Ningún juzgado civil puede negarse a celebrar una boda entre personas del mismo sexo

Con la legalización del matrimonio igualitario en todo el país, México ha dado un paso histórico en el reconocimiento de la diversidad, la inclusión y las libertades y ahora es necesario armonizar todas las leyes a fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos para todas las personas, aseguró Denisse Paulette Campuzano Ramos, profesora investigadora de la Facultad de Derecho (FD).

La académica universitaria refirió que una vez que las 32 entidades federativas al aprobar las reformas respectivas para avalar el matrimonio igualitario será necesario impulsar una armonización legal para contar con un marco normativo común en la nación entera, toda vez que en algunas entidades, el matrimonio entre personas del mismo sexo, solamente se permite por decreto, como es el caso del estado de Chihuahua o Guanajuato; o bien, por orden judicial, como en los estados de Aguascalientes, Chiapas y Nuevo León.

“Estamos ante un progreso de gran trascendencia en el sistema jurídico mexicano, pues con las reformas se garantiza el derecho de todas las personas a mantener una identidad propia y para ello ahora es necesario unificar los criterios legales a fin de que estén acordes con los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, señaló.

De igual forma, Campuzano Ramos consideró que para hacer efectivo el ejercicio pleno de los derechos de todas las personas, es necesario impulsar también una reforma a la ley sustantiva civil o familiar que además de permitir una armonía legislativa, permitirá garantizar de manera integral otros derechos vinculados para aquellas personas que decidan formalizar una relación a través de la figura del matrimonio igualitario.

Enfatizó que en toda ley sustantiva se deben considerar, sin distinción, los mismos derechos y obligaciones para todas las personas, incluido el derecho a formar una familia, así como otras garantías individuales fundamentales de las que goza cualquier otro ciudadano o ciudadana.

Armonización de las normas

En la armonización de las normas sobre el matrimonio igualitario, destacó, deben garantizarse otros derechos como el de la adopción, las herencias, el servicio de salud para la pareja, la pensión alimenticia, el cambio de nombre y sexo, la expedición de nuevas identificaciones oficiales como actas de nacimiento, pasaporte o credencial del INE, en los que se reflejen la identidad de género que la persona defina por y para sí, entre otros.

De igual forma, es importante que se establezca en la legislación el acceso a derechos migratorios cuando la pareja decida casarse en el extranjero, y en el caso de las parejas de mexicanos del mismo sexo residentes en el extranjero que deseen contraer matrimonio según la ley mexicana podrán hacerlo en cualquiera de sus consulados.

Por otra parte, la especialista destacó que una vez que ya se decretó la legalidad de los matrimonios igualitarios en todo el país, ningún juzgado podrá negarse a celebrar una boda civil entre personas del mismo sexo, pues en ese caso, no sólo estará incumpliendo las disposiciones legales, sino que además estaría violentando el derecho a la igualdad y a la no discriminación y podría estar incurriendo en el delito de abuso de autoridad o ejercicio indebido de funciones.

En todo caso, dijo, un juez puede excusarse por motivos personales, sin embargo, legalmente aún no está claro si puede apelar a la llamada objeción de conciencia, que se aplica en casos específicos del sector salud, pues aún es un tema pendiente que deberá debatirse y resolverse en el ámbito jurídico, pero lo que es un hecho es que, el juzgado civil como institución, no puede negarse a validar la celebración de un matrimonio entre personas del mismo sexo a menos de que existan causas graves, mismas que se establecen para todos los casos.

Por otra parte, la investigadora de la FD consideró que aun cuando hay muchos frentes abiertos y varios pendientes en materia de igualdad y respeto a la diversidad, el matrimonio entre personas del mismo sexo representa un gran avance jurídico y social, al eliminar todo lo negativo que implica una legislación basada en la prohibición. “Podemos decir que estamos quitando poco a poco esa parte conservadora que durante muchos años y a lo largo de la historia prevaleció en la ley y estamos avanzando hacia un país más liberal en donde el ejercicio pleno de los derechos humanos está ganando terreno por encima de las cuestiones ideológicas y religiosas”, concluyó.