Las libertades de expresión, manifestación y protesta están garantizadas en la UNAM

El Abogado General de la UNAM, Hugo Concha Cantú, afirmó que el reconocimiento y el ejercicio de derechos son la vida misma de la Universidad Nacional; en especial, los relacionados con las libertades de expresión, de manifestación y la libertad de cátedra, los cuales requieren ser protegidos frente a actos de violencia.

Salvaguardar esta “libertad creativa y de expresión” es parte de los fines que persigue la reforma en materia disciplinaria, que en días pasados aprobó el Consejo Universitario de esta casa de estudios, así como actualizar el modelo disciplinario que llevaba 80 años sin haberse modificado.

Añadió que en diferentes encuestas las y los alumnos afirman que la Universidad es el espacio en el que se sienten más seguros y la institución tiene el deber de protegerlos.

“Necesitamos construir todo aquello que proteja el ejercicio de esas libertades. Una forma es tomando medidas frente a los actos de violencia. Esta reforma es una de esas decisiones con las que se intenta garantizar las libertades y derechos al interior de la Universidad”.

En entrevista subrayó que las recientes modificaciones a las normas de la UNAM –que entre otros aspectos incluyen un cambio estructural al Tribunal Universitario, a fin de hacerlo más eficiente–, no restringen las libertades; por el contrario, dan al modelo disciplinario toda una perspectiva de respeto, promoción, protección y garantía de los derechos humanos al interior de la Universidad, tal y como lo establece la Constitución mexicana.

Entre las recientes modificaciones está el artículo 15 al nuevo Reglamento del Tribunal, el cual no habla de protestas ni de la libre manifestación de ideas, sino de cómo actuar cuando se está frente a actos vandálicos que afectan o dañen a miembros de la comunidad por el ejercicio de la violencia. Estos actos vandálicos se refieren a lesionar a otros miembros de la comunidad, o de dañar gravemente el patrimonio de todas y todos.

“El artículo establece que cuando se trate de actos de violencia extrema se lleve en el Tribunal todo el procedimiento. No tiene nada que ver con que la Universidad quiera criminalizar la protesta. Al contrario, toda la reforma lo que hace es que los derechos de los universitarios –entre otros el de la libertad de protesta, los de manifestación de las ideas y de expresión– estén protegidos y se puedan ejercer de manera correcta”.

“Sin estos derechos la Universidad no puede funcionar, son fundamentales en una institución conformada por gente muy diversa. Todos tenemos el derecho a la libertad de expresarnos: [la reforma] es un mecanismo para proteger a la propia comunidad y evitar que algunos grupos usen este derecho para realizar actos prohibidos por la legislación y pongan en riesgo al resto de la comunidad”, enfatizó.

Recordó que, en los últimos meses, se presentaron actos aislados de extrema violencia en diversas entidades.

Concha Cantú recalcó que la reforma es muy amplia, contempla modificaciones a diversos artículos del Estatuto General, como el 93, mediante el cual todo funcionario universitario está obligado a observar, respetar, promover, proteger y garantizar los derechos al interior de la Universidad.

Además se hacen adecuaciones para que en los casos en los que estén involucradas niñas, niños o adolescentes se privilegie un enfoque socioeducativo y no sancionatorio.

“Se profundizó en el tema de violencia de género para que ahora existan también medidas de restauración y reparación, no nada más las sanciones, y sí se endurecieron las que son contra narcomenudistas”.

El Abogado General detalló que las modificaciones al Tribunal Universitario buscan hacerlo un órgano mucho más eficiente y profesional. Incluye la creación de dos vocalías especializadas en violencia de género, para que atiendan los casos en dicha materia.

También se elaboraron dos reglamentos: uno para el Tribunal Universitario y otro de la Comisión de Honor del Consejo Universitario –encargada de revisar las decisiones del Tribunal–, en los cuales se establecen los procedimientos a seguir en cada órgano y los derechos de las partes involucradas en los procesos a revisión.

“Lo que hace esta reforma es mejorar el ejercicio de los derechos al interior de la Universidad”, insistió.

Concha Cantú dijo que el subsistema jurídico está para asesorar y resolver cualquier duda que los miembros de la comunidad tengan sobre estas modificaciones, las cuales se construyeron a partir de consensos y en las que participaron diversas áreas de la Secretaría General, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Facultad de Derecho, la Coordinación para la Igualdad de Género, la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención a la Violencia de Género o el Tribunal Universitario, entre otros.