El gobierno reduce el subsidio a la Universidad
A la renuncia del rector Manuel Gómez Morín, elegido en los términos de la Ley Orgánica de 1933 por el Consejo Universitario, los conflictos de opinión aparecieron para la designación de su sucesor: Luis Chico Goerne y Fernando Ocaranza serían los protagonistas, siendo este último quien se convirtió en el vigésimo primer rector de la Universidad.
La tirantez en las relaciones entre Universidad y Estado apareció desde el final del gobierno de Abelardo Rodríguez. El proceso de fricción se acentuaría a partir del inicio de la administración cardenista. La primera divergencia fue por un asunto intrascendente. El presidente Lázaro Cárdenas pidió a la Universidad la Casa del Lago, donde se encontraba el Instituto de Biología, para convertirla en residencia presidencial.
La exigencia fue planteada por Luis I. Rodríguez, secretario particular del presidente, al rector Ocaranza. La negativa de éste –sólo que se produjera una compensación satisfactoria– fue el primer punto de discrepancia entre el nuevo régimen nacional y la reciente administración universitaria. Atendiendo al planteamiento del rector se ofreció a la Universidad la casa llamada de Los Pinos, ubicada –igual que la Casa del Lago– en el Bosque de Chapultepec, para instalar el Instituto de Biología. El asunto se llevó al Consejo Universitario. Hubo polémica, la prensa hizo de ello un caso chusco y finalmente el presidente optó por conservar Los Pinos y dejar a la Universidad la Casa del Lago.
Las fricciones continuaron. El siguiente asunto se trataba de la subsistencia económica de la Universidad. En 1933, la Universidad ejerció un presupuesto de 3.4 millones de pesos, de los cuales tres provenían del apoyo federal. Pero en 1934 la situación de penuria económica se agudizó y los dos siguientes no recibió un solo peso de subsidio federal; de ahí que, puesta en vigor la Ley Orgánica de 1933, el presupuesto descendió de 3.4 millones a 1.9, y hasta 1937, en que el Estado reconsideró su actitud, el presupuesto universitario fue sucesivamente en declive.
Preservar la libertad de cátedra
La fisura ya hecha grieta siguió ensanchándose: a esto contribuyeron las declaraciones del secretario de Educación, Ignacio García Téllez –el primer rector de la Universidad Autónoma, en 1929–. Ante la prensa dijo: «Las escuelas secundarias no servirán para preparar a sus alumnos hacia las profesiones liberales sino hacia las carreras técnicas». A esto, el rector Ocaranza contestó: «En tal caso la Universidad está obligada a crear una Escuela Secundaria de tipo especial y a propósito para preparar a los alumnos que deseen emprender cualesquiera de las profesiones liberales».
A partir de esas declaraciones hubo un nuevo enfrentamiento entre la Universidad y el Estado, ya no por razones de carácter económico sino por cuestiones de orden ideológico. La declaración de García Téllez correspondía a la reafirmación de la enseñanza socialista preconizada por el artículo 30 constitucional y la respuesta de Ocaranza adquirió los visos de un desafío a la escuela socialista que correspondía al programa gubernamental. Para vulnerar a la Universidad grupos estudiantiles recibieron becas subrepticias, según Ocaranza, provenientes de la Secretaría de Educación, y hubo violentas manifestaciones y tomas de recintos universitarios.
En apoyo a la posición del rector, el Consejo Universitario elaboró un proyecto donde la Universidad podría impartir enseñanza secundaria orientando a los alumnos en el sentido de proseguir la educación universitaria. El proyecto no fue acogido favorablemente por el presidente Cárdenas, quien increpaba al rector de la Universidad diciéndole “¿qué le cuesta a usted reconocer el artículo 30?”
La crisis de 1935 fue una de las etapas cruciales en que se definió el porvenir de la Universidad. El problema medular que entonces se planteó atendía a la esencia misma de la institución: preservar la libertad de cátedra.
El 10 de septiembre de 1935 el Consejo Universitario, después de una acalorada sesión, suspendió actividades académicas y administrativas hasta que el presidente de la República diera respuesta al mensaje que le había dirigido el rector manifestándole la imposibilidad en que se encontraba la Universidad para seguir trabajando, por no
contar con los recursos económicos suficientes.
Cuando el Consejo Universitario acordó la suspensión de las labores académicas, un grupo denominado Frente Único Independiente Pro Universidad, tomó diferentes edificios universitarios, incluyendo la rectoría.
La advertencia de Cárdenas a Ocaranza
El conflicto hizo crisis: el 13 de septiembre de 1935 el presidente Cárdenas dirigió un largo escrito al rector Ocaranza, advirtiéndole que enviaría un nuevo proyecto de Ley Orgánica a la Cámara de Diputados para adecuar el ejercicio de la autonomía a los intereses representados por el gobierno.
