Justicia local

La justicia local es punto clave para una eventual reforma del Poder Judicial, pero poco se aborda en la iniciativa presentada por el Ejecutivo en febrero pasado. Se requiere mayor número de jueces, a fin de acelerar la impartición de justicia y mantener su independencia de modo que respondan de manera efectiva a las necesidades de la sociedad, coincidieron académicos de la UNAM.

Durante la Mesa Cinco, titulada Justicia local, de los Foros Reforma Constitucional en Materia de Justicia, Esteban Barrón Gutiérrez, académico de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, afirmó que la iniciativa es incompleta, pues se enfoca más al ámbito federal que a la justicia local y hay asimetrías entre ambos sistemas.

Los tribunales locales atienden el 85 % de los asuntos judiciales –divorcios, controversias en materia familiar, arrendamientos, juicios mercantiles, entre otros–, mientras los federales, 15 %; los segundos ejercieron en 2022, 77,000 millones de pesos, y los locales apenas el 50 %.

Por ello se pronunció por dotar de más recursos financieros, humanos y tecnológicos a los tribunales locales y establecer un sistema meritocrático para su desarrollo. Asimismo, mencionó que la elección de jueces y magistrados por voto popular no es viable. “Su legitimación no deviene de su elección, sino de la calidad de sus sentencias”.

En el Centro de Estudios Municipales y Metropolitanos de la FES Acatlán, César Iván Astudillo Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, alertó que la propuesta de reforma sugiere hacer del Poder Judicial un nuevo órgano representativo, lo que cambia uno de los principios fundamentales de la representación política de México, pues desde hace 200 años se determinó en la Constitución que la división de poderes tendría dos órganos representativos (Ejecutivo y Legislativo) y uno de control (Judicial).

Astudillo Reyes opinó: “Vamos a ver un cambio profundo en las dinámicas procesales y en cómo funciona la justicia de forma integral. De darse, traerá una afectación profunda a los principios sobre el sistema de división de poderes en el país, al tener tres órganos representativos”.

El académico de la Facultad de Derecho (FD), Carlos Javier Verduzco Reina, indicó que la justicia local es el punto clave de la reforma del Poder Judicial. Es a ésta y eventualmente al trabajo de las fiscalías a las que se liga la percepción de la impartición de justicia, no a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La gente identifica el rezago al desaseo de los jueces, y la falta de sentencias oportunas como sinónimo de corrupción, lo que podría cambiar si se incrementa el personal en el sistema judicial local.

Asimismo, subrayó que es falsa la premisa respecto a que los juzgadores deben servir al pueblo, pues su tarea es preservar el imperio de la ley o de la Constitución, y así sirven a la sociedad “como un contrapeso a los excesos de otros poderes y un vigilante permanente del Estado de derecho”.

El profesor de la FD, Hugo Carrasco Iriarte, aseveró que la justicia y la política nunca deben ir de la mano. Aun cuando la iniciativa de reformas al Poder Judicial federal se apruebe, se encontrará con un “dique” en el tema de justicia local.

Lo anterior, debido a que la propuesta señala que las personas que integran los congresos locales serán quienes, de acuerdo con las constituciones y leyes orgánicas de las entidades, establecerán las condiciones para la elección de voto directo y secreto de jueces; rememoró que en diversos congresos locales las fuerzas políticas que apoyan dicha iniciativa no tienen mayoría.

Con él coincidió Daniel Barceló Rojas, investigador del IIJ, quien acotó que la lentitud en los procesos judiciales locales no se solucionará con elecciones directas de los jueces, sino con el fortalecimiento del servicio civil de carrera. Aseveró que los magistrados y el personal en los tribunales locales es insuficiente para resolver la cantidad de casos que se le presentan. Por ejemplo, en el estado de Tabasco, donde hay 49 jueces, se abrieron 35,289 procesos el año pasado.

Propuso analizar la adopción de un sistema de incorporación de jueces practicado en algunos estados de la Unión Americana, en los que hay una comisión no partidista, integrada por miembros de la sociedad civil, que mediante un examen público de oposición a los aspirantes determinan la idoneidad de candidatos. Los resultados se hacen públicos y en orden de mayor a menor mérito, y el gobernador y los diputados ratifican al primer lugar de la lista. En caso de cambiar el orden, deben justificar su decisión.

Estos jueces sirven por dos años y luego se presentan a una votación popular para evaluar su desempeño, sin intervención de partidos políticos, y se mantienen en sus funciones por nueve años.

En la mesa moderada por Mayra Janett Mérida Monter, coordinadora del posgrado de Derecho de la FES Acatlán, Claudia Ivonne Peñafiel Guzmán, profesora de la FES Aragón, expresó: “Actualmente los poderes judiciales de los estados determinan, bajo las reglas contenidas en sus constituciones, quién es el magistrado presidente del Supremo Tribunal, lo que genera que ciertos grupos de poder coopten el proceso y elijan a personas que preservan vicios”.

Por lo anterior, planteó que la posibilidad de que los ciudadanos elijan, de manera directa a los jueces, es una ventana para su fortalecimiento.

Al reflexionar sobre la eficacia actual del sistema judicial local, David Ulises Guzmán Palma, profesor de la FES Acatlán, sugirió que la reforma debe ser de carácter sistémico, pues es de todos sabido que los impartidores de justicia resuelven sobre los datos de prueba que les aportan los fiscales, pero en el sistema actual existen más causas para declarar improcedente un juicio, que hipótesis que permitan validarlo.

Puntualizó que un mecanismo para legitimar las sentencias es a través de socializarlas, pues al transparentarlas el juez debe referir su criterio públicamente.

En su momento, Juan Antonio Cruz Parcero, director del Instituto de Investigaciones Filosóficas, manifestó que hay problemas en el Poder Judicial, y si bien se requieren cambios, la propuesta plantea un atajo que no tiene ninguna evidencia de que será exitosa.

“Quizá ha faltado seriedad para enfrentar reformas que aborden los temas fiscales, pero la elección democrática de todos los jueces no va a resolver nada; el resultado será tener miles de jueces que se seguirán enfrentando a todos los problemas que se quieren resolver hoy (poco financiamiento, corrupción, intromisión de grupos de poder, etcétera)”.