Jornadas del IIJ y la Universidad de Guanajuato
Piden abogados impulsar el criterio de oportunidad
Es una figura jurídica que consiste en la posibilidad de que el ministerio público se abstenga de ejercer acción penal, siempre que se hayan reparado los daños causados a la víctima u ofendido
En México se debería impulsar el criterio de oportunidad, una figura jurídica contemplada en el artículo 21 de la Constitución, la cual consiste en la posibilidad de que el ministerio público se abstenga de ejercer acción penal, siempre que se hayan reparado los daños causados a la víctima u ofendido, recomendaron abogados reunidos por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM y la Universidad de Guanajuato.
Al inaugurar las XXIII Jornadas sobre Justicia Penal, dedicadas este año a “Orientaciones para una política criminal integral en el sistema mexicano”, Mónica González Contró, directora del IIJ, señaló que este evento es de larga tradición.
“Se ha convertido en el espacio académico de excelencia para reflexionar, debatir, tener un acercamiento crítico de nuestro sistema de justicia penal en México desde una perspectiva teórica, pero también práctica, de donde han salido propuestas muy importantes”, afirmó.
Dijo que en esta edición se combinan temas de la tradición clásica, como el sistema acusatorio en México, pero también aproximaciones novedosas como cuestiones de género, migración y criminalidad, desaparición forzada, populismo punitivo, sistema nacional anticorrupción y una reflexión muy necesaria sobre paz y seguridad.
Con la moderación de Sergio García Ramírez, y organizado por él y por Olga Islas de González Mariscal, ambos del IIJ, en la inauguración también estuvo presente el rector de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, quien agradeció la coparticipación en un evento tan relevante y de gran actualidad.
Durante la Mesa 1, dedicada al Sistema Acusatorio, Miguel Ontiveros Alonso, egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, profesor de la Escuela Libre de Derecho y de la Universidad Autónoma de Chiapas, se pronunció en favor de implementar el criterio de oportunidad, siempre que éste sea eficaz, esencial, y que aporte información sobre un delito más grave del que se acusa.
Consideró que colaborar es lo que hace a una persona buscar un criterio de oportunidad, que es una alternativa para resolver el delito.
En su participación, Chrístel Rosales Vargas, de la asociación civil México Evalúa, también se pronunció por explorar alternativas legales como el criterio de oportunidad y documentó que la incidencia delictiva en el país está a la alza y se recupera a niveles de antes de la pandemia.
Con datos oficiales de diversas fuentes como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, documentó que el promedio diario de delitos fue de cinco mil 44 en 2020, y subió a cinco mil 600 para 2021. Los principales incrementos fueron en puntos porcentuales los siguientes: en violación (+28.1), violencia familiar (+15.3), trata de personas (+12), extorsión (+10) y lesiones (+10).
En cuanto a las víctimas anotó que hubo 22.1 millones de ellas en 2021, cifra mayor al 21.2 de 2020. Consideró que en 10.8 millones de hogares se registró al menos una víctima, lo que representa 29 por ciento de éstos. Respecto a la violencia letal, comentó que hubo 35 mil 625 homicidios en 2021, 28 por cada 100 mil habitantes. Para el primero de octubre de 2022 hay 105 mil 868 personas desaparecidas, contra 22 mil 266 en 2021.
Rosales Vargas también comentó que existe desconfianza de la ciudadanía en el sistema de justicia, por lo que 32.5 de las personas en 2022 no denunció por considerarlo pérdida de tiempo; mientras que 14.8 por ciento no lo hizo por desconfiar de la autoridad.