“Las reformas al Poder Judicial romperían con el Estado de derecho”

El conjunto de reformas al Poder Judicial de la Federación propuesto por el representante del Poder Ejecutivo tendría repercusión directa en el Estado de derecho, ese sería el problema fundamental, porque lo rompería, aseguró Margarita Luna Ramos, ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) e integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM.

Al intervenir en el conversatorio Reforma Constitucional al Poder Judicial de la Federación, convocado por la Facultad de Derecho (FD), Luna Ramos indicó que el Poder Judicial (PJ) es perfectible y nadie lo niega, pero debe ser reformado en aras de mejorar la impartición de justicia.

“Una situación es que se vayan arreglando las situaciones sobre la marcha, y otra que se corten de tajo, sin tomar en cuenta la experiencia y la preparación de quienes ahora lo integran”, comentó.

Recordó que el PJ es un pilar fundamental en la estructura jurídica, como parte de pesos y contrapesos entre los tres poderes de la Unión. El PJ, agregó, ha frenado leyes inconstitucionales al Legislativo y casos administrativos al Ejecutivo.

En el Auditorio Eduardo García Máynez de la FD, quien fuera la primera mujer consejera de la Judicatura Federal, nombrada por oposición, afirmó que contrario a lo que se ha dicho, se busca preservar el privilegio de ser juez o ministro, sólo por tratarse de un honor mayúsculo. “Lo sueldos son dignos, pero no para ser millonarios”.

Asimismo mencionó que entre las razones que ofrecieron quienes propusieron las reformas están que los jueces presuntamente carecen de independencia y se encuentran alejados de la sociedad.

“Exigir la legitimización de jueces a través del voto, ¿tiene que ser así?, los jueces lo hacen a través de sus dictámenes y sentencias, ¿queremos jueces con simpatías o experimentados y capaces?; ¿no hay acercamiento con la sociedad?, el PJ es el único en el mundo que transmite en vivo a través del Canal Judicial sus sesiones”, señaló.

Estas propuestas, continuó, que en realidad son una reforma al Estado, surgieron por decisiones que no gustaron e incomodaron a otros poderes.

Respecto a la corrupción, se trata de un órgano colegiado, no es que no se dé, pero son lo mínimo, hay denuncias en el Consejo de la Judicatura Federal donde se investigan, se resuelven y en su caso se sancionan, debe manejarse una estadística al respecto.

Rogelio Zacarías Rodríguez Garduño, académico de la FD, explicó que se trata en suma de un total de 18 reformas constitucionales y dos de carácter legal, en donde se ha propuesto que para 2025 haya una elección extraordinaria a fin de renovar a todos los ministros, jueces y magistrados del PJ.

“Podrían ser alrededor de 2,088 cargos los votados tan sólo en Ciudad de México, y el ciudadano podría recibir 573 boletas para sufragar”.

Dinorah Hernández Jiménez, jueza del Décimo Distrito en Materia Administrativa de la capital del país, reconoció que la nación sí requiere una reforma, aunque no así, debido a que no resuelve los problemas de fondo en dicha materia.

“Es muy clara la demanda de justicia para México, cambiemos las situaciones con el fin de mejorar, porque si algo falla se ajusta, pero no se destruye, porque nosotros también somos pueblo”.

En el conversatorio, moderado por Luciano Silva Ramírez, académico de la FD, Luis Enrique Pereda Trejo, integrante del consejo directivo de la Barra Mexicana de Abogados, aseguró que la iniciativa referida no se trata de una simple reforma al PJ, sino de una del Estado, “porque de aprobarse lo volvería diferente”.

Entre lo bueno, consideró, está la discusión; lo malo, el contexto en el que fue presentada (febrero 2024), porque fue al final del mandato del actual gobierno federal y previo a tiempos electorales; y entre lo feo, está “que se haya hecho a través de la descalificación de los jueces, donde se aseguró que todos son corruptos”, concluyó.