Padecen mujeres violencia obstétrica en México
Maltrato y “atención no autorizada” en instituciones de salud públicas y privadas
“¿Así gritaba cuando se lo hicieron?” o “cuándo se lo hicieron, ahí sí abrió las piernas, ¿no?
Son frases que forman parte del lenguaje de la violencia obstétrica que en Mexico el 25 por ciento de las mujeres embarazadas, en parto o puerperio padecen en las instituciones de salud.
Como no se percibe como una afectación a los derechos humanos, el maltrato u omisiones en la atención a su salud podría ser mayor, dice la doctora Angélica Ramírez Elías, de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM.
Más allá del concepto
La violencia obstétrica se definió formalmente en Venezuela en el año 2007 como “la apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por el personal, que se expresa en un trato deshumanizado, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad, impactando negativamente en la calidad de vida de las mujeres”
La violencia obstétrica incluye gritos, ofensas, amenazas, omisiones y castigos, así como procedimientos autoritarios para imponer un método anticonceptivo a las mujeres o para realizar una cesárea, a los cuales se ha llamado “atención no autorizada”, apuntan los doctores Roberto Castro y Sonia M. Frías, del Centro Regional Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM, UNAM), autores de Violencia obstétrica en México: resultados de la ENDIREH 2016 (Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, del INEGI).
Ética e interculturalidad
Cuando no tuvieron control prenatal y llegan al parto sin información previa, médicos, enfermeros y camilleros las responsabilizan con frecuencia de las complicaciones que pudieran presentar, ellas y sus bebés, asegura Ramírez Elías, de la ENEO.
Es necesario que las escuelas de medicina y enfermería enseñen a los profesionales de la salud a actuar con ética y que las mujeres no sean vistas como “medios didácticos” que pueden “tocar y practicar”. En la ENEO ya hay simuladores para aprender antes de tener contacto con las pacientes.
De las 32 entidades de México, solo 17 cuentan con reglamentación específica sobre la violencia obstétrica. En Chiapas e Hidalgo se han implantado modelos de atención basados en la interculturalidad. En el Hospital de la Mujer de San Cristóbal de las Casas participan parteras y se usan prácticas tradicionales, dice la maestra Leticia Hernández Rodríguez, también de la ENEO.
Cesáreas, más por urgencias
En México -agregan Castro y Frías, del CRIM- en los últimos cinco años, cerca de 8.7 millones de mujeres (de 15 a 49 años) tuvo al menos un hijo nacido vivo. De ellas, casi el 43 por ciento tuvo a su bebé por cesárea, según la ENDIREH 2106.
En 2014 se registraron dos millones 463 mil 420 nacimientos en el país. El 46% fueron por cesáreas (46 de cada 100 programadas y el resto, urgencias), agrega Hernández Rodríguez, de la ENEO.
Resultados de la ENDIREH 2016
El 11.2 por ciento sufrió gritos y regaños durante el parto.
El 10.3 % dijo que el personal se tardó “mucho en atenderla porque decían que gritaba o se quejaba mucho”.
El 9.9% fue ignorada cuando preguntaba sobre el parto o su bebé.
El 9.2% fue obligada a permanecer en una posición incómoda o molesta.
El 7% sufrió ofensas y humillaciones del personal.
Casi el 5% de las mujeres señaló que el personal se negó a anestesiarla o ampliar el bloqueo para disminuir el dolor, sin dar explicaciones.
Y al 3.2%, tras el parto, le impidieron ver, cargar o amamantar a su bebé, durante más de 5 horas y sin causa alguna o sin que les informaran qué causó la tardanza.
Atención no autorizada
El 9.2% fue presionada para que le pusieran un dispositivo o la
operaran para ya no tener hijos.
Al 4.2% se les realizó alguno de estos procedimientos, sin avisarles o sin su consentimiento.
El 1.7% reportó haber sido obligada a firmar un papel sin conocer de qué se trataba.
Y al 10.6% de las mujeres que tuvieron cesárea, no se les informó con claridad que era necesaria y del 9.6% no otorgó su autorización.
Prevalencia por estados
En violencia y maltrato, la Ciudad de México tiene la más alta proporción de reportes: 30.5%. Le siguen un grupo con 25%: Estado de México, Querétaro, Aguascalientes, Coahuila, Tlaxcala, Yucatán, Jalisco, Morelos e Hidalgo. Con más baja pero aún muy elevaba prevalencia: 20%, están Chihuahua, SLP, Guerrero, Sonora Nuevo León y Campeche. Chiapas es la única entidad por debajo del 15%.
En atención no autorizada: con 20% están Tlaxcala, SLP, Guanajuato, Puebla y Veracruz. Por debajo del 15% se ubican Coahuila, Quintana Roo, Colima, Guerrero, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Nayarit, Sinaloa, Chihuahua. Y con prevalencia menor a 10%, Chiapas.
En colocación de DIU o esterilización sin consentimiento: las más altas prevalencias son para Baja California y Puebla ( 6.7%), seguidas de Veracruz (6.5) y Tabasco, Estado de México y SLP (arriba de 5%). Con prevalencias más bajas están Chiapas, Colima, Campeche y Aguascalientes. Chihuahua es la única con prevalencia menor a 2%.
Más, en mujeres sin pareja
La violencia obstétrica se presenta con mas frecuencia en mujeres sin pareja que en mujeres unidas o casadas. Atención no autorizada, se da sobre todo en solteras, con promedio de edad de 27.7 años. Y no parece estar asociada con los años de escolaridad.
Por nivel económico
Mayor prevalencia tanto de “abuso y violencia” como de “atención no autorizada” en la medida que disminuyen de nivel (alto, medio y bajo) y es ligeramente más alta en quienes promedian 10 años de escolaridad que en las de 10.1 años.
Por instituciones
Abuso y vigencia se presenta con mas frecuencia en instituciones de salud estatal (29%) seguidas del IMSS (28.7) y Centros de Salud (26.5). La atención no consentida ocurre más en el IMSS (22.7), seguido de instituciones estatales de salud (18.7%) y Centro de salud (16.7%)
Los resultados de la ENDIREH 2016, para Castro y Frías, indican que la violencia obstétrica la han padecido millones de mujeres en México, tanto en instituciones públicas como privadas de salud.