Incluso dentro del ámbito latinoamericano
La justicia mexicana, una de las más atrasadas del mundo: Diego Valadés
Estamos por debajo de los estándares de nuestra región y en uno muy inferior a los países de la OCDE, aseguró el abogado e investigador universitario
“Estamos por debajo de los estándares de nuestra región y en uno muy inferior a los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que tienen 19 jueces por cada cien mil habitantes, es decir, cuatro veces más que México”, afirmó el exprocurador general de la República.
Anotó que, además, de los 193 países de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 173 cuentan con Ministerio de Justicia, y de los 20 que no lo tienen la mayoría son naciones poco identificables en el mapa, al tratarse de pequeñas islas con poblaciones reducidas.
“Pero un país como México, con 130 millones de habitantes, que es la economía 12 del mundo, no tiene Ministerio de Justicia, es decir, carece de una política de justicia que debería estar alineada a derechos humanos, procesos y dinámicas sociales, económicas y procesos políticos”, destacó.
Valadés Ríos ofreció la conferencia magistral Implicaciones de la reforma judicial en México, organizada por el Programa Globalización, Conocimiento y Desarrollo desde la perspectiva mexicana del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la UNAM.
En un evento híbrido celebrado desde la sala de videoconferencias del IIEc, el destacado abogado universitario añadió que en nuestro país hay una gran carencia de datos respecto a cuánto cuesta litigar, cuánto tarda un juicio y qué impacto tiene la demora de éste en el bienestar familiar. “No tenemos información procesada sistemáticamente sobre muchos temas jurídicos acerca de los que deberíamos estar estudiando”, indicó.
Sin pluralismo parlamentario
Valadés Ríos estimó que a los mexicanos nos espera un deterioro tras la reciente reforma judicial. “Antes era una carrera de méritos en la que se pasaba por 15 pasos previos para ser magistrado, y ahora será una política”.
Consideró que la elección popular de los juzgadores carecerá de campañas para conocer a los candidatos, pues éstos tienen que financiarlas por su cuenta, así que la ciudadanía no podrá saber quiénes serán la mayoría de ellos, pues no estarán allí por sus méritos sino por una carrera política.
Explicó que la reforma judicial se hizo para regular básicamente tres aspectos: la elección popular directa de todos los juzgadores (federales y locales); establecer un tribunal disciplinario de ámbito federal en cada uno de los estados del país con la capacidad de disciplinar o controlar a los juzgadores; y regular los sueldos de los funcionarios del sistema jurisdiccional federal y local, anotando que en ningún caso puedan exceder la tasa de ingresos del presidente de la República.
Detalló que fue necesario forzar la integración de las cámaras de Diputados y de Senadores, de una forma tal que invalidó uno de los principios más importantes de nuestro sistema constitucional, que es el pluralismo parlamentario.
El jurista resaltó que el primer efecto de la reforma judicial consistió en violentar de manera clara los principios constitucionales, de pluralismo y discriminación.
Además, recordó, “violentó las reglas elementales de la lógica, pero se requería para contar con el número de votos en la Cámara de Diputados, pues los de la Cámara de Senadores se consiguieron con otros artilugios”.
Valadés Ríos dijo que la elección de los juzgadores presenta varios problemas, y uno es la falta de un criterio constitucional o legal, ante lo que recurrió a una tómbola para saber quiénes se van y quiénes se quedan.
Consideró que se está actuando sin marco legal de referencia ni tiempo para analizar el asunto, lo que traerá consecuencias.