Se debate uso del Ejército para implementar plan de deportaciones

La amenaza de deportaciones de personas indocumentadas en Estados Unidos de América (EUA) se concretará, aunque no se sabe si total o parcialmente, porque Donald Trump ganó la elección presidencial, en parte, con ese discurso agresivo e insistente, y algo tiene que hacer para demostrar a los electores que votaron por él que les cumplirá, aseguró Raúl Guillermo Benítez Manaut.

El académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM señaló que en la Unión Americana se debate el uso del Ejército para implementar el plan de deportaciones masivas, luego de estudios cuantitativos.

El número de policías locales que tienen los condados, sobre todo los ubicados cerca de la línea fronteriza, y ciudades importantes como Phoenix, Tucson, San Antonio, El Paso, San Diego o Calexico, no es suficiente para poner en marcha operativos de captura; lo mismo sucede con las policías estatales. Y a nivel federal, el US Immigration and Customs Enforcement tampoco tiene funcionarios suficientes.

El universitario explicó que, por ello, se habla de usar al Ejército para esa tarea, lo cual sería legal si el próximo mandatario estadunidense emite una Orden Ejecutiva (sin necesitar la autorización del Congreso, incluso con el apoyo de la mayoría de la Cámara de Representantes y del Senado), aunque iría en contra de la costumbre de no emplear a los militares para algún tipo de situación de seguridad interna.

Ante las circunstancias, Trump plantea declarar una emergencia nacional y utilizar a una institución profesional que tiene bastante experiencia en combate fuera de su territorio, pero no dentro, y que sólo ha auxiliado a la población en momentos de desastres causados por fenómenos naturales, como el huracán Katrina en Nueva Orleans, en 2005.

Sólo con una acción masiva militar podrían efectuarse redadas; se habla de ir a los centros de trabajo a buscar a personas inmigrantes, por ejemplo, obras de construcción o el campo. En Texas y California la mayoría de la mano de obra indocumentada en los sitios agrícolas es de origen mexicano y centroamericano.

La construcción de casas y edificios también concentra a los trabajadores en lugares específicos, por lo que sería más fácil detectarlos, lo mismo que a los que se dedican al servicio de limpieza en hoteles. Se habla de que, en algunos estados como California, en determinadas actividades económicas hasta un tercio de esos empleados no tiene papeles. Quienes trabajan sin documentos en Estados Unidos pueden llegar a ser unos 15 millones de personas, alrededor de la mitad son mexicanas.

En contraste, opinó Benítez Manaut, un grupo difícil de capturar son las mujeres que trabajan a nivel individual en el servicio doméstico; ir casa por casa sería muy difícil y costoso, una persecución casi personal, por lo que quedaría descartada, pues la gente se molestaría.

El investigador recordó que mientras el inmigrante llega más al norte de Estados Unidos, se complica la detención, porque se dispersan. En el desierto, en cambio, el Ejército podría emplear helicópteros para perseguirlos.

¿Cuánto costaría?

Todo eso le podría costar a Estados Unidos 80 mil millones de dólares en total, más de lo que mexicanas y mexicanos en el vecino país del norte mandan a nuestro país por concepto de remesas, que es de aproximadamente 60 mil millones de dólares cada año. Y en caso de una deportación masiva de connacionales, podría bajar significativamente ese monto a 40 mil millones o 30 mil millones.

Benítez Manaut recalcó que el costo de las deportaciones para personas de Guatemala, El Salvador, Venezuela, Nigeria o China, por ejemplo, sería mucho más elevado porque se deben trasladar en avión.

Si el gobierno de Trump pretende regresar por México a ciudadanos de otros países, intentarán pasar a territorio estadunidense por otras rutas, o se quedarán en las ciudades fronterizas donde saturarán las casas de apoyo a migrantes y los refugios humanitarios a cargo de organizaciones sociales y religiosas, expuso.

Además, puntualizó, hay naciones que no aceptan el retorno de migrantes. Por ejemplo, Cuba, Venezuela o Nicaragua los consideran desertores; razón por la cual se deben establecer negociaciones con gobiernos que, además, no tienen buenas relaciones con Estados Unidos. Los que regresan a países que atraviesan por graves crisis económicas, como Cuba o Venezuela, se vuelven una carga financiera muy difícil de resolver para sus propios gobiernos.

Con las deportaciones masivas, advirtió Benítez, se producirá inflación en el vecino país del norte, porque no es lo mismo pagar 16 dólares la hora a una trabajadora doméstica o a un jardinero con documentos, que ocho dólares cuando se trata de una persona sin ellos. “Los precios de los productos agrícolas, de las casas, de los cuartos de hotel, se elevarán; o bien, habrá escasez de mano de obra en muchas áreas”.

En tanto, la relación bilateral será difícil y problemática si Estados Unidos pretende sacar de su territorio, además de mexicanos, a hondureños, salvadoreños, nigerianos, haitianos o venezolanos. El impacto para sitios como Ciudad Juárez o Tijuana será considerable; el gobierno de México tendrá que discutirlo y de alguna manera negociar.