Señor doctor Fernando Ocaranza.
Rector de la Universidad Autónoma de México.
Presente.
Hago referencia a la atenta nota de usted del día 11 del actual, con la que sirvió acompañarme el memorial que con fecha 9 de los corrientes aprobó el H. Consejo Universitario, en el cual se exponen minuciosamente los puntos de vista del referido instituto relacionados con su Ley Orgánica, con sus luchas internas y con su precario estado económico. Expresa asimismo la Universidad su deseo y su ingente necesidad de que el Estado ocurra con su autoridad y con sus recursos a salvarla de un seguro fracaso, terminando dicho documento con una declaración de principios que cree estar obligada a sostener.
Estimo pertinente referirme a los puntos esenciales del aludido memorial, a fin de que quede expreso el criterio del gobierno sobre el problema de las relaciones entre el Estado y la Universidad, expeditando, así, el camino para establecer el necesario entendimiento de esos dos organismos que, si bien es cierto poseen atribuciones delimitadas y precisadas en la Ley, no pueden, sin embargo, prescindir de complementarse, a menos de nulificar su función o de falsear sus obligaciones, puesto que ambos persiguen la difusión de la cultura.
En efecto, si la Ley Orgánica de octubre de 1933 señala a la Universidad la misión de impartir la cultura superior y profesional, sin fijarle normas concretas, no debe olvidarse que en aquel entonces la instrucción primaria reservada prácticamente al Estado por la Constitución, era del tipo clásico liberal y no había razón alguna para circunscribir a los propios términos la enseñanza profesional, supuesto que ambas actividades eran efecto de doctrinas aceptadas y establecidas con iguales tendencias. Pero, reformado el artículo 30. de la Constitución en un sentido distinto a la educación individualista, es lógico suponer que la Universidad debe orientar sus actividades y doctrinas a un rumbo complementario y no antagónico a la escuela de los primeros años, pues de otro modo sería estéril y aun perjudicial a la niñez, una enseñanza y un esfuerzo que al llegar la juventud y con ella la Universidad, tendría que ser rectificado.
Dentro de estas normas de cooperación lógica y necesaria, juzgo conveniente que se reorganice la Universidad, dejándole la autonomía indispensable para llenar sus fines, y no como entidad soberana autorizada para interpretar las leyes dictadas por el Estado, ni mucho menos para oponerse al espíritu de las mismas.
Por fortuna para el éxito de esta doctrina, la Universidad misma no ha tenido inconvenientes para entrar en pláticas con el gobierno a fin de poner en consonancia el plan de estudios de su bachillerato con las leyes que rigen la Escuela Secundaria.
Es lamentable tener que convenir en que el estado económico de la Universidad es apremiante, pero debemos admitirlo como una consecuencia lógica de la errónea interpretación que dicho instituto ha establecido para el ejercicio de su autonomía, y obligado al poder público a tomar al pie de la letra las obligaciones de orden pecuniario impuestas por la Ley Orgánica en vigor; y si es laudable y meritorio el esfuerzo y sacrificio aportados por el profesorado universitario para salvar aquella situación, es también digno de tomarse en cuenta el esfuerzo económico que el Estado ha hecho para entregar bienes nacionales y fondos públicos, sin mayor estímulo moral –que es lo que forma el espíritu de toda ley– en virtud de que esa institución cultural se ha colocado, por su propia voluntad, en un plano de indiferencia con respecto al Programa Social de
la Revolución.
Deplora el Ejecutivo de mi cargo que las disensiones surgidas en el seno del mismo cuerpo docente que la rige y, muy especialmente, entre grupos diversos del estudiantado, hayan llegado a atribuirse a recursos puestos en juego por el poder público para obligar a la Universidad a colocarse dentro de términos y objetivos perseguidos por el gobierno; cuando dichas disensiones no tienen otro origen ni obedecen a otras razones que al antagonismo de las ideas nuevas en lucha contra las ideas viejas que tratan de superarse mutuamente con fines de dominio.
El motivo central de la exposición a que me vengo refiriendo lo constituye en mi concepto, la solicitud de que el Estado otorgue a la Universidad un subsidio cuando menos igual al que disfrutaba antes de octubre de 1933. No se pide –precisa hacer hincapié sobre esta circunstancia– que se aumente con nuevos bienes el patrimonio universitario, en forma tal que ese instituto cultural proceda a administrarlo y, con sus frutos, provea a su sostenimiento; se solicita que se mantengan inalterables, intocados, los lineamientos generales del estatuto jurídico vigente, en cuanto los mismos garantizan la vida autónoma de la Universidad; y se repudia toda injerencia del Estado, sin perjuicio de reclamar premiosamente su cooperación económica.
