Libertad de informar, ¿oficio de tinieblas?

A través de un video, el lunes pasado periodistas de tres medios de comunicación (Milenio, Televisa y El Universal) fueron amenazados por civiles armados.

El Universal publicó que en lo que va del actual sexenio 45 periodistas y 68 defensores de derechos humanos han sido asesinados de diciembre de 2018 a la fecha, según un reporte publicado por Gobernación, (https://www.eluniversal.com.mx/nacion/con-4t-violencia-persiste-contra-periodistas-acusan).

Los medios de comunicación publicaron una carta titulada En defensa de la libertad de expresión, en la que señalan: “Estamos convencidos de que la transformación que se quiera dar en el país, no se puede lograr si la libertad de expresión está amenazada”.

El mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se solidarizó en una de sus conferencias: “Repruebo completamente esas amenazas. Reitero mi solidaridad a esta periodista, Azucena Uresti (la principal amenazada en el video), y a todos los periodistas, con la garantía de que siempre nuestro gobierno va a proteger a quienes llevan a cabo este oficio”.

Mandar un mensaje amenazante contra el periodismo atenta contra las bases mismas del Estado mexicano, dijo en entrevista con Gaceta UNAM Luis Raúl González Pérez, titular del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM.

El exombudsman manifestó que la obligación de las autoridades del Estado, en sus tres niveles de gobierno no solamente es un “no hacer”, es decir, permitir el ejercicio de la libertad de expresión, sino además generar las condiciones para que ésta sea una realidad. Es un hacer también, que posibilite que el ejercicio de la libertad de expresión y, en particular, el ejercicio de quienes contribuyen al fortalecimiento de la democracia, como son las y los periodistas lo puedan ejercer en condiciones libres, sin intimidaciones, sin consecuencias, por expresar lo que dicen.

González Pérez abordó el tema de las coberturas de los medios y las críticas a éstas: “Si hay un debate por lo que se expresa, el debate tiene que ser fuerte, vigoroso, intenso, pero no estigmatizante ni que descalifique. Tenemos que trascender la polarización, porque eso también genera condiciones que pueden propiciar inadecuadas conductas que inviten a grupos delincuenciales, como el crimen organizado, a sentirse impunes, porque la impunidad significa que se puede hacer este tipo de amenazas”.

Precisó que los amagos son contra todo el periodismo porque buscan silenciar, ya sea con la fuerza de las balas, cuando hay pérdida de vidas, o con la intimidación mostrando algunas armas como se vio en el video referido.

Aclaró que el Estado mexicano tiene que mandar mensajes claros y ocuparse para que esas amenazas no permeén, no continúen y haya una respuesta decidida de los tres niveles de gobierno, una articulación de todos. Si no hay la debida comunicación, interacción, coordinación entre la Federación, las entidades federativas y las presidencias municipales podrán tenerse resultados, pero no serán lo exitosos que debieran de ser.

Afirmó que la situación de amenazas que viven los medios trastocan los principios básicos de la democracia, cuyo eje es el derecho a informar, el que haya libertad de expresión. Advirtió: “No solamente resiente la agresión quien la recibe, sino la sociedad en su conjunto porque lo que se buscó fue inhibir que se informe, que la sociedad pueda ejercer otros derechos” y, por eso, cuando se agrede a un periodista se están socavando los pilares de la democracia; y si en México queremos robustecer la nuestra necesitamos pronunciamientos fuertes de los actores políticos. Un rechazo contundente de la sociedad y que hay solidaridad periodística. “No hay sellos editoriales, tiene que ser el conjunto del periodismo quien condene. Y fortalecer estructuralmente a las fiscalías, capacitar a los operadores y procesar a aquellos responsables de estas agresiones y tenerles la condena que el juez determine”.

Indicó que los mecanismos de protección a periodistas son importantes, ayudan en este contexto de inseguridad, pero el mejor antídoto es el combate a la impunidad.

¿Dictadura del crimen?

Este reto lanzado por parte del crimen organizado nos rebela un nivel de impunidad y de desafío que cuestiona las capacidades judiciales y policiales del Estado mexicano, expresó Javier Oliva, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, especialista en temas de seguridad.

Oliva ha utilizado un término que ha denominado la dictadura del crimen: consiste en que los criminales entorpecen la vida cotidiana a través del cobro de impuestos, es decir, la extorsión; se obstaculiza la libertad de tránsito a través de los retenes, se vende seguridad, van contra medios de comunicación, atacan autoridades. Hay zonas donde existe una propensión a sólo observar a esta “dictadura del crimen” y no intervenir.

Oliva opinó que la respuesta de la Guardia Nacional es la correcta, pero no es suficiente. Las autoridades locales requieren hacer su parte, las autoridades civiles la suya, y por supuesto el Poder Judicial y los poderes legislativos. “Una respuesta de carácter unilineal puede tener cierto efecto positivo en el corto plazo, pero no necesariamente en el largo. De acuerdo con las experiencias y a los casos que yo he estudiado, como son los de Colombia e Italia, requieren de este compromiso, de esta convergencia a largo plazo”.

Indicó que las autoridades tienen que tener una línea muy clara de definición en donde no haya la posibilidad de aceptar o fomentar actividades ni siquiera en lo verbal. “Por ejemplo, yo le digo a mis alumnas y alumnos: no utilicen la palabra huachicol, primero no dice nada; segundo, es hablar como los criminales, se llama robo al combustible de Pemex, que es daño a la nación”.

Recordó que hay medios de comunicación que han cerrado, que han recibido atentados con balas o han sido incendiados. “La dictadura criminal ha matado líderes ecologistas, lideresas en WhatsApp, Instagram, Facebook. Me parece que en Ciudad de México no hay una percepción por parte de la ciudadanía en general y en algunos ámbitos de las tomas de decisiones respecto de la gravedad de lo que se está viviendo en varias partes del país, donde ejercer la profesión de reportero o profesional de los medios de comunicación es un riesgo”.