Seguridad, justicia y respeto a derechos, bases de la paz: Graue

Al inaugurar la Segunda Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia: hacia una Política de Estado Centrada en los Derechos Humanos, el rector Enrique Graue Wiechers señaló que infortunadamente el Estado está en deuda con los ciudadanos “que añoramos la seguridad y el respeto pleno a nuestros derechos”.

Muestra de ello, agregó, son las 150 mil vidas que ha cobrado la llamada guerra contra el narcotráfico o los datos que colocaron al 2017 como el año más violento en nuestra historia reciente.

“Según el último reporte de Human Rights Watch, en nuestro país hay desapariciones forzadas, ejecuciones, abusos de las fuerzas armadas, prácticas sistemáticas de tortura y tortura sexual, amedrentación y muerte de periodistas y, por supuesto, las distintas facetas de la lacerante violencia de género.”

Además, prosiguió, un reporte reciente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, del Programa de Derechos Humanos de la Universidad de Minnesota y del Centro Latinoamericano de la Universidad de Oxford señala que en México hay más de 31 mil personas desaparecidas o extraviadas y en 47 por ciento de estos casos agentes del Estado –sea en el ámbito municipal, estatal o federal– estuvieron involucrados. Por si fuera poco, subrayó, 91 por ciento de estas víctimas eran ajenas a actividades ilícitas.

“México exige justicia ante la impunidad, así como un sistema judicial en el que los ciudadanos estén exentos del riesgo de ser privados de su libertad, amedrentados o violentados por las mismas instituciones responsables de procurar su seguridad y bienestar”, demandó.

En el patio principal de la Antigua Escuela de Jurisprudencia, Graue Wiechers resaltó la pertinencia de esta Segunda Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia, en la que participarán expertos nacionales e internacionales que analizarán colectivamente cómo garantizar el bienestar de la sociedad y la implementación de la ley.

A su vez, Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, expuso que el país ha destinado, desde 1996, más de mil millones de pesos en seguridad y los resultados están lejos de ser aceptables. Ejemplo de lo anterior es que México acaba de vivir el año más violento de las últimas décadas y los índices de criminalidad van en aumento.

La Encuesta Nacional de Seguridad de Percepción y Victimización sobre la Seguridad Pública del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, refirió, indica que entre 2015 y 2016 la cifra de víctimas del delito en la nación creció en 900 mil, al pasar de 23.3 millones a 24.2 millones. En 2016 se cometieron más de 31 millones de delitos y 90 por ciento no fue denunciado, pues 60 por ciento de quienes no lo hicieron lo atribuyeron a problemas de autoridad o desconfianza de la misma.

En tanto, Mónica González Contró, abogada general de la UNAM, apuntó que la conferencia busca hacer propuestas para una política de Estado de seguridad centrada en los derechos humanos, mismas que serán entregadas a los candidatos a la Presidencia de la República, así como a los de otros cargos de elección popular. A siete años de la primera, dijo, la situación es grave: hay poca confianza, el tejido social se ha resquebrajado y la respuesta de las autoridades es de mano dura. La militarización ha sido una falsa salida y ha implicado violaciones a los derechos humanos.

“El estado de derecho es la única vía para alcanzar la anhelada paz en nuestra patria, es el camino para recuperar la confianza en las autoridades y restituir el tejido social que ha resultado dañado a consecuencia de la inseguridad”, concluyó.

En la inauguración estuvieron también Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho.