Tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, George W. Bush, entonces presidente de los Estados Unidos, se dirigió a sus compatriotas en un discurso que remarcaba el dolor de las imágenes transmitidas a todo el mundo: “nuestro estilo de vida, nuestra misma libertad fueron atacados…”; la determinación por mantenerse en pie del pueblo norteamericano: “no pueden mellar el acero de la determinación estadunidense” y la promesa de erradicar la amenaza, no sólo para sus connacionales, sino para toda la humanidad: “este enemigo atacó no sólo a nuestro pueblo, sino a todos los pueblos amantes de la libertad por todas partes del mundo”.
El acto más claro de combate fue desplegar miles de soldados en Medio Oriente y Asia Central con la misión de cazar a Osama Bin Laden y erradicar la presencia de la organización Al Qaeda, presunta responsable de los ataques, en la región, una guerra de invasión a lo largo de Irak y Afganistán que se prolongó durante 20 años hasta el retiro de tropas ratificado por Joe Biden, actual presidente de Estados Unidos.
No obstante, para Raúl Benítez Manaut, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, esa no fue la única secuela del atentado terrorista que cambió de manera permanente las dinámicas políticas, económicas y sociales del mundo:
“El ataque del 11 de septiembre significó un cambio geopolítico notable en la configuración de poderes hace 20 años. Estados Unidos se reafirmó durante los años 90 del siglo pasado como la potencia ganadora de la Guerra Fría y, en ese sentido, la globalización económica fue la forma de expandir su poder mediante tratados de libre comercio y alianzas de mercados. Pero el 11 de septiembre vino a mostrar la cara negativa de la globalización: el terrorismo, las emergencias humanitarias tras el desmembramiento de naciones y los conflictos de nuevo tipo inspirados por motivaciones religiosas, étnicas, se dieron por todo el orbe.
“También se revalorizó el uso de la fuerza militar para eliminar los factores negativos que alteren el orden mundial. Estados Unidos diseñó junto con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, básicamente con Inglaterra, todo el plan de ocupación en Afganistán para desplazar a los talibanes del poder.”
Fortalecimiento de fronteras
Este deseo de protección llevó a Estados Unidos a reforzar sus fronteras (aéreas, terrestres y marítimas) buscando eliminar posibles rutas a futuros terroristas. El 12 de diciembre de 2001 firmó con Canadá los Smart Border Agreements, mismos que México suscribió el 22 de marzo de 2002. Los acuerdos aumentaron la cooperación entre los países firmantes del TLCAN y derivaron tres años después en la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN).
Tras la firma, una gran cantidad de vuelos que circulaban al norte de Estados Unidos empezaron a aterrizar en Canadá. “México colaboró en la seguridad de su frontera norte, la más transitada del mundo, con alrededor de 350 millones de cruces de personas al año. Como medida adicional nuestro país protegió las instalaciones estratégicas vitales, principalmente las petroleras en el Golfo de México y se construyó un cinturón de seguridad aéreo”, detalló Benítez Manaut, junto con Carlos Rodríguez Ulloa, en el artículo “Seguridad y fronteras en Norteamérica. Del TLCAN a la ASPAN”, difundido en 2005 por Frontera Norte, publicación de El Colegio de la Frontera Norte.
La transformación también se dio en cómo empezó a fluir la información migratoria entre naciones, intentando atajar amenazas antes de que sucedieran.
Acción preventiva
Al interior de Estados Unidos el cambio más significativo se dio con la entrada en vigor –con apoyo de republicanos y demócratas en el Congreso– de la Ley Patriótica (USA Patriot Act) el 26 de octubre de 2001. Su objetivo era que antes de cometer un crimen, te investigaban y de forma preventiva podían judicializarte; “con estas acciones se pueden violar muchos derechos de personas y organizaciones”, comentó el autor de La teoría militar y la guerra civil en El Salvador. Añadió que la legislación autoriza “que las agencias, sobre todo el FBI, investiguen a ciudadanos e intercepten sus comunicaciones sin informarles, aunque hubiera una orden judicial”.
Benítez Manaut también subrayó que la popularidad de su implementación se debió a “la paranoia social” latente en los ciudadanos estadunidenses, la cual 15 años después de los ataques se convirtió en un pilar del músculo político de Donald Trump en su camino a la Casa Blanca.
Cuando la Ley Patriótica expiró en 2015, su reemplazo, la USA Freedom Act, impuso límites en la cantidad de metadata digital que pueden recabar las agencias de inteligencia estadunidenses; no obstante, mantuvieron la autorización para realizar escuchas telefónicas itinerantes y rastrear a potenciales terroristas solitarios.