Limitada, la capacidad hacendaria para garantizar derechos a toda la población

La capacidad hacendaria de México es limitada para garantizar derechos a toda la población, y sin reforma fiscal urge revisar compromisos de gasto: pensiones, costo financiero de la deuda y gasto federalizado, afirmó Alejandra Macías Sánchez, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestal.

Al participar en el Seminario Universitario de la Cuestión Social (SUCS), con el tema “Capacidad hacendaria del Estado en México”, explicó que en 2023 se planea tener ingresos por 7.1 billones de pesos, es decir, un aumento de 10 por ciento en comparación con lo que se aprobó en 2022, “pero sabemos que este año ha habido políticas de eficiencia tributaria que han hecho que los ingresos aumenten. Si hacemos una estimación, el incremento será de 0.8 por ciento real”.

En la sesión presentada por Mario Luis Fuentes, secretario técnico del SUCS y Patrono de la UNAM, la experta alertó que se debe tener cautela porque “esto se está calculando sobre una perspectiva de crecimiento de tres por ciento y con una inflación de cuatro por ciento”.

En Pemex, ejemplificó, se espera que los ingresos no sean tan altos como son en este año, porque el precio del petróleo podría disminuir; eso ya se verá, de acuerdo con la situación global, el conflicto entre Rusia y Ucrania, y los acuerdos en la Organización de Países Exportadores de Petróleo respecto a la oferta del combustible. “Esperamos ingresar 1.7 billones de pesos por el sector energético”.

Paquete económico

En el paquete económico se propone gastar 8.3 billones de pesos. Pero “si recordamos la cifra de ingresos, entonces ya tenemos un déficit presupuestal grande”, detalló Alejandra Macías Sánchez.

En gasto federalizado, es decir, el destinado a estados y municipios, se planea que sea de 2.4 billones. Le siguen las pensiones, como el segundo más grande que hacemos como nación, seguido del costo de la deuda, y, luego, energía. “Esos cuatro aspectos son gastos ineludibles, no los podemos dejar de hacer”.

Lo que sigue, añadió Macías, es lo que podríamos llamar espacio fiscal, en el que pueden destinarse recursos a aspectos como salud, educación, seguridad, medio ambiente y todo lo demás que necesitamos. Sin embargo, cuando a los 7.1 billones de ingresos se les restan los gastos ineludibles, queda dos por ciento del PIB para financiar otros aspectos.

El pago de deuda es uno de los aspectos que nos preocupan más porque tenemos inflación alta y la política monetaria aumenta las tasas de interés, por lo que el costo de la deuda va en incremento. En 2023 se proyecta pagar 30 por ciento más que en 2022; “ello representa una presión en las finanzas públicas que nos deja poco margen de maniobra para hacer otras cosas y continuará creciendo porque nos seguimos endeudando”.

Si no hacemos cambios hoy para invertir más en las nuevas generaciones, para que puedan tener oportunidades, ser más productivas y aporten más al sistema fiscal, la sostenibilidad del sistema se pone en riesgo, advirtió Alejandra Macías.

Los indicadores macro se van recuperando poco a poco. Esperemos que así sea y que el panorama sea más positivo que lo pensado hace un par de meses, pero “el espacio fiscal sigue sufriendo”. Dos por ciento del PIB como margen de maniobra equivale a 627 mil millones de pesos, menor en 1.5 por ciento real respecto de 2022. Hay menos recursos para, incluso, innovar en políticas públicas.

Se espera que los ingresos presupuestarios crezcan 10 por ciento comparado con lo aprobado, pero los gastos ineludibles van a crecer 11.2 por ciento. Ahí hay una discrepancia: “o dejas de gastar en algunas cosas o te endeudas más”.

Se requiere pensar en una reforma fiscal, que sea todo un paquete en el que se revise cómo nos estamos endeudando, cómo gastamos y cómo estamos pagando impuestos, finalizó.

Al comentar la presentación, José Ignacio Casar Pérez, investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, expuso que si no se quieren aumentar los ingresos, tampoco se puede incrementar el gasto. Eso se traduce en un segundo grupo de problemas agregados o de composición: se deteriora la oferta de bienes públicos y la composición de éstos se mueve en una dirección que no ayuda a mejorar el bienestar.

Un ejemplo es la educación, en la que se ha venido cayendo el gasto real y lo que va quedando es la nómina “lisa y llana”. Se dice que el gran gasto son las becas, pero eso hace que no quede nada para otros programas relacionados con la calidad educativa. “No sólo hay menos recursos per cápita, sino que esos servicios se van deteriorando porque no hay capacitación, infraestructura, etcétera”, concluyó.