La inclusión, tema toral en la educación de excelencia

El 80 por ciento de las personas con discapacidad habita en países pobres. En México existen más de siete millones de personas en esa condición; y 33.5 por ciento de ese sector no asiste a la escuela, hecho que se traduce en mayores dificultades para conocer, exigir y ejercer plenamente sus derechos sociales, señalaron especialistas universitarios.

En la inauguración del Congreso Internacional Virtual Universidad y Discapacidad, Carola García Calderón, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) recalcó que resulta fundamental abrir espacios para el debate y análisis de las condiciones y calidad de vida de 15 por ciento de la población mundial que experimenta algún tipo de discapacidad.

Para Luis Raúl González Pérez, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH), la inclusión de las personas con discapacidad sólo puede darse mediante el desarrollo de acciones y programas que abarquen todas las ramas del conocimiento; “limitar su atención a un modelo médico-asistencial es una muestra de que se tiene una visión equívoca y contraria al enfoque social y de derechos humanos”.

Las personas que experimentan algún tipo de discapacidad, continuó Carola García, tienen más probabilidad de vivir en situaciones socioeconómicas adversas, muchas veces resultado de un mayor costo de vida a causa de las distintas necesidades que presentan en materia de salud. Esto, aunado a un menor acceso a la educación, deriva en la obtención de empleos de baja calidad y menor remuneración.

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval, 2020), en México, cerca de la mitad de la población con discapacidad vive en condiciones de pobreza, y aproximadamente 10 por ciento en pobreza extrema; las personas en esa situación tienen menos posibilidades de salir de dicho estado ya que, en promedio, presentan mayores carencias sociales, entendidas como menor acceso a servicios de salud, seguridad social, calidad de vivienda, alimentación nutritiva y educación.

Esta última, recalcó la directora, puede repercutir en la movilidad social, por lo tanto, el rezago educativo suma una barrera más a la condición de las personas con discapacidad. “Generar oportunidades para que accedan a la educación superior, significa brindarles la oportunidad de tener una mejor expectativa en su vida para desarrollar sus múltiples capacidades”.

Lo anterior, finalizó, ilustra el importante trabajo que como instituciones educativas tenemos para implementar mecanismos que reduzcan esta brecha. Habrá que generar espacios que favorezcan a este segmento de la población con el objetivo de que puedan acceder a una mayor calidad de vida, tarea que involucra a toda la sociedad.

En tanto, el coordinador del PUDH resaltó que entender la discapacidad como un aspecto natural a la condición humana, y a las personas que la padecen como titulares plenos de derechos, es un cambio de paradigma que ha sido difícil de asimilar por individuos e instituciones, para traducirlo en actitudes, políticas y programas que garanticen una inclusión plena en la sociedad, en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades. “Entre la hipótesis normativa internacional y nacional, y la materialización de esos cuerpos normativos todavía hay una brecha que debe cerrarse”.

Las personas con discapacidad no sólo requieren de un tratamiento médico adecuado, sino igualdad de oportunidades, educación, integración laboral y seguridad social, arte, cultura, deporte y accesibilidad. Y el sistema educativo inclusivo debe ser respetuoso de los requerimientos de todos, en particular de los que sufren discapacidad múltiple, severa o mayores necesidades de atención.

Desde las universidades hay que promover la construcción de cultura para erradicar la exclusión. Este congreso abrió un espacio donde los participantes expusieron y discutieron cómo afrontar los retos para atender el tema de la discapacidad en las universidades, derivando en propuestas que impulsen la educación superior inclusiva, además de proporcionar a la sociedad y a los organismos de los sectores público y privado encargados del tema, la información que contribuya a que esas personas lleven a cabo de manera plena las actividades de la vida cotidiana.

María José Parejo Guzmán, directora académica de Integración y Diversidad Funcional de la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, España, acentuó que en el siglo XXI, una universidad es excelente cuando destaca en el cumplimiento de su tarea de enseñanza superior, generación y transferencia del conocimiento y servicio a la sociedad. Pero esa condición sólo puede alcanzarse “cuando la calidad es para todas las personas; una institución educativa que no sea inclusiva nunca podrá ser excelente en su misión”.

La inclusión, precisó, requiere un planteamiento estratégico institucional, planificación cooperativa, recursos humanos y materiales, y una política integral que va más allá de acciones puntuales o efectistas. Para garantizar la igualdad de oportunidades del alumnado con discapacidad se requieren servicios de atención específica en todas las etapas, becas, ayudas de estudio, accesibilidad universal a espacios presenciales y virtuales, programas de movilidad, etcétera.

Responsabilidad social

Luz Ángela Díaz, directora de Evaluación, Permanencia y Éxito Estudiantil de la Universidad del Rosario, Colombia, subrayó que la discapacidad es un tema relevante que permite entender problemáticas sociales y motivar en los estudiantes empatía y comprensión de que esa condición es una construcción social.

Este congreso, opinó, será de gran trayectoria y motivará la consolidación de líneas de trabajo “que nos unan en torno a estas temáticas”, y que, como universidades, cada vez más asumamos la responsabilidad social que nos corresponde en crear política y conocimiento.

Iván Escobar Escobar, vicerrector académico de la Universidad Autónoma de Manizales, Colombia, añadió que espacios como este encuentro permiten “presentar cada una de las ejecutorias que desde las universidades hemos venido construyendo, políticas, programas y prácticas sobre discapacidad en la universidad, y comparar las maneras de hacer este abordaje. Agradecemos este espacio que nos brindó la UNAM”.

Patricia Brogna, académica de la FCPyS y moderadora de la sesión, explicó que el congreso formó parte del proyecto “Discapacidad y universidad. Panorama sobre docencia, investigación y gestión de las necesidades de estudiantes con discapacidad: actores, estrategias, redes y política”, del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica, que se realizó durante dos años con universidades de Colombia, España y México, y del cual es corresponsable.

Durante el congreso, que se efectuó del 23 al 26 de noviembre con alrededor de 500 participantes, se llevaron a cabo actividades que reunieron aportes sobre el derecho a la educación superior de las personas con discapacidad, las políticas nacionales e institucionales, así como balances de inclusión social y educativa. Intervinieron ponentes de las naciones mencionadas, así como de Argentina, Chile y Ecuador.