Hacer memoria es un ciclo largo, que todavía no se ha cerrado, porque siguen prevaleciendo en Chile todos los estragos autoritarios, en general, por la Constitución de 1980 y la imposibilidad de modificarla, afirma Teresa Castro, investigadora del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
En este tiempo se han tenido distintas formas de ir apreciando las consecuencias de la dictadura militar en Chile, añade en entrevista. “Y una de ésas es la consolidación de un modelo autoritario, del modelo neoliberal privatizador, la modificación mental de la sociedad chilena, porque al final lo que hubo fue un estado de terror y la incapacidad de recuperar la historia”.
La memoria
Castro señala que “estamos viviendo un momento de amnesia histórica. Los medios de comunicación, el mismo modelo neoliberal han formado nuevas generaciones que cortan con su historia, están volviendo al pasado”. En Brasil está el ejemplo de los jóvenes que apoyaron a Jair Bolsonaro en los intentos de reivindicar la dictadura militar; “estamos viéndolo en Argentina” con su candidato Javier Milei, “y sobre todo, su candidata a vicepresidenta (Victoria Villarruel), quien dice que las madres de la Plaza de Mayo son las abuelitas de los terroristas”.
El exilio generó toda una manera, un encuentro, una necesidad de analizar lo que había pasado, acota Teresa Castro. “¿Qué había llevado a la derrota de un proyecto popular cuando se pensaba que Chile era inmune a un golpe? Para la sociedad chilena, y para los latinoamericanos en general, es muy importante saber qué pasó para no repetir esta situación”.
El hecho de que la dictadura de Pinochet fuera tan larga, precisa, propició que “los jóvenes sólo buscaran su propio desarrollo individual, que olvidaran el pasado”.
El que juzgó a Pinochet
Juan Guzmán Tapia fue el primer juez chileno que procesó a Augusto Pinochet por violaciones a los derechos humanos. Según el diario El País “corrió los cercos del Poder Judicial de su nación (Chile) cuando, en democracia, el dictador ejercía de senador vitalicio en el Parlamento. Primero logró un histórico desafuero en 2000 en el marco de la investigación de la Caravana de la Muerte, la comitiva de militares que tras el Golpe de Estado de 1973 recorrió el país en helicóptero Puma y terminó con la vida de decenas de personas en diferentes ciudades de Chile, la mayoría prisioneros que esperaban ser sometidos a Consejos de Guerra ilegítimos” (https://elpais.com/internacional/2021-01-23/muere-juan-guzman-el-primer-juez-chileno-en-procesar-a-augusto-pinochet.html)
Guzmán Tapia escribió en su libro En el borde del mundo. Memorias del juez que procesó a Pinochet: “A los 12 hombres se les había dado un apodo sarcástico: la caravana del buen humor. Nada tenían, sin embargo, de payasos en gira. Los 12 soldados efectuaron un periplo que les llevó, a bordo de un helicóptero del ejército, de sur a norte de Chile. En el curso de esa gira demente no provocaban risas, sino gritos de espanto. De Curicó a Valdivia y de La Serena a Antofagasta, esta docena del buen humor dejó a su paso por lo menos 75 cadáveres. Los chilenos les dieron entonces un apodo más realista, el que figura en las carpetas de los expedientes: la Caravana de la Muerte”.
“Al empezar mi investigación, como la mayoría de los chilenos, desconocía casi todo acerca de la Caravana de la Muerte”, detalló Guzmán y añade:
“Me sentía en deuda, como representante de la justicia chilena, ante esas familias deshechas que hacía tanto tiempo que esperaban saber cómo habían muerto sus parientes. ‘Sólo pude ver a mi hijo ya en el ataúd, a través del vidrio’, atestiguó Alicia Orrego, la madre de Eugenio Ruiz Tagle, una de las víctimas de Antofagasta. ‘De las torturas que sufrió en su cuerpo, no puedo dar testimonio directo. No lo vi, pero el abogado y el empleado de la funeraria lloraban al contármelo.”
El homicidio del reconocido cantautor Víctor Jara se ha convertido con el paso del tiempo en uno de los más emblemáticos para aquellos que buscan justicia en Chile por los crímenes cometidos durante la dictadura. El ícono de la música chilena fue detenido y asesinado en septiembre de 1973, durante los días que siguieron al Golpe de Estado comandado por Augusto Pinochet.
El pasado lunes 28 de agosto la Corte Suprema de dicho país ratificó la condena de siete miembros del Ejército en retiro por los delitos perpetrados en 1973, entre los que se incluyen los relacionados con el músico.
La sentencia ratificó la decisión previa de la Corte de Apelaciones de Santiago, que condenó a los militares Raúl Jofré González, Edwin Dimter Bianchi, Nelson Haase Mazzei, Ernesto Bethke Wulf, Juan Jara Quintana y Hernán Chacón Soto a penas de 15 años y un día de presidio como autores de los homicidios, y a 10 años y un día de presidio como autores de los secuestros calificados.
Por su parte, Rolando Melo Silva, en tanto, ha sido condenado a cumplir cinco años y un día de presidio por encubrimiento de los homicidios y tres años y un día de presidio por encubrimiento de los secuestros.
A la mañana siguiente de la noticia, Chacón Soto –quien en su grado de mayor del Ejército participó “directamente en el desarrollo de los interrogatorios (que realizaban en los camarines del estadio), así como en el proceso previo de clasificación de los detenidos”, como explica la sentencia–, se suicidó y su cuerpo fue encontrado por la Policía de Investigaciones cuando ésta se presentó para hacerlo cumplir su condena.
Testigos afirmaron durante su juicio que el militar cumplió un papel en la selección de detenidos y, como indica la sentencia, “resultaron no creíbles ni verosímiles sus dichos en cuanto sostuvo sólo haber custodiado el perímetro externo del recinto, funciones que no se condicen con su alto grado ni con los diversos elementos de convicción reunidos”.
Además, se señaló, que durante la época del crimen Chacón portaba una pistola STEYR calibre 9 milímetros, que coincide con la descripción técnica de las lesiones que le causaron la muerte a Jara.