 738 mil 957 hogares de México.

Entre sus resultados, la Ensanut encontró que el uso de servicios públicos para resolver necesidades de salud se mantuvo alrededor de 40 por ciento de quienes lo necesitaron. “La derechohabiencia influye mucho en la decisión de dónde buscar atención, pero no se traduce del todo en acceso”. Alrededor de la mitad de los derechohabientes acude a sus instituciones cuando lo requieren (de 44 a 55 por ciento con derechohabiencia y 29 por ciento sin ella), dijo.

Shamah informó que entre 39 y 49 por ciento de personas con derechohabiencia va a servicios privados, mientras que también lo hace 66 por ciento sin derechohabiencia. “La necesidad de salud influye mucho en la decisión. Mientras que sólo 25 por ciento de las personas con una necesidad aguda la resuelve en servicios públicos, 57 por ciento lo hace cuando el problema está relacionado con una enfermedad crónica”.

Respecto al Covid-19, éste fue mayor en los más pobres y sin seguridad social. Hubo mayor mortalidad en municipios con mayor pobreza extrema, en estados con más población en el sector informal y en municipios con más población sin seguridad social, por lo que hubo menor probabilidad de cumplir con medidas de mitigación, relató la experta.

La encuesta también analizó la seguridad del agua y la alimentaria. Respecto a la primera, se anotó que en las ciudades mexicanas 84.8 de los encuestados tiene seguridad de agua, mientras que 15.2 ya vive en inseguridad del líquido. En tanto, en la localidad rural 83.4 por ciento tiene seguridad de agua, y 16.6 no la tiene.

En tanto, la seguridad alimentaria alcanza a 39.2 por ciento de la población, mientras 34.9 tiene una inseguridad leve, 15.8 moderada y 10.1 por ciento severa.

Al comentar los resultados, Ponce de León reconoció que la encuesta es una extraordinaria empresa, pero que divide al país en nueve regiones, en vez de que cada Estado aporte sus datos. Le llamó la atención que en México aún 13 por ciento de la población cocina con leña, con los terribles efectos para la salud, y dos por ciento vive sobre pisos de tierra.

Ponce de León destacó que la información de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición debe ser mejor aprovechada, y recomendó recurrir a universidades para analizar los datos y obtener mejores resultados.