Combatir la desigualdad y la discriminación ayudará a alcanzar los Objetivos del Desarrollo Sostenible con una sociedad más igualitaria, consideró Luis Raúl González Pérez, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos.
Para lograrlo, explicó en el contexto del Día de la Cero Discriminación, es necesario vincular la ciencia y la investigación a la solución de estos grandes problemas; apoyarse en las instituciones de educación superior (IES) que tienen una riqueza en ideas y propuestas, las cuales deben ser vistas como lo que son: centros de enseñanza para el progreso. Además de focalizar una política pública que ayude a atenuar los efectos económicos de la pandemia.
“Todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 se interconectan, si los vemos como hambre cero y combate a la pobreza tienen un papel fundamental; pero también la igualdad de género, que es el objetivo cinco. Ha habido avances, pero tal vez debemos meter el acelerador, pues un estudio en 2018 reveló que iba creciendo la presencia de la mujer en el servicio público; sin embargo, lamentablemente era en puestos operativos, es decir, no abarcaba puestos directivos. Se avanza; sin embargo, no suficiente”, comentó.
Cifras
El abogado recordó que la más reciente Encuesta Nacional sobre Discriminación, realizada en 2017 con apoyo de la UNAM, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, reveló que 20.2 por ciento de la población de 18 años y más declaró haber sido discriminada en el último año por alguna característica o condición personal, tono de piel, manera de hablar, peso o estatura, forma de vestir o arreglo personal, clase social, lugar donde vive, creencias religiosas, sexo, edad y orientación sexual.
De acuerdo con el documento, a esto se suma que 40.3 por ciento de la población indígena manifestó que se le discriminó; y lo mismo sucedió con 58.3 por ciento de las personas con discapacidad, y 41.7 por ciento fue relegado por sus creencias religiosas.
Para esta casa de estudios, agregó, es de particular preocupación la discriminación contra las mujeres, y si bien se ha dado un avance para que, como debe ser, tenga mayor presencia en los ámbitos económico-sociales y políticos, todavía falta a nivel de cuerpos directivos, tanto en el ámbito público como privado.
Los retos son muchos también en el tema de las personas en contextos de migración, en los que enfrentan violencias y hambre; por ello, los desafíos siguen siendo amplios, detalló González Pérez.
“Lo anterior nos habla de que necesitamos educación y más educación, sensibilización, culturalización para introyectar el convencimiento del respeto a la dignidad de todos en la igualdad de derechos. La dignidad es lo que nos iguala como seres humanos”, precisó el especialista.
Las IES tienen un papel muy importante para dirigir al alumnado en el conocimiento de los derechos a un trato más igualitario hacia las mujeres, las niñas, la población migrante, personas con discapacidad, trabajadoras del hogar o con enfermedades como el VIH.
“No basta que los derechos estén en la Constitución, pues ejemplo de ello es el de pueblos y comunidades indígenas, cuya discriminación lleva a que los niveles económicos más bajos en el país estén en los estados donde hay un mayor número de integrantes de estos pueblos indígenas”, agregó el exombudsperson nacional.
Señaló que la pandemia ha puesto en evidencia problemáticas de violencias ligadas a la estigmatización que hay en nuestro país. Se debe luchar contra los estereotipos y dogmas que acentúan la violencia hacia las personas, por lo que se tiene que trabajar para llegar a la igualdad real y sustantiva.
“Las autoridades de los distintos niveles de gobierno y poderes deben generar las condiciones para hacerla efectiva, es lo que se conoce como igualdad sustantiva o real. No basta que me digas que soy igual ante la ley si no se erradican las barreras que me imposibilitan alcanzar esa igualdad”, señaló el experto.
Impulsado por la Asamblea General de Naciones Unidas desde 2013, el 1 de marzo se celebra el derecho de todas las personas a vivir una vida plena y productiva con dignidad. Se pone de manifiesto cómo todas las personas pueden informarse y fomentar la inclusión, la empatía, la paz y, sobre todo, poner fin a cualquier forma de exclusión.
González Pérez estimó que es importante “pasar de la norma a la política pública, y de ésta a su materialización, fortalecer la educación en todos los niveles y la UNAM tiene un papel relevante en ello”.