Pese a legalización de cannabis, persiste venta ilegal

Las licencias para establecer un negocio de marihuana son costosas, y se privilegia a las grandes corporaciones

En Estados Unidos y en Canadá son costosas las licencias para establecer un negocio de venta legal de marihuana, y se privilegia a las grandes corporaciones, por lo que siguen existiendo mercados ilegales, afirmaron los especialistas Aarón Díaz Mendiburo y Robert Chlala.

Al participar en el conversatorio “La industria de la cannabis y su fuerza de trabajo en Estados Unidos y Canadá”, organizado por el Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN), estimaron que incluso hay compañías que operan en los dos mercados, tanto en el formal como en el ilegal.

Díaz Mendiburo, académico del CISAN, expuso que de acuerdo con The Global Cannabis Report, en 2019 se estimaba que unos 263 millones de personas eran consumidoras de esta planta en el mundo. Ante ello, esta industria “del oro verde” se ha visto en la necesidad de incrementar el número de empleados. Para 2020 se proyectaban 238 mil empleos sólo en los lugares donde su consumo se ha legalizado.

En Canadá, por ejemplo, en 2018, se calculaba que existían unos 10 mil trabajadores en este sector, pero aumentarían hasta 150 mil en los años siguientes.

Muchos de ellos son empleados temporales que llegan de otras naciones, como México, Guatemala o Jamaica, y enfrentan condiciones salariales y de vivienda precarias. Es una industria naciente, pero sin seguridad para sus trabajadores.

Otro porcentaje importante llega como turista y trabaja en los campos de cultivo pensando que como en esa nación hay estados que han legalizado el uso recreativo y/o medicinal de la planta, todos los agricultores cuentan con licencia para sembrarla; pero no es así. “Gran parte sigue siendo ilegal en términos jurídicos”, dijo.

En tanto, Robert Chlala, profesor adscrito al Departamento de Sociología Urbana de la Universidad Estatal de California en Long Beach, comentó que en Estados Unidos se estima que hay cerca de medio millón de trabajadores en ese sector. En Los Ángeles podría haber unos 200 mil, pero no se sabe con certeza, ya que no todos declaran laborar en este rubro debido a que todavía hay mucho mercado ilegal.

En 2015, añadió, se estimaba que había cerca de dos mil dispensarios en esa ciudad con unas cinco o seis personas trabajando en cada uno de ellos.

Falta transparencia

El encuentro a distancia fue moderado por la directora de la sede UNAM-Los Ángeles (e investigadora del CISAN), Silvia Núñez García, quien se pronunció porque haya acercamiento entre México, Estados Unidos y Canadá para abordar las problemáticas en torno al mercado laboral de la cannabis, así como trabajar por erradicar la estigmatización de quienes consumen esta planta.

Díaz Mendiburo, doctor en antropología y quien estudia el tema de la responsabilidad social-empresarial en la industria de la marihuana, añadió que hace falta mucha transparencia en este sector de la economía, pues los trabajadores deben firmar acuerdos para no hablar acerca de su labor, por lo que las investigaciones suelen hacerse con personas que ya han sido despedidas.

El también documentalista compartió que estudia cómo las artes han logrado “deconstruir” el estigma en torno a la cannabis que genera violencia y la criminalización de grupos como los afrodescendientes, los latinos y los asiáticos.

Robert Chlala, también profesor visitante en la Universidad de California en Los Ángeles, aseveró que la línea entre lo formal e informal en este mercado es muy delgada, borrosa. Además, que la policía hace “redadas” para cerrar tiendas que luego surgen en otros lugares, por lo que estimó que existen compañías que trabajan en “los dos mundos”: el legal e ilegal.

Asimismo, aseveró que en los vecindarios de alto poder adquisitivo no son bien vistos estos negocios y suelen cerrar pronto.

Tras las pasadas elecciones intermedias en la Unión Americana, dijo, 21 estados han aprobado el uso recreativo de esta planta y 38 su uso medicinal. En Nueva York está la legislación más progresista, mientras que en Florida son cinco grandes empresas las que controlan todas las licencias.

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