Charla entre especialistas en el IIJ
Las redes sociales están lejos de ofrecer igualdad a las personas
La doctrina sobre libertad de expresión lleva dos siglos construyendo conceptos y herramientas que deben ser trasladados a la esfera digital
Las campañas electorales en naciones como Ecuador o Perú se realizaron en medio de la pandemia y en ellas el uso de las redes sociales hizo evidente que son una parte importante de la política, pues han incorporado discursos y narrativas que deben ser regulados, no sólo por las llamadas fake news sino además en temas como ciberseguridad, hackeos y censura, coincidieron especialistas en ese ámbito reunidos por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ).
Francisco Javier Guerrero Aguirre, secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de Estados Americanos, destacó que las redes no sustituyen el proceso de campañas políticas pero lo hacen más complejo, difícil y tortuoso.
Con la presencia de redes como Google, Facebook, YouTube o Twitter se tiene un nuevo modelo de comunicación política que retroalimenta a los medios tradicionales, especialmente a periódicos y servicios de noticias, que ya no están sólo en papel, sino que son alimentados en diferentes plataformas las 24 horas del día.
Al participar en el ciclo Redes Sociales y Libertad de Expresión en Pandemia, moderado por Flavia Freidenberg, investigadora del IIJ, Guerrero Aguirre apuntó que si se piensa en el debate democrático como un pozo donde se intercambian ideas, y todo lo que forma parte de las campañas, el problema es que está de alguna manera envenenado por mentiras o fake news.
“¿Cómo se llega a eso? Porque el agua de ese pozo está ligeramente envenenada, ¿cómo se filtra esa agua? Con periodismo bien hecho, de investigación. ¿Estamos involucrados con ese periodismo? No todo lo que quisiéramos. Gran parte del debate en redes en la pandemia se ha visto reflejado en cómo se lastima o hace daño a los organismos electorales.”
Puso el caso de Ecuador o Perú, con procesos electorales muy cerrados que generan un caldo de cultivo, las campañas de bots, que no son casuales, son campañas pagadas por los propios partidos para demeritar a los órganos electorales, dijo Guerrero Aguirre.
Delia Matilde Ferreira Rubio, experta de Transparencia Internacional Argentina, consideró que los límites y fronteras en la comunicación política a través de redes sociales deben incluir también las aplicaciones, pues en los últimos tiempos las campañas en América Latina han mostrado una applificación de la política.
“Es una preocupación que debe ser prioritaria para todos los que trabajamos temas como democracia, elecciones, instituciones o gobernanza. Esto es el futuro y debemos comenzar, así como en la década de 1980 pensamos en cómo íbamos a regular el financiamiento de las campañas. Ahora debemos ponernos muy serios para ver cómo vamos a regular estas cosas, sobre todo la toma de decisiones que se produce a través de mecanismos automatizados de inteligencia artificial, que es otro gran tema”, enfatizó la experta.
Precisó que el análisis político también debe considerar a los influencers que, pagados por partidos políticos, se han sumado al escenario electoral en diferentes países, lo que también plantea problemas de regulación política, pues sus mensajes rebasan las fronteras entre las naciones, en distintas entidades del mundo, y es necesario fijar estándares en cómo pueden manejarse.
Amplificar o silenciar
Catalina Botero Marino, asesora de entidades como la Unesco y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, explicó que, pese a lo que se suele creer, las redes sociales están lejos de ofrecer igualdad a las personas.
Hay sistemas que amplifican unas voces y silencian otras. Los bots y trolls tienen la capacidad de bloquear mensajes como una forma de censura y no se trata de que los eliminen, sino que los silencian al enviar montones de información que hacen que una crítica se pierda.
Botero Marino recordó que la doctrina sobre la libertad de expresión lleva dos siglos construyendo conceptos y herramientas que deben ser trasladados a la esfera digital. La crítica no es discurso de odio, la crítica es parte de la democracia y algo que los funcionarios públicos deben tolerar, pues al estar en la administración están sometidos al escrutinio público.
Cuando se dice que las mentiras que producen un daño deben ser controladas, ese daño debe ser medido con el rasero del derecho internacional de los derechos humanos.