La Ley cuya reforma se solicita ahora mereció, en el instante de expedirse –conviene recordarlo– la cálida aprobación de todos los sectores universitarios, los que creían contar, en aquel entonces, con el estímulo de la sociedad para el acrecentamiento del patrimonio espiritual y económico de su casa de estudios, y no sólo con la ayuda del Estado.
Lamentablemente, la experiencia hasta aquí realizada comprueba que no fueron vanos los temores que el Ejecutivo federal expresó, en 1933, al H. Congreso de la Unión, al presentar la iniciativa de Ley que hoy rige a la Universidad, y es ella misma la que solicita una modificación del estatuto vigente.
Más, si el gobierno asume –como se pretende– todas las responsabilidades de orden económico que presupone el sostenimiento de dicho instituto, tendrá necesariamente que restringirse su autonomía, modificando, por ficticio, el régimen imperante, para ponerlo en concordancia con la realidad y dar franca intervención al Estado en la marcha administrativa de esa casa de estudios, así sea sólo para el efecto de velar por una correcta y conveniente aplicación de sus fondos. Esa injerencia del Estado será más o menos amplia, según lo aconsejen los resultados de una revisión meditada y cuidadosa de la Ley vigente, en la que se respetará la autonomía técnica de la Universidad y dejarle aquella libertad de orden administrativo conciliable con el natural interés de la administración pública de participar en su organización. Huelga decir que esa reforma no podrá contraerse, tan sólo, al retorno del régimen imperante antes de la Ley de octubre de 1933, cuya expedición obedeció, justamente, al estado de descomposición orgánica al que había llegado la Universidad y al noble propósito de brindarle una oportunidad de que tomara mejores derroteros.
Ante la petición del sector universitario, estimo conveniente anunciarle, por el muy apreciable conducto de usted, que ya procedo a estudiar la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma y a presentarla, a la brevedad posible, para su consideración y aprobación, en su caso, al H. Congreso de la Unión.
Por último, en el caso que se ha presentado a la Universidad, en que un grupo de estudiantes se ha apoderado de varios planteles, descontento por el acuerdo que dictó el H. Consejo Universitario en el sentido de suspender las clases, el gobierno acepta que es necesario mantener bajo el dominio de la suprema autoridad universitaria las aulas y dependencias que le pertenecen conforme a la actual situación de la Universidad.
La renuncia de Ocaranza
Días más tarde, en la sesión del 17 de septiembre, el rector Ocaranza presentó su renuncia. El día 19, el Consejo eligió rector a Balbino Dávalos, quien declinó. Volvió el Consejo a reunirse y el 24 de febrero Luis Chico Goerne fue investido y en esa misma sesión rindió protesta.
Con el rector Ocaranza –en protesta por considerar un inadmisible ataque a la autonomía y a la libertad de cátedra– renunciaron Pablo González Casanova, Antonio Caso, Manuel Toussaint, José Rivera Pérez Campos, Ezequiel A. Chávez, Manuel González Montesinos, Pablo Martínez del Río, Artemio de Valle Arizpe, Jesús Guiza y Acevedo, Eulalia Guzmán, Trinidad García y Salvador Azuela, y otros muchos y distinguidos profesores universitarios.
Ante la reacción de los universitarios, el presidente Lázaro Cárdenas resolvió no enviar al Congreso de la Unión ninguna iniciativa para modificar la Ley Orgánica de la Universidad. En cambio, remitió al Congreso un proyecto de ley para la crear el Consejo Nacional de Educación Superior y de la Investigación Científica, en cuyos considerandos decía:
«El Ejecutivo a mi cargo no juzga necesario modificar la Ley Orgánica de la Universidad para restringirle su autonomía o cercenarle el patrimonio que el Estado mismo le entregara al constituirla. Considero que no hay necesidad de afectar la situación de los actuales planteles universitarios de la Ciudad de México si, como está dicho, se va a proceder, desde luego, a proyectar, a organizar y a poner en marcha
nuevas instituciones educacionales que permitan cumplir el programa que el gobierno se ha trazado.»
El 30 de octubre de 1935 se publicó el decreto por virtud del cual se creó el Consejo Nacional de la Educación Superior y la Investigación Científica. Quedó integrado por 15 miembros, designados por el presidente de la República cuya duración en los cargos sería de dos años. Si bien el consejo estaba diseñado para atenuar la importancia de la Universidad, también es cierto que constituyó el primer intento en México para dar forma a un proceso centralizado de planificación en el ámbito de la educación superior y de la investigación.