Independencia judicial, una pieza insustituible del Estado democrático

La independencia judicial debe concebirse como una pieza insustituible del Estado democrático de derecho. Los juzgadores, la sociedad y los poderes no deben olvidar que el juez que no es independiente, no es un verdadero juez, afirmaron especialistas en la Facultad de Derecho (FD) de la UNAM.

En el marco del Congreso Internacional 2023 “Los Retos de la Judicatura”, Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, mencionó que la separación de poderes es una garantía del sistema jurídico mexicano; sin ella, “estamos lejos de podernos dar el nombre de estado constitucional democrático de derecho en los Estados Unidos Mexicanos”.

En el Panel Independencia Judicial como Garantía, expuso que la independencia judicial se debe entender como una consecuencia necesaria o una característica de la separación de poderes.

Las características de la independencia judicial son, entre otras, la libertad de toda presión externa, incluidas las políticas y las partidistas, así como procesos de selección y nombramiento que deben de quedar en manos del mismo Poder Judicial, y no estar sujetos a otros poderes.

La jurista recordó que México ha tenido una trayectoria muy importante en materia de independencia judicial. Es un tema que ha tenido diversas reformas, y que se ha afianzado a lo largo de la historia; así, por ejemplo, se creó el Consejo de la Judicatura Federal, que tiene como fin hacerse cargo de las tareas administrativas y profesionalizar la carrera judicial, y la vigilancia y disciplina del Poder Judicial Federal.

La magistrada Rosa Elena González Tirado, del Capítulo México de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ, por sus siglas en inglés), expuso que la independencia judicial no se compra ni se exige, sino que se gana por los propios juzgadores “y eso debe ser advertido por la sociedad civil que todos los días clama justicia”. Su importancia es vital para una democracia capaz de garantizar los derechos de los justiciables.

La especialista mencionó que “los juzgadores somos el enlace social, económico, político, cultural, de aquellos que acuden a los jueces, ya sea a cuestionar actos o a defender su conducta en el ámbito que les corresponda”.

Por eso, sostuvo, debemos proteger este valor a costa de toda injerencia, tanto interna como externa, libre de instrucciones de los pares o superiores “teniendo siempre como altar supremo la protección de derechos humanos”, y libre de presiones de negociación, de opiniones de medios de comunicación, sin importar las rabietas de las autoridades o las tiranías y ataques.

Este mundo convulso necesita que exista una garantía de impartición de justicia independiente, eficiente y autónoma para el fortalecimiento de la democracia, del Estado de derecho. Un poder judicial que reúne estas características, pone límites a los abusos de autoridad y es garante de la legalidad y la protección de los derechos, concluyó.

Ariel Alberto Rojas Caballero, magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del XVI Circuito, en Guanajuato, se refirió al fenómeno del populismo en diferentes partes del mundo y consideró que juega con las frustraciones, complejos, ilusiones, pasiones e ideales de las personas para prometer lo que es imposible, aprovechándose de la miseria de la gente, dejando fuera el pensamiento crítico, la razón y la lógica en la toma de decisiones; se manipula con el hambre y la pobreza para imponer una dictadura.

Víctor Oléa Peláez, presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, señaló que hoy nuestro Estado de derecho es muy débil, vulnerable y todos tenemos la obligación de fortalecerlo y defenderlo.

Elías Huerta Psihas, presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, refirió que la independencia judicial garantiza que pueda haber un acceso eficaz a la justicia, principal atribución del Poder Judicial.

Por ello es indispensable que conservemos y peleemos por ella, porque es el elemento que garantiza que los derechos individuales y la división de poderes en un estado democrático puedan tener vigencia, y que la impartición de justicia parta de una base que asegure para todos, gobernantes y gobernados, ser tratados por igual ante la ley.