La Agenda socioambiental 2024: diagnósticos y propuestas, que contiene sugerencias de científicos de la UNAM y de otras entidades universitarias y organizaciones dedicadas a la preservación ambiental, fue presentada en esta casa de estudios.
Leticia Merino Pérez, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y coordinadora del documento (junto con Cecilia Navarro, titular de la colectiva Cambiémosla Ya), fue la encargada de dar una introducción y hablar de la historia del mismo en la Unidad de Posgrado de la Universidad Nacional.
Ante el exrector de la UNAM José Sarukhán Kermez y otros expertos, Merino Pérez rememoró que hace siete años se consolidó la Agenda Ambiental 2018. Se documentaron procesos de deterioro ambiental, injusticia y vulnerabilidad, sobreexplotación y contaminación de numerosos acuíferos; seguridad alimentaria; pérdidas importantes de biodiversidad, bosques nativos y de agrobiodiversidad; transición energética; entre otros problemas.
Seis años después, añadió, la Agenda socioambiental 2024 expone que esas situaciones se mantienen y, en algunos casos, se han profundizado. “Hay dos condiciones en las cuales se deben orientar las investigaciones y la política pública: desigualdad ambiental y captura corporativa (se da prioridad a las empresas por sobre los ciudadanos), que impiden avances hacia condiciones de mayor sustentabilidad y justicia”.
Propuestas
Omar Arellano Aguilar, profesor e investigador de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra de la UNAM y coordinador del capítulo dedicado al agua, señaló que se sugieren, entre otras acciones, reemplazar la Ley de Aguas Nacionales por una Ley General de Aguas; poner fin al sobreconcesionamiento y reconocer los derechos de núcleos agrarios; elaborar planes metropolitanos para terminar con fugas y huachicoleo; y abrir los procesos para determinar la distribución del vital líquido en presas y derivadoras, garantizando reservas.
En tanto, el investigador de la Universidad de Guadalajara, Enrique José Jardel Peláez, mencionó que el principal problema que enfrentan la biodiversidad y los bosques de México es la deforestación ocasionada por la expansión de la agricultura comercial, ganadería extensiva, urbanización, minería, así como construcción de infraestructura y desarrollos turísticos.
María del Coro Arizmendi Arriaga, directora de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, planteó que entre las acciones a realizarse, en materia de plaguicidas, hay la necesidad de elaborar una Ley General de Plaguicidas, crear un sistema nacional de información y vigilancia intersectorial sobre su empleo, y prohibir el uso en las campañas de salud pública.
A su vez, Beatriz Olivera, directora ejecutiva de la organización civil Engenera, sugirió conseguir el máximo ahorro de energía en la transformación, distribución y uso final de los combustibles fósiles; asimismo, emplear energías renovables locales que pueden satisfacer gradualmente las necesidades en la materia, por mencionar algunas soluciones.
Manuel Llano, director de CartoCrítica, expuso que en minería lo que falta es diseñar un marco regulatorio que limite el consumo de agua de laboreo; acortar la duración de las concesiones; establecer un límite para la superficie a concesionar y prohibir las técnicas de alto riesgo e impacto ambiental, como es la minería a cielo abierto, entre otras medidas.
Nancy Merary Jiménez Martínez, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, precisó, en cuanto a los residuos, que urge conformar un Sistema Nacional de Información en la materia para la toma de decisiones; legislar sobre medidas de reducción y/o eliminación de su uso en el ámbito federal; y regular, controlar y verificar el etiquetado “ecológico” de envases y embalajes.
Durante la presentación, la coordinadora general de Estudios de Posgrado de la UNAM, Cecilia Silva Gutiérrez, destacó que en un contexto de crisis climática, pérdida de biodiversidad y crecientes desigualdades, la Agenda representa un esfuerzo global para enfrentar, de manera decidida, los retos concernientes al medioambiente y la justicia social.
Presente y futuro
A su vez, Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Relaciones Exteriores, dijo: “Nos interesa una política ecológica y ambiental humanista, que alcance a las generaciones presente y futura; desterrar el paradigma neoliberal extractivista, el derecho al medio ambiente y, sobre todo, recuperar la rectoría de los recursos naturales”.
Thelma Castro Romero, vicepresidenta de la Academia Mexicana de Ciencias e investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (UNAM), en representación de Rosaura Ruiz Gutiérrez, asesora en educación de la Organización de Estados Iberoamericanos, comentó: “En la naciente dependencia (Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación) se han considerado varios de los temas socioambientales expuestos y las propuestas que, a la larga, pueden constituirse en solución”.
Detalló que parte del programa de trabajo plantea la implementación de la red para la sostenibilidad alimentaria y un programa nacional para la protección del medio ambiente, entre otros.
Para Mariana Boy Tamborrell, titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, el documento es un insumo valioso para la labor que se realizará en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Los problemas identificados son, sin duda, los más graves que enfrenta el país en materia de socioambiental.
El documento está disponible en la dirección electrónica https://agendasocioambiental2024.mx