Integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Con la reforma constitucional en materia de justicia está en juego el acceso a una justicia imparcial, pronta y expedita para millones de personas. Empero, como está planteada la iniciativa, no se garantiza la independencia de los futuros ministros y ministras, toda vez que se confirma el esquema de afinidad de los aspirantes hacia un proyecto político, señalaron académicos de la UNAM.

En los Foros Reforma Constitucional en Materia de Justicia, organizados por esta casa de estudios, Pedro Salazar Ugarte, investigador y exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), mencionó que en México la reforma más ambiciosa en ese ámbito “empieza por lo local y por encontrar los mecanismos a través de los cuales podemos fortalecer los tribunales que son a los que más acuden los ciudadanos, y que nos ayudarían a entender dónde se ubica la mayor insatisfacción y desafección de la gente con la justicia. Este es el gran desafío y el verdadero proyecto urgente, desatendido históricamente”.

En la Mesa Uno del encuentro, Integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), consideró que en ese proceso es importante identificar ciertos principios que deben garantizarse. Entre otros, propuso que los integrantes sean expertos en derecho y que se trate de personas honorables, autónomas y, sobre todo, independientes de intereses políticos y económicos, y también de los poderes ilegales o ilegítimos; asimismo, la pluralidad y la diversidad sociales deben reflejarse en la composición de una corte constitucional, es decir, tiene que haber apertura a la diversidad de voces y visiones.

Eugenia Paola Carmona Díaz de León, profesora de la Facultad de Derecho (FD), indicó que la integración de la SCJN y, en general, el modelo propuesto en la iniciativa de reforma constitucional en materia de justicia deben ser reformulados.

Sostuvo que, de aprobarse, significaría lo contrario a lo que se busca, es decir, la justicia será más parcial, lejana, sesgada y subordinada a intereses políticos. Como está planteada, no garantiza la independencia de los futuros ministros.

En la mesa moderada por Mónica González Contró, directora del IIJ, Imer Flores Mendoza, jefe de la División de Estudios de Posgrado de la FD, señaló que se debe garantizar una verdadera independencia del Poder Judicial. Empero, con la iniciativa de reforma esto no ocurre e, incluso, se compromete aún más. “Elegir al conjunto de jueces y magistrados me parece un despropósito”.

El problema no es en sí la elección, sino la selección de las candidaturas, porque el procedimiento tal y como está previsto no garantiza un perfil imparcial e independiente; podrían ser capturadas por otros poderes públicos y privados, fácticos, y quedarían sujetas a promesas de campaña, a compromisos partidistas, etcétera, aseguró.

En opinión del investigador del IIJ, Jaime Cárdenas Gracia, es inminente la aprobación de esta reforma; sin embargo, la deliberación académica debe continuar. Es extraordinario que en México se considere contar con un Poder Judicial más cercano a las mayorías y que sean los ciudadanos quienes elijan a sus representantes, “aunque hay que hacerlo bien; no se trata de lanzar un balazo al aire”, sino de reflexionar, ser sensatos para que funcione en beneficio de los derechos de las minorías, pero también de las mayorías.

Por ello planteó que, incluyendo la discusión académica al respecto, lo importante sería proponer mejoras a la iniciativa de reforma. “El tema central, además de la elección por voto ciudadano de ministros, magistrados y jueces, es el del tribunal de disciplina judicial; esa institución que se propone será determinante para garantizar la independencia e imparcialidad judicial”.

Con madurez intelectual

En el Auditorio Alfonso Caso de Ciudad Universitaria, la profesora de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, María de los Ángeles Rojano Zavalza, recalcó que el perfil profesional que se requiere para las personas juzgadoras tiene que ser eficiente y eficaz, sin intereses de partidos políticos. “Se deben elegir a las idóneas, atinentes, a las mejores”.

Esos abogados tienen que conocer la materia, las normas jurídicas, su interpretación y hacer un análisis de los casos precedentes de manera correcta y justificada. Además de contar con una madurez intelectual para la toma de decisiones. Los ministros de la Corte deben tener una carrera judicial, porque “no es posible que lleguen personas que nunca han dictado una resolución”.

Para la profesora de la FES Aragón, Gabriela Limón García, este proyecto de reforma está en construcción y todavía falta mucho por hacer. Los retos son muchos, entre ellos fortalecer los sistemas judiciales de cada una de las entidades federativas; mientras que el derecho penal también debe ser un sistema judicial integral y considerar fiscalías, policías y el sistema penitenciario.

También faltaría resolver el diseño del mecanismo de la elección popular y la creación de controles a fin de no recibir recursos públicos ni privados para las campañas de quienes deseen contender en la elección de ministros, magistrados y jueces, entre otros aspectos. “Se está creando un nuevo sistema jurídico de carácter público y con dimensión social, el corazón de la reforma es la legitimación de esos servidores públicos”.

Para Isidro Mendoza García, de la FES Aragón, la elección de los integrantes de la Suprema Corte mediante el voto popular puede introducir varios cuestionamientos, como la politización del Poder Judicial: que estén más centrados en los asuntos políticos que en los de decisiones técnico-jurídicas trascendentales para el país; o estar sometidos a la presión política en la toma de decisiones, etcétera.

No menos importantes son los altos costos que podría traer la realización de campañas, que ya se prevén desde la iniciativa de reforma, y la monopolización del procedimiento para proponer candidatos a integrar la SCJN: el Ejecutivo, el Congreso de la Unión y el pleno de ese tribunal. “Si se quiere un contacto con los diferentes sectores de la sociedad, ¿por qué seguimos centrando la facultad de proponer candidatos en el concepto clásico de los tres poderes, y no se abre a la academia y asociaciones, en las que se podrían hacer propuestas de candidatos?”, cuestionó.

A su vez Celso Escobar Salinas, profesor de la FES Acatlán, opinó que en la actualidad se presentan dos razones principales para modernizar al Estado mexicano: la transformación de la sociedad mexicana cuya naturaleza e intensidad de sus requerimientos hacia el aparato político han cambiado, “y la permanencia intolerable de rezagos surgidos de factores ancestrales que se han agravado en los últimos tiempos, como ocurre con el tema de la impartición de justicia”.

Pero, alertó, es necesario ser prudentes, puesto que si el Poder Judicial queda supeditado al Ejecutivo, como ocurrió en épocas pasadas, “estaríamos ante un sistema autoritario que violentaría los derechos humanos y los principios esenciales de la democracia, como lo demuestran experiencias de Estados contemporáneos de América Latina como Chile, Venezuela y Bolivia”.

Por último, Elisa Speckman Guerra, directora del Instituto de Investigaciones Históricas, sostuvo que se debe tener en cuenta la historia para el diseño de políticas y reformas legislativas.

Las preocupaciones constitucionales y legislativas dependen de momentos previos, como fue la reacción de la Revolución al Porfiriato. En este caso, por ejemplo, la cuestión del voto como vía de designación desapareció durante el siglo XX, en tanto que la SCJN cuenta con ministras desde hace no más de 50 años, por lo que la exigencia de género es muy actual, concluyó.