Para elegir juezas y jueces debe haber un voto informado

En la próxima reforma del Poder Judicial es importante contar con un voto informado para elegir a las personas juzgadoras, pues se necesita que sean expertas y los votantes no están capacitados para evaluar sus capacidades, coincidieron especialistas de Bolivia reunidos en la UNAM.

Consideraron de gran relevancia mejorar la carrera judicial, y poner a debate si se tiene que elegir por voto popular a los jueces y juezas, ya que en la experiencia boliviana a veces los candidatos peor evaluados fueron los más votados por cuestiones ideológicas.

En 2011, 2017 y 2023 ese país sudamericano celebró elecciones judiciales, convirtiendo a Bolivia en la única nación que selecciona a las máximas autoridades del órgano judicial y del tribunal constitucional por voto popular.

Por eso, un grupo de expertos bolivianos dialogaron con universitarios sobre dichas experiencias, en el contexto de la próxima reforma del Poder Judicial que se avecina en nuestra nación.

“En México estamos en un momento decisivo, pues el dictamen de iniciativa de reforma judicial propuesta por el Presidente de la República está por discutirse el próximo 26 de agosto en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. En un periodo de dos años podrían remover a todas las personas juzgadoras del país a nivel federal y local y serían sustituidas mediante voto popular”, señaló Laurence Pantin, coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa.

Participante del Webinar Eligiendo juezas y jueces: el caso boliviano y la iniciativa de reforma judicial en México, Pantin sostuvo que el sistema propuesto no garantiza que las personas candidatas sean idóneas para desempeñar la función judicial.

En una primera ronda moderada por Úrsula Indacochea, de la Fundación para el Debido Proceso, José Antonio Rivera, catedrático de derecho constitucional en Bolivia, explicó que el sistema de selección y designación de altas autoridades judiciales en su nación fue producto de una reforma del 2009, resultado de una acumulación de demandas de reivindicación provenientes principalmente de los pueblos indígenas originarios que han sufrido marginación y exclusión históricamente.

“Fueron demandas por transformar un viejo Estado centralizado y excluyente y una búsqueda por una mejor redistribución de la riqueza social”.

Detalló que Bolivia atravesaba una profunda crisis del sistema judicial del Estado desde décadas atrás, caracterizada por la sistemática violación del acceso a la justicia y la injerencia política que debilitó la independencia judicial.

En ese cambio, los argumentos para elegir a los juzgadores por voto popular fueron que se otorgaría legitimación democrática directa a las y los magistrados, se proscribiría la injerencia política y se garantizaría la independencia judicial.

Soraya Santiago, investigadora boliviana especializada en temas de justicia, recordó que antes de la reforma de 2009 en Bolivia, era el Congreso el que elegía políticamente a las autoridades judiciales.

“A partir de la constitución del 2009 sigue siendo la Asamblea Legislativa la que elige a las autoridades, pues el pueblo vota en una preselección. El gran inconveniente de esta etapa es que tanto en el proceso de 2011 como en el de 2017 la Asamblea Legislativa es monopolio de un único partido, y no hay ese pluralismo político que se requiere para una elección”, afirmó.

Rosario Baptista, exvocal del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, dijo que hoy se trata de un proceso distinto, con postulaciones individuales que no están promovidas por ningún partido político, o no deberían estarlo.

“Son personas que no tienen ningún vínculo con la gente, no son caras conocidas, por lo que es muy difícil que las personas las identifiquen. Tampoco tienen campaña electoral y deben ser abogados y ser visibles en términos académicos para el ejercicio legal de la profesión”.

Consideró que el proceso tiene muchos vicios y no hay mecanismos para que el electorado tome decisiones informadas.

Desinformación

En una segunda ronda moderada por Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho de la UNAM, Susana Saavedra, directora de la Fundación Construir, de Bolivia, acotó que en los procesos de elección de juzgadores hay mucha desinformación sobre los candidatos, y consideró esencial que éstos presenten informes para que la sociedad civil pueda conocer sus trayectorias.

“Es indispensable también la voluntad de las autoridades para tener apertura y transparencia en este tipo de procesos”, indicó.

Por último, Luis Pásara, académico e investigador especializado en temas de justicia en Bolivia, insistió en la importancia de contar con un voto informado, pues en su país la información sobre los candidatos al poder judicial fue muy pobre.

Cuestionó si los ciudadanos tienen criterio para escoger a determinado candidato como la persona idónea para ser el mejor juez e ir al Tribunal Supremo.

Dijo que los requisitos para los jueces en los tratados internacionales distancian de la posibilidad de aplicar un voto popular para su elección, pues se necesitan evaluar los méritos académicos del candidato.

“En México se elegirán a muchos jueces y es importante señalar que el ciudadano de a pie no tiene elementos para hacer una correcta elección de los mismos”.