Deben ser atendidos de manera transversal
Problemas alimentarios y climáticos del mundo ya están entrelazados
Se vive una sindemia, es decir, una sinergia de pandemias que interactúan y comparten determinantes sociales: Sara del Castillo, especialista colombiana invitada por el CEIICH
Los problemas alimentario y ambiental que se padecen en el mundo deben ser atendidos de manera transversal, pues ambos están entrelazados en las formas de producción y consumo de alimentos y afectan tanto la biodiversidad como la forma en que comemos, afirmó Sara Eloísa del Castillo Matamoros, académica del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia.
En esta tendencia mundial al cambio en la forma de cultivar, procesar y consumir alimentos es indispensable mantener la justicia alimentaria para los trabajadores del sector, muchos de ellos campesinos y pequeños productores locales, señaló la también integrante del Observatorio de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional del país sudamericano.
Del Castillo Matamoros fue invitada a la UNAM por especialistas del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH), entidad donde dictó la conferencia Transiciones alimentarias y su vínculo con las transiciones energéticas: ¿hay cabida para la justicia alimentaria?
Ante Ayari Pasquier Merino, investigadora del CEIICH –quien fungió como presentadora del evento híbrido–, Del Castillo Matamoros destacó que en el mundo se vive una sindemia, es decir, una sinergia de pandemias que interactúan y comparten determinantes sociales.
“Problemas como obesidad, desnutrición y cambio climático se retroalimentan y se agravan, teniendo como causas comunes el sistema alimentario industrializado, la huella de carbono, la economía de consumo y la captura corporativa de los alimentos”, indicó.
Sobre esta sindemia global, la especialista comentó el Informe EAT-Lancet 2019, que recomienda desarrollar un tratado global que limite la influencia política de la industria alimentaria; redireccionar los subsidios gubernamentales hacia productos saludables y sostenibles; así como promover las dietas saludables y los sistemas alimentarios locales.
Dijo que dicho Informe también sugiere la regulación del transporte y la movilidad urbana; la educación y la concientización sobre los efectos de la sindemia; y el fortalecimiento de la participación ciudadana.
Respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por los alimentos, la especialista en nutrición recordó que la agricultura es responsable del consumo de 30 % de la energía mundial y 22 % de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Relató que se produce metano por el ganado bovino, óxido nitroso por los fertilizantes, dióxido de carbono por la deforestación, así como otras emisiones por el estiércol, el arroz, la quema de terrenos y los combustibles.
“Todos los eslabones del sistema alimentario corporativizado impactan el ambiente negativamente, y otras fuentes de emisiones son la refrigeración, el transporte, los desechos industriales y la gestión de desechos.”
Respecto al desperdicio de alimentos y energía, Del Castillo Matamoros dijo que según datos de 2021 del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en ese año hubo 931 millones de toneladas de alimentos desperdiciados, lo que corresponde a 17 % de los producidos.
“Además, los desperdicios de alimentos y energía son responsables de entre el 8 y 10 % de las emisiones de gases de efecto invernadero, mientras en el mundo se mantiene la injusticia social con poblaciones humanas que padecen hambre y desnutrición”, mencionó.
Para lograr una transición energética justa, la especialista recomendó reducir la dependencia de combustibles fósiles, aumentar el uso de energías renovables, así como mantener criterios de equidad, participación social y sostenibilidad. “En América Latina tenemos un gran potencial para lograrlo, pero enfrentamos desafíos de financiamiento, resistencia y vulnerabilidad”, comentó.
Para tener transiciones alimentaria y energética justas, la experta consideró necesaria una distribución equitativa, con beneficios y costos hacia una producción sostenible; trabajo digno y justicia social, con un acceso universal a alimentos apropiados y bienestar de productores; así como inclusión y capacitación de la comunidad, para que ésta pueda tener un empoderamiento ante los desafíos de la acción climática.