México desigual, por el poder corporativo

La concentración del poder de mercado por grandes empresas, así como el apoyo incondicional que éstas han recibido del Estado desde los años 70 del siglo XX, ha sido la fuente de las desigualdades que enfrenta la sociedad actual, coincidieron especialistas en el Seminario Universitario de la Cuestión Social del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED).

Ante académicos y expertos reunidos en el Auditorio Mtro. Jesús Silva Herzog del Posgrado de Economía, Carlos Brown Solà, director de Oxfam-México, detalló que la desigualdad extrema de la riqueza no deja de aumentar, lo que ha llevado a que los cinco hombres más ricos del mundo hayan duplicado sus fortunas desde el 2020, mientras que 5,000 millones de personas se han hecho más pobres.

Al presentar el informe El monopolio de la desigualdad. Cómo la concentración del poder corporativo lleva a un México más desigual, realizado por Oxfam, dijo que en el caso de México la fortuna total de los 14 ultrarricos mexicanos (con más de 1,000 millones de dólares) casi se duplicó desde el inicio de la pandemia; sus fortunas crecieron un 70 % en los últimos cuatro años, lo que equivale a la riqueza de la mitad de la población más pobre de América Latina y el Caribe, unos 334 millones de personas.

El documento, que puede ser consultado de manera pública en el sitio https://www.oxfammexico.org/, indica que esta acumulación de riqueza está estrechamente relacionada con la política, ya que por décadas los gobiernos han renunciado a regular su acumulación de poder e influencia.

El maestro en Economía por El Colegio de México precisó que las ganancias de las empresas capturaron el 60 % del incremento en precios de la economía mexicana de septiembre 2021 a septiembre de 2022, el periodo con el mayor aumento del costo de vida en las últimas dos décadas en el país.

Así, los ultrarricos en México acumulan cantidades extraordinarias de riqueza por medio de concesiones y permisos para explotar bienes que son propiedad de la nación, protegidos por el mismo gobierno y no necesariamente por la innovación constante o el desarrollo de nuevas tecnologías.

Concesiones y permisos

Por su parte, Fernando Alberto Cortés Cáceres, investigador del PUED, comentó que las cifras presentadas en el informe permiten calibrar la profunda desigualdad en la distribución del capital, que enfatiza que el origen de la fortuna de los actuales milmillonarios –que poseen 8.18 % de la riqueza–, se remonta a los años 70 y 80 del siglo pasado, cuando se privatizaron más de 1,000 empresas públicas, a la vez que el gobierno otorgó concesiones y permisos en telecomunicaciones, transporte, finanzas y el sector minero.

Eso permitió a los empresarios, con el apoyo del gobierno, imponer una estructura salarial que se observa en la escasa participación del trabajo en la distribución funcional del ingreso. Y se vio acentuado por la crisis derivada de la pandemia por la Covid-19, llegando en la actualidad a que los milmillonarios –en dólares– casi duplicaron su riqueza en relación con el inicio de la pandemia.

“El aumento del poder económico se relaciona con los poderes de mercado y el político. Son varios los canales que unen estos ámbitos, pero requieren investigaciones adicionales; por ejemplo, sobre los vínculos entre la alta burguesía y los poderes del Estado, así como el papel que tienen en influir o moldear las elecciones de los tres niveles de gobierno”, reflexionó Cortés Cáceres.

Mario Luis Fuentes Alcalá, coordinador del Seminario de Altos Estudios del Desarrollo del PUED, agregó que es imposible hablar de desigualdad sin tocar el tema de la discriminación, debido a que son las dos caras de una misma moneda; es decir, se trata del reflejo de aquellos que no poseen la riqueza. Obviamente, subrayó, el problema no se puede centrar en una definición que va por el patrimonio y la riqueza; es necesario considerar todas sus implicaciones.

En su momento, Enrique Provencio Durazo, coordinador del PUED, insistió en que toda la discusión remite a la calidad y las capacidades de intervención y regulación del Estado. En esa lógica, se preguntó cuáles serían las reformas institucionales necesarias para revertir esta situación.