Presentan documento sobre riesgos de desastres

En México, toda la población está expuesta a algún tipo de riesgo: sismos, inestabilidad de laderas, inundaciones o tsunamis… y a pesar de que los niveles de riesgo siguen en aumento, así como los daños y pérdidas por desastres, ninguno de los candidatos a la Presidencia de la República le ha dado importancia al tema, que está completamente ausente en sus agendas, señalaron expertos en la UNAM.

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, entre 2000 y 2014 las pérdidas al respecto se estimaron en dos mil 147 millones de dólares.

Por ello, un grupo de especialistas, en el que participan integrantes de la Universidad Nacional, presentaron el documento El futuro de la gestión integral del riesgo de desastres en México: una visión de política pública desde la academia, que será entregado a los candidatos, así como al resto de los aspirantes a un cargo de elección popular.

Política prácticamente inexistente

Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía (IGg), recordó que México está expuesto a fenómenos naturales de todo tipo, y no gestionar de manera integral el riesgo nos lleva a aumentar la vulnerabilidad de la población.

Tras leer el texto en rueda de medios, Irasema Alcántara Ayala, investigadora y exdirectora del IGg, explicó que en nuestro país la falta de una política de ordenamiento territorial está directamente asociada a la construcción del riesgo de desastres. Predomina la ocupación improvisada para asentamientos humanos y el desarrollo de actividades productivas, que han generado altos niveles de informalidad en el crecimiento de las ciudades.

La experta recordó que los desastres no son naturales, sino socialmente construidos, “lo que implica que la transformación de los fenómenos físicos en amenazas, resulta de la actividad humana”.

Sergio Puente, de El Colegio de México, dijo que las políticas públicas en torno a este tema deben plantearse no para la contingencia, como se hace actualmente, sino para el mediano y largo plazos. “Hay que pasar de una cultura de emergencia a una de prevención y de corresponsabilidad social”.

Tienen que minimizarse los efectos negativos (en vidas y bienes) de los eventos naturales y sociales a los que estamos expuestos. “Es lo que llamamos una vulnerabilidad institucional; tenemos un marco normativo más o menos consistente, pero un déficit en su implementación”.

Puente expuso que de 2004 a 2014 se han invertido 231 mil millones de pesos en atención a desastres y emergencias, y sólo dos mil 100 millones de pesos en prevención.

También hay que duplicar los esfuerzos de vinculación de la ciencia con las políticas públicas, y que las autoridades que tienen la responsabilidad de la gestión del riesgo de desastre se vean respaldadas por la evidencia científica, abundó Alcántara.

Los nueve firmantes del documento provienen de diferentes instituciones como la UNAM, El Colegio de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Iberoamericana y el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social.