Los jóvenes privados de su libertad requieren espacios socioeducativos

Pensar el proceso penal de las y los jóvenes que se encuentran privados de su libertad en sistemas penitenciarios mediante el principio de justicia restaurativa permitirá visibilizarlos como sujetos de derechos y garantías. Este trabajo implica la intervención con familias y comunidades, así como la revisión del marco legal en México, señalaron especialistas en el Primer Encuentro Internacional de Investigación del Consorcio Global sobre Delincuencia Juvenil y su Prevención.

La sede del evento fue la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS). En la inauguración, Carmen Casas Ratia, directora de esa entidad universitaria, celebró esta iniciativa interinstitucional que permitirá mejorar las prácticas existentes en los sistemas legales y espacios penitenciarios a fin de lograr cambios a través de iniciativas locales y políticas internacionales.

“Las y los profesionales congregados en este encuentro trabajan colectivamente para ofrecer un marco interdisciplinario e internacional de vanguardia que permita comprender este fenómeno delincuencial y su prevención”, resaltó al inaugurar la jornada de trabajo organizada por el Consorcio global sobre delincuencia juvenil y su prevención de la Universidad de Indiana, Estados Unidos.

En el evento, realizado en el Auditorio Dr. Manuel Sánchez Rosado, participaron investigadoras e investigadores, así como equipos multidisciplinarios de América Latina, Norteamérica y Noruega, especializados en el área de la Educación, Educación Especial, Justicia Juvenil, Justicia Restaurativa, Trabajo Social, Sociología, Psicología y Orientación, con el objetivo de generar redes de cooperación e investigación en el área de la prevención de la delincuencia juvenil y adolescentes en situación de riesgo social, a través del intercambio de experiencias investigativas respecto a las y los jóvenes que se encuentran privados de su libertad en los sistemas penitenciarios juveniles de Estados Unidos, México, Brasil, Costa Rica y Noruega.

Informó que en México, al menos 30,000 niñas, niños y adolescentes participan de algún modo en actividades delictivas como la extorsión, el tráfico de personas, la piratería y el trasiego de drogas, entre otras.

“Los datos duros respecto a la delincuencia juvenil son alarmantes, aportaciones académicas como ésta contribuirán a generar conciencia acerca de los diversos desafíos que enfrenta la juventud especialmente en países marcados por añejas desigualdades sociales. El trabajo del Consorcio Global sobre Delincuencia Juvenil y su Prevención está llamado a convertirse en el principal centro de intercambio de información sobre estos temas ofreciendo estrategias de capacitación y prevención a profesionales, familias, académicas, académicos, legisladoras y legisladores con el objetivo de mejorar la educación y el trato de las y los jóvenes en centros penitenciarios” apuntó.

El número de personas condenadas a prisión sigue en aumento, y el porcentaje de mujeres crece más rápido que el de los hombres, agregó. “En los últimos 20 años la cifra de mujeres encarceladas se ha incrementado a un ritmo acelerado en un 33 % a diferencia de los hombres en un 25 %”.

En su intervención, Theresa Ochoa y Niki Weller, coordinadoras del Consorcio Global sobre Delincuencia Juvenil y su Prevención, enfatizaron que este espacio tiene el objetivo de integrar experiencias de diferentes latitudes, generar un diálogo y análisis desde diferentes perspectivas para comprender la delincuencia juvenil y promover su prevención.

En México, se cuenta con 56 centros de Atención Especializada, tratamiento o internamiento para adolescentes, de los cuales 15 son para hombres, 4 para mujeres y 37 mixtos. Reportes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos señalan que al menos en 9 de estos centros las condiciones en las que están las y los adolescentes son de hacinamiento” señaló Melissa Herrera Peña, egresada de la ENTS e integrante del equipo de trabajo de México en el Consorcio Global sobre Delincuencia Juvenil y su Prevención.

Durante las mesas de trabajo, las panelistas coincidieron en que se requieren más centros especializados para mujeres, ya que al encontrarse lejos de su sitio de origen se profundiza el abandono y aislamiento.

Asimismo, señalaron que la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes debe ser retomada por sus principios rectores: el interés superior de las infancias, la igualdad, la no discriminación, la inclusión y la accesibilidad para abonar a los derechos de las y los adolescentes.

Coincidieron en la necesidad de tener operadores capacitados y personas especializadas en el sistema de justicia para adolescentes, ministerios públicos y jueces que trabajen con un equipo interdisciplinario especializado en justicia para las infancias y adolescencias que están en centros penitenciarios.

Finalmente resaltaron la importancia de generar prácticas restaurativas no sólo enfocadas en abordar el delito sino desde la educación para trabajar una cultura de paz y prevención.