Necesario, un enfoque de seguridad ciudadana

Ante el incremento de la delincuencia y los niveles de violencia que se registran en nuestro país, y frente a las limitaciones de un sistema de justicia que ha sido incapaz de crear condiciones de seguridad y paz, es urgente realizar un cambio en el modelo de prevención del delito, basado en la participación ciudadana a partir de los entornos comunitarios locales y familiares, advirtió Carolina Espinosa Luna, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM).

La universitaria explicó que se trata de una propuesta para pasar de un modelo policial de seguridad pública, a un modelo con un enfoque de seguridad ciudadana que va mucho más allá de militarizar, de incrementar el número de efectivos policiales, o de adquirir armamento de mayor letalidad. Es una propuesta alternativa que surge desde la academia, para atender los distintos factores generadores de la violencia e intervenir desde las fases más tempranas.

Apuntó que el diagnóstico no se trata de centrarse en indicadores objetivos de la violencia o del delito, sino también se deben considerar los subjetivos como la percepción de la gente y cómo están siendo afectados sus entornos por la inseguridad.

“Tener un enfoque de seguridad ciudadana implica involucrar a la propia ciudadanía en los procesos y en las propuestas de la violencia, es decir, un enfoque centrado más en las personas, los individuos y la necesidad de atender los contextos locales. No se puede prevenir la violencia o atenderla si no intervenimos en esas formas de vivir en colectivo y de organizarnos en sociedad y es un problema que no se reducirá con más militarización”, precisó.

Los detalles de la propuesta pueden consultarse en el libro Salud mental y violencia colectiva: una herida abierta en la sociedad, coordinado por Juan Ramón de la Fuente y Dení Álvarez Icaza y en el que Carolina Espinosa Lugo junto con María Cecilia Jaramillo Minchel, desarrollan y explican en qué consiste esta iniciativa para un nuevo modelo de prevención y reducción de las violencias.

La investigadora del CRIM destacó que una de las características centrales de la propuesta es que no se trata de impulsar medidas universales o generalizadas en un entorno nacional, sino por el contrario el modelo está marcadamente enfocado a la participación de la gente, orientado a los contextos locales, y su instrumentación está referida a generar procesos participativos comunitarios, en donde la gente identifique y reconozca los principales problemas que afectan a sus localidades y se empiecen a gestar soluciones con el apoyo de las autoridades para articular los distintos esfuerzos colectivos en los ámbitos más micros o más locales de una comunidad.

Indicó que junto con algunos investigadores del CRIM ya se realizó un primer ejercicio para implementar este modelo de prevención de la violencia en una comunidad del estado de Zacatecas. Ahí hicimos una exploración diagnóstica con la gente de la localidad, se sostuvieron reuniones con grupos de hombres, de mujeres, con jóvenes, profesores, y autoridades, con quienes se platicó sobre los principales problemas de violencia que enfrentan, cómo les afecta en su vida cotidiana y a que atribuyen esas problemáticas.

A partir de su propia percepción, del diagnóstico de cada uno de los grupos de la población se pudieron identificar tres factores centrales de riesgo generados por la delincuencia: la violencia contra las mujeres en el hogar, el consumo de drogas entre los jóvenes y los procesos de victimización por desaparición y/o homicidios.

“Un poco así funciona, desde la etapa del diagnóstico colaborativo y participativo, la recopilación de evidencia, el diseño de medidas con aportaciones de la misma gente, de acuerdo con sus recursos, y posteriormente de la evaluación de los resultados. Se trata de medidas diseñadas acordes a los contextos de cada localidad, buscando atender las causas de la violencia y no únicamente llevando más militares o aplicando medidas más punitivas”.

Espinosa Luna subrayó que hace falta mayor inversión en investigación y apoyo para implementar este tipo de iniciativas encaminadas a la prevención de las violencias, pues de lo contrario, si no se buscan alternativas y se mantiene el modelo actual, las comunidades van a seguir abandonadas, cada vez más aterrorizadas, pero sobre todo una población más vulnerable frente al crimen organizado.

“Si alguien tiene la capacidad de liderar y ejecutar este tipo de medidas son precisamente los universitarios, que cuentan con los conocimientos y las herramientas necesarias para hacerlo con base en la evidencia científica y anteponiendo las ciencias sociales al servicio de una mejor vida colectiva”, concluyó.