La posesión de armas, un riesgo latente

El pasado 22 de marzo la Secretaría de Gobernación publicó un decreto en el que se refrenda que los ciudadanos mexicanos pueden poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, tal como lo establece el artículo 10 de la Constitución Política de 1917.

A la vez precisa la prohibición de aquellas reservadas para el uso exclusivo de la Fuerza Armada y los cuerpos de reserva fundamentada en el artículo 4 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos de 1972, reformada en 2015.

En opinión de Lucía Carmina Jasso López, especialista del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, la medida despierta dudas respecto a su eficacia contra la violencia que actualmente asuela al país.

La posesión de armas dijo, significa un riesgo latente. “Cuando alguien sabe que un individuo posee un arma, se siente amenazado ya que el individuo posee un poder diferente; puede quitar la vida en cualquier momento o lesionar. La vida y la integridad corporal son los bienes por excelencia que como sociedad protegemos».

Por otra parte, continuó la investigadora, las estadísticas son elocuentes: las cifras de homicidios dolosos por armas de fuego van en aumento.

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública el número de muertes por arma de fuego se ha incrementado. Por ejemplo, en 2015 la cifra del horror alcanzó 57.39 por ciento; en 2016 registró 61.9 por ciento; mientras que en 2017 creció a 67.4 por ciento. En 2018 la cifra aumentó a 69.8 por ciento y en el primer cuatrimestre de 2019 se elevó 70.33 por ciento. Es decir, en este registro 7 de cada 10 homicidios dolosos se cometen con arma de fuego.

Por otro lado, abundó Jasso López, en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2017, elaborada por el INEGI, en la que se interroga al encuestado si toma medidas en su hogar para protegerse del delito. Las respuestas varían entre cambiar cerraduras, colocar rejas o tener un perro guardián. En menor medida instalar cámaras, videocámaras o contratar vigilancia privada, y en un porcentaje mínimo adquirir armas de fuego. Este renglón apenas representa 0.7 por ciento a escala nacional.

Si se lleva a números y se confronta con población, significa que en los hogares de México se encuentran más de 900 mil armas. Esto es un riesgo latente, enfatizó la investigadora. Además, si se compara la cifra con 2018, que era 0.6 por ciento, por poco que se mueva, las armas que pueden quitar la vida aumentaron.

De este porcentaje aún no se sabe si son armas legales o ilegales. Lo que se conoce es el número de permisos expedidos por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a particulares. En 2018 se otorgaron 12 mil 616 licencias a particulares; es decir, la gran mayoría de las armas en los hogares probablemente no cuenta con permiso.

Desde la perspectiva de la académica ese dato significa que la mayoría de las armas fueron adquiridas en el mercado negro, originado, aunque no exclusivamente, en Estados Unidos. De acuerdo con cifras de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés), entre 2011 y 2016 un programa policiaco recuperó 106 mil 001 armas.

De esa cantidad, 70 por ciento se compró legalmente en aquel país y se transportaron a nuestro territorio de manera ilegal. Por si fuera poco, se calcula que cerca de 213 mil 000 armas pasan de contrabando entre la porosa frontera entre México y Estados Unidos anualmente.

Otro aspecto de la evaluación al fenómeno de la investigadora universitaria se refiere al registro de homicidios por arma de fuego. “El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública clasifica los homicidios dolosos por tipo de arma. De los indicadores (arma de fuego, arma blanca, otro elemento y no especificado) el más alto es por arma de fuego.

Es de llamar la atención que en el primer cuatrimestre de 2019 Guanajuato y el Estado de México son las entidades que concentran el 20.6 por ciento de homicidios dolosos con arma de fuego, lo que representa un foco rojo.

En relación al costo de las armas, Jasso López explicó que en México, se pueden adquirir armas de forma legal a través de la Dirección de Comercialización de Armamento y municiones de la Secretaria de la Defensa Nacional. La dirección de comercialización dispone de un registro en donde se indican los stocks así como el precio, que varía dependiendo del modelo y la marca. El costo de una pistola legal de calibre 9 mm, puede ser de entre 10 y 35 mil pesos.

Un primer paso para atender el fenómeno, en opinión de la académica del Instituto de Investigaciones Sociales, debe emprenderse en tres vertientes: “la primera es hacer consciencia a nivel individual de los riesgos que se advierten al portar un arma de fuego».

A escala institucional, el gobierno ha emprendido acciones de sensibilización con programas de canje de armas. Ha logrado incautar armas; “sin embargo, creo que va de la mano con hacer conciencia en la sociedad. La incautación de armas en el sexenio pasado que arrojó una cifra de más de 36 mil armas en diversas partes de la República. De todo el territorio, Tamaulipas, fue la entidad donde hay más trasiego de armas seguida de Michoacán, Guerrero, Sinaloa y la Ciudad de México, en ese orden”.

El tercero está relacionado con acciones de cooperación internacional que en algunos momentos fue desafortunado, recuérdese el programa “rápido y furioso”. Aun así, se debe fortalecer toda vez que las armas que circulan en el crimen organizado quizá se sigan moviendo de la misma manera.

Otro aspecto que considerar es que hasta ahora un porcentaje menor de mujeres muere por arma de fuego, pero probablemente pueda incrementarse la violencia contra las mujeres al haber más armas en los hogares; es decir la probabilidad de que se incremente la violencia intrafamiliar es mayor.

La investigadora aseguró, por último, que los datos de los permisos para portar armas se han comportado de manera similar al año pasado. “Durante el primer trimestre de 2019, se otorgaron apenas 2 mil 550 licencias a particulares”.

Por cierto, las entidades que reportan el mayor número de licencias para portar armas de fuego son Ciudad de México, Nuevo León y Estado de México. Las tres entidades concentran el 81.3 por ciento de las licencias.

Finalmente, Jasso López destacó que la obtención del registro de un arma ante la Secretaría de la Defensa Nacional observa un comportamiento contrastante, ya que suelen ser pocas las licencias otorgadas por la dependencia en relación con el incremento de las armas en los hogares, comportamiento que apunta a un aumento en la posesión de armas por la vía ilegal a través del mercado negro.