Desde 2015 hasta la fecha, en el país se ha reconocido el cambio de nombre y el género que figura en los documentos de identidad, a casi cinco mil personas. Sin embargo, hay cuestiones que no se pueden cambiar solamente a “golpe de ley”; en este tema se requiere del convencimiento de la población de que es mejor para todes vivir en sociedades incluyentes y tolerantes, asegura la académica del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG), Helena López González de Orduña.
Cuando respetemos el derecho a la identidad, a la autonomía y autodeterminación de las personas, viviremos en sociedades más felices, añade.
Con motivo del Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, que se conmemora el 31 de marzo, la experta en estudios culturales, literatura, estudios de género y sexualidad alerta que los problemas que enfrenta esa población son numerosos. Vive diferentes formas de desigualdad y discriminación, comenzando por la idea de que lo trans es una patología o enfermedad, una “diferencia incómoda”.
“No dejará de sorprenderme la estigmatización social, y el sufrimiento que ocasiona, algo en principio tan inocuo como que alguien decida expresarse con su cuerpo de cierta manera”, enfatiza.
Lo trans, detalla López González de Orduña, son las experiencias y expresiones de personas que en el momento del nacimiento son asignadas con un sexo y un género y que en el transcurso de sus vidas se desidentifican con esa atribución. “El término intenta comunicar esa multiplicidad de experiencias corporales y la resistencia al encasillamiento”.
Esta población también enfrenta varios tipos de violencias emocionales y físicas, las cuales se incrementan en los últimos años. La cifra del Observatorio de Personas Trans Asesinadas indica que en México, de 2008 a septiembre de 2021, se registraron 593 transfeminicidios, lo cual coloca a nuestro país en segundo lugar de las naciones donde más se comete ese delito, sólo después de Brasil.
No obstante, la cifra se refiere a registros oficiales y a un rango de tiempo acotado. “Hay que imaginar los números reales de esta y otras violencias”. Por eso es tan importante que el sistema de justicia funcione para este sector y para todos, recalca.
La universitaria cuestiona en qué nos amenaza como sociedad el hecho de que alguien se exprese corporalmente como quiera. “Detrás de tanta violencia contra la diversidad y la disidencia sexogenérica, lo que hay es un gran temor a contravenir la heteronormatividad”.
Aunado a lo anterior, subraya la integrante del CIEG, esa población padece violación de sus derechos humanos fundamentales a la identidad, educación, salud, trabajo, entre otros. Por ejemplo, es discriminada e incomprendida en los centros sanitarios, por lo cual se requieren más iniciativas como la Unidad de Salud Integral para las Personas Trans de la Ciudad de México, inaugurada el 1 de octubre pasado, única en el país y de referencia en Latinoamérica.
Helena López recalca la importancia del Estado para garantizar el pleno ejercicio de sus garantías, mediante la elaboración y generación de políticas públicas.
Avances legislativos
La universitaria reconoce los avances en materia de legislación: la Ley de Identidad de Género ha sido aprobada por casi la mitad de las entidades federativas (Ciudad de México, Coahuila, Colima, Chihuahua, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán. Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala); gracias a ella se garantiza el derecho a la identidad de género sin recurrir a peritajes médicos.
Sin embargo, acota, únicamente es aplicable a personas mayores de edad (con la salvedad de cuatro entidades federativas), quienes con un trámite administrativo pueden cambiar su identidad de género y su nombre, con efecto en distinta documentación.
Para los menores de edad, la Ciudad de México, por ejemplo, emitió en agosto pasado un decreto que permite a los adolescentes mayores de 12 años modificar la identidad de género en su acta de nacimiento, también mediante un proceso administrativo.
Aunque esas medidas representan avances, aún falta por hacer. Por ejemplo, se requieren leyes de cupo laboral, que en México no existen. “Hay una de referencia en el continente, en Argentina, donde una legislación fue aprobada hace poco tiempo para garantizar que en los espacios laborales públicos sean, al menos, en uno por ciento ocupados por personas trans